Un juez natural es una persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar; su actividad más importante, impartir justicia. Su tarea no es legislativa, sino jurisdiccional; aplica la ley, no la juzga.
Su cometido, dictado de sentencias con apego al juicio constitucional por excelencia, el amparo. Debe discernir entre legalidad y justicia; reconocer la diferencia entre promover justicia o impartirla. A la sentencia final no llega por casualidad, sino estudiando, consultando, discerniendo, sintiendo.
Ante la prepotencia de la fuerzas sociales y arbitrariedades del poder, con justas resoluciones el juez debe salvaguardar la dignidad del gobernado; se le considera garante del régimen democrático.
El juez juzga la aplicación de las leyes dictadas por el Congreso de la Unión o por las legislaturas de los estados. No es su papel pronunciarse sobre la conveniencia o la justicia de las mismas normas generales; ni siquiera tiene derecho de presentar iniciativas de leyes. No es fácil su posición jurídica ante la ley injusta.
Aplicar la ley, la norma jurídica, es la potestad del juez; no cambiarla, ni modificarla, ni negarse a aplicarla. De allí la grave importancia que el juez sea enterizo, coherente y justo. Un juez natural no se improvisa ni puede crearse por la votación de una mayoría de gente. La formación de un auténtico juez es resultado de un largo y arduo proceso.
¿Qué papel desempeña un juez natural cuando, al juzgar un caso, descubre la existencia de graves irregularidades en la integración del expediente? O, cuando conociendo de antemano la existencia de un conflicto de intereses, ¿qué conducta debe seguir si, en su convicción más íntima, llega a la conclusión que la sentencia es totalmente injusta?
¿Cómo puede proteger a la persona frente al peligro de ver menoscabada su libertad, ante la prepotencia de otros jueces y las potenciales arbitrariedades del poder?
No es infrecuente observar que el estricto apego a la legalidad de plena validez jurídica a los atentados contra la persona humana, con tal de revestirlos con el ropaje formal de la ley. Un buen juez constituye la esperanza de una persona acusada injustamente pero confiada en la preparación y moralidad del propio juez.
Tenemos en México un mal presidente de la República, un funcionario inepto. En lo largo del sexenio se ha confirmado su activismo rampante sin espíritu y su tendencia a controlar todo en todas partes: ha amalgamado a las personas en rito hierático pseudoreligioso, como de su propiedad sectaria. No es un presidente republicano; su autoridad es inmadura e irracional.
Un ejecutivo fuerte no es antidemocrátio, ni agresivo; sus actos están enmarcados en nuestra ley fundamental, la Constitución. Infortunadamente los gregarios corifeos de ambas cámaras legislativas en México son sumisos al Ejecutivo quien pretende, a como de lugar, apoderarse del Poder Judicial Federal.
¡El presidente de la República no debe injerirse absolutamente en materia de administración de justicia! La Constitución no indica al Ejecutivo qué criterios de selección debe seguir para la propuesta, ni qué procedimientos debe utilizar.
Nombrar ministros por voto público —o por las manipuladas consultas ciudadanas— representa un acto intolerable de tiranía. Significa darle al Ejecutivo federal la oportunidad de ser dueño del Poder Judicial.
El juez natural debe poseer honradez intelectual, competencia, efectividad y autonomía. “Un pueblo que no goza de la paz que genera la confianza en la justicia está propenso a precipitarse en la abyección” (Burgoa).— Mérida, Yucatán.
manuel.gracian@icloud.com
Cardiólogo