Segunda y última parte del artículo que publicamos ayer bajo el título “Un premio constitucional”:
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la elevada encomienda de salvaguardar el respeto a la Constitución, sin que le sea permitido el examen de la constitucionalidad de las leyes electorales.
Por lo anterior, se debe reiterar la obligatoriedad en todos sus términos de las jurisprudencias de este Alto Tribunal para la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, las que deberán en el futuro abstenerse de efectuar pronunciamiento alguno sobre la inconstitucionalidad de leyes, aun cuando se pretenda realizarlo so pretexto de buscar su inaplicación; así como de incurrir nuevamente en inobservancia a la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se sigue igualmente de lo anterior, que las tesis que se han sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o que llegaran a sustentarse sobre inconstitucionalidad de leyes electorales, no pueden ser consideradas como jurisprudencias y, por ello, no existe obligación alguna de acatarlas”.
De suerte que, con independencia de que el artículo 54 constitucional, haga referencia a “partido” y no a “coaliciones” (lo que es lógico, porque éstas no fueron creadas constitucionalmente, sino por una ley secundaria), en realidad no impide que la interpretación que se le dé se ajuste completamente a esta determinación de observancia obligatoria, lo que implica que ese superávit del 8% constitucional, sólo se aplique en favor de la “coalición” formada por Morena, el PT y el PVEM, y no para cada uno de estos partidos, como vorazmente lo pretenden.
Explicado lo anterior, no se rompan la cabeza poniéndose tan creativos e intelectuales; ya todo está dicho y enfocado a que no exista una sobrerrepresentación abusiva y lesiva a la pluralidad democrática del país.— Zapopan, Jalisco.
Magistrada de Circuito