El miércoles pasado se celebró una reunión de alto nivel entre el gobernador electo y la máxima representación del empresariado yucateco.
En ese encuentro se habló de los proyectos estratégicos del gobierno entrante, y el de San Felipe “refrendó su compromiso de mantener un diálogo permanente con el sector empresarial, en beneficio de nuestro Estado”.
Buena señal… ¿buena señal? Si nos fijamos en las condiciones prevalecientes en el país en la semana que termina, los voladores y vítores por esa reunión se comienzan a apagar.
El domingo pasado, el periódico financiero “The Wall Street Journal” publicó un artículo sobre lo que vendría para México en septiembre. Una posibilidad que, dada la resolución que tomó ayer el INE de otorgar una supermayoría a la 4T en la Cámara de Diputados, desestimando diez millones de votos de la oposición, se convierte en una altísima probabilidad, prácticamente un hecho.
Firmado por Mary Anastacia O’Grady, la pieza periodística señala que, de lograr la sobrerrepresentación de la 4T en la Cámara de Diputados (ya la lograron), y considerando que sería fácil para ese grupo negociar unos cuantos votos en el Senado, México regresaría al partido de estado. Concretamente, dice el artículo, a los días más represivos de los 71 años del PRI. Y las cosas pueden ponerse muy feas tomando en cuenta el poder de los carteles mexicanos, remata.
Entre las reformas constitucionales más perniciosas propuestas, dice “The Wall Street Journal”, está la del Poder Judicial.
Segunda alerta. Anteayer, otro periódico financiero, el más influyente del mundo en su ramo, el londinense “Financial Times”, publicó que el izquierdista presidente mexicano está impulsando una completa reforma del sistema de justicia en sus últimas semanas de mandato, reemplazando a los jueces federales, lo que incluye a los magistrados de la Suprema Corte. Un movimiento que amenaza la independencia judicial.
Tercera alerta. El embajador de Estados Unidos Ken Salazar dijo anteayer que la reforma judicial “amenaza” la relación comercial entre ambos países y podría beneficiar a los cárteles del narcotráfico.
Es de destacar que el diplomático no lo dijo en entrevista banquetera o en respuesta a una pregunta al paso: llamó a rueda de prensa para hablar expresamente del tema. Tan relevante es para su país.
Indicó que “el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido”.
Y agrega que “la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”.
Cuarta alerta. Un día antes, el banco estadunidense Bank of America también advirtió que la reforma Judicial representa un “muy alto riesgo” para el sector corporativo en México.
Quinta alerta. Anteayer, Graeme C. Clark, embajador de Canadá en México, expresó las preocupaciones de inversionistas canadienses ante la reforma al Poder Judicial.
Frente a tantas y tan serias advertencias, las respuestas de AMLO fueron las pueblerinas de siempre: calificó de “politiquería” tan relevantes señalamientos que, dicho sea de paso, no ponen en entredicho su gobierno ni maculan la soberanía nacional, como sus jilgueros a sueldo se han apurado a vociferar. Son las voces de unos socios que, como tales, exponen sus inquietudes sobre las acciones de otro miembro de la sociedad que han conformado. Una acción por demás común en cada sociedad que se crea.
Como siempre, sus voceros, apresurados por distraer la atención de los efectos perniciosos que esas decisiones tendrán en toda la población, incluidos quienes votaron por ellos, se visten de víctimas y, juanes escutias, se envuelven en la bandera de la defensa de la patria.
En medio de este contexto de imposición de voluntades lopezobradoristas por encima de toda advertencia seria sobre sus impactos en la economía, ¿qué lectura dar al encuentro entre el gobernador electo y la cúpula empresarial?
¿Qué seguridades a sus inversiones puede ofrecerles el futuro ocupante del palacio de la 61, cuando los que impondrán su voluntad en nuestro estado ignoran los llamados a las afectaciones que pueden sufrir las inversiones? ¿Qué le habrán presentado, qué les habrá ofrecido? ¿Qué podrá cumplir?
¿Cuán seguros pueden sentirse los empresarios locales de que el representante de la 4T impulsará un clima favorable para las inversiones, si en el centro del país el líder moral y conductor de la carreta morenista pugna por lo contrario?
¿Qué seguridades para las inversiones pueden tener los empresarios donde no se respeta la división de poderes y se eliminan de un plumazo los contrapesos, dejando así la mesa puesta para cualquier decisión arbitraria del gobierno? ¿Qué garantías tienen los empresarios de que las decisiones arbitrarias no apuntarán a ellos, los malos de la película en el discurso electorero de la 4T?
Para un gobierno sin trabas, será pepita y cacahuate expropiar y nacionalizar cualquier inversión que hayan hecho los empresarios. Ya lo vimos en 1982 con otro López.
Ese es el contexto en que ocurrió la reunión del miércoles pasado en las oficinas del gobernador electo. No deja de llamar la atención que en las redes sociales del de San Felipe se informó del encuentro apenas ayer, a dos días de ocurrido, justo después de que el INE avaló la supermayoría de la 4T en la Cámara de Diputados. ¿Acaso no querían que lo vieran en el centro del país para no hacer olas antes de tener amarrada la sobrerrepresentación? ¿Acaso no quierían disgustar a alguien, en este espinoso contexto político-empresarial?
O tal vez querían evitar que se pensara que alguien de la 4T está durmiendo con el enemigo.— Mérida, Yucatán.
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@olegariomoguel
Director de Medios Tradicionales de Grupo Megamedia