Cambiar todo para que nada cambie —Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Nuevos gobiernos llegan y otros gobiernos van y da para algunos la impresión de que vivimos un gatopardismo, es decir las cosas cambian para que siga lo mismo.
Estrenamos gabinetes políticos y podemos cuestionar cualidades técnicas o merecimientos partidistas o sociales de los nombramientos, pero también hay que atender después el funcionamiento de la maquinaria de nuestros gobiernos.
En los años 70 los niños, jóvenes y adultos escuchábamos sustantivos utilizados para nombrar “modas” negativas que eran importantes ingredientes de la política como la corrupción, el favoritismo, el nepotismo, conflictos de intereses y más, que la ciudadanía pedía que se eliminaran y luchaba por su extinción.
Muchos años han pasado y mucho se ha intentado, pero en resumen es poco lo que se ha logrado porque los políticos viven “dándole la vuelta” a las leyes buscando lagunas o recovecos para ello, como ocurre en el caso de los “chapulines”, que se ha transformado actualmente de ser originalmente algo muy riesgoso para una carrera política y aparentemente inmoral a que actualmente resulte un buen negocio para el que se transforma en dicho insecto, pues los ejemplos abundan hasta el grado de que urge una legislación al respecto.
Se han elaborado modificaciones a leyes y reglamentos y se han creado instituciones para combatir esas “modas” negativas y el caso es que han persistido ergo existen de hecho y, por tanto, siguen ocurriendo ese tipo de situaciones negativas.
Un ejemplo que valdría la pena virar a ver es el de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) que combate los monopolios, y éstos siguen existiendo de facto como el caso de las poderosas cementeras, en el controvertido y discutido “control” de precios que con su poderío económico hasta han logrado tener una cámara empresarial para poder ser contempladas en un marco jurídico legal.
Otro triste ejemplo es el servicio profesional de carrera, que es una política pública que busca la excelencia en el servidor público a través de su profesionalización mediante unas condiciones básicas y lógicas que son: el mérito, la igualdad de oportunidades, la legalidad, la imparcialidad, la vocación de servicio, la objetividad, la eficiencia y la lealtad institucional.
En la praxis lo anterior es letra muerta pues sería bueno saber si alguna dependencia, secretaría u otro órgano de gobierno (en sus tres niveles) lo cumple a cabalidad; a todas luces todo servidor que cumpla al pie de la letra los requisitos anteriores puede ser rebasado “por la derecha” por otros personajes “recomendados” inclusive impresentables que, siendo gente que muchas veces ni cumplen siquiera con el perfil profesional del área de que se trate, acaban logrando el cargo.
Lo mismo ocurre dentro de los propios partidos políticos, donde el escalafón se zarandea al arbitrio de intereses sectarios.
Pero seguimos así y nuestros legisladores tienen asuntos “más importantes” y urgentes por debatir que estos, que algunos casos tienen casi un siglo de existir.
Regresando con las “modas” en política, en la actualidad los políticos de las entidades federativas y municipales buscan darles legitimidad a sus actos de gobierno.
Por tener legitimidad podemos entender, hablando de estos temas de interés público y a grandes rasgos, que es como la llave para que el pueblo acate las disposiciones elaboradas de manera legal. Es decir, no rehusarse a aceptarla.
Pero muchas veces la legitimidad se logra de manera ficticia, simulando consultas y consensos, aunque al final se haga lo originalmente planeado.
Lo mismo ocurre cuando los gobernantes toman decisiones para importantes actos de su administración y buscando darle forma a la legitimidad se ha puesto de moda crear consejos ciudadanos por todas partes. En la mayoría de los casos les dan voz a los colectivos sí, pero no les hacen el menor caso haciendo veces de paleros y hasta cómplices de actos gubernamentales. Si un consejo ciudadano no va a cambiar en nada la intención de un acto netamente gubernamental, no tiene razón de existir.
Existe un viejo dicho en política que reza: “El poder no se comparte”, pero en la democracia moderna esto no debe ser así, el gobernante no puede ni debe gobernar solo, necesita del apoyo o de la coadyuvancia de la ciudadanía de forma organizada y no de paleros que se erigen en auténticos cómplices al solamente dar legitimidad a los actos de gobierno.
“Apruébenlo si quieren, pues no le vamos a cambiar ni una coma”, se comenta que un político dijo en los últimos tiempos, pero parece que no es solo uno el que lo practica.
Los que son miembros de consejos ciudadanos deben estar muy enterados de los documentos que dan vida a dichos consejos para analizar si su opinión tiene alguna oportunidad de tener la fuerza para cuando menos lograr algún cambio tangible en los actos propios de dichas organizaciones ciudadanas.
En pocas palabras, revisar si alguna vez pueden cambiar o integrar algo con esencia en el contenido y los efectos de los objetivos para lo que se destina dicho consejo o solo estamparán sus firmas avalando todo lo que fue planteado originalmente antes de consultarle, es decir, al final de los hechos su opinión será totalmente estéril, por no usar el feo término de inútil.
Esperemos ya no tener gatopardismos para cambiar las cosas y que al final nada cambie y en su lugar lograr que estas “modas” pasen ya pronto y tengamos otras con mayor contenido ciudadano.— Mérida, Yucatán.
Correo: condeval1@hotmail.com
Ingeniero, valuador, maestro en Dirección de Gobierno y Políticas Públicas.