Rodrigo Llanes Salazar (*)
Enero ha sido un mes de intensa participación ciudadana en Yucatán y en México, particularmente en la formulación de propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo (y para algunos planes estatales y municipales), así como para las leyes generales en materia de derechos de pueblos indígenas y aguas.
Particularmente, para el tema del agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió hace unas semanas la convocatoria pública para foros de discusión con el tema “Transformando el régimen del agua en México. Hacia una Ley general de aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales”.
Recordemos que, tras la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2012, el cual reconoce que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, el Estado mexicano está obligado a elaborar una ley para definir “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”, estableciendo la participación no sólo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, sino también de la ciudadanía. Hasta la fecha, el Estado no ha cumplido con la elaboración de dicha ley, pero la ciudadanía sí ha participado para la elaboración de la ley.
A partir de la reforma al artículo 4, el movimiento nacional Agua para tod@s, agua para la vida, ha elaborado una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que establece las bases y modalidades para el acceso al derecho humano al agua.
Ahora, tras la convocatoria pública de la Conagua, el movimiento Agua para tod@s ha cuestionado la propuesta de dicha institución pública para “manejar el agua con dos leyes, contradictorias entre sí”, en referencia a la conservación (aunque con reformas) de la vigente Ley de Aguas Nacionales (LAN), la cual ha permitido el sobreconcesionamiento, acaparamiento y contaminación del agua de México.
Por lo tanto, Agua para tod@s ha iniciado una campaña bajo el lema “¡El agua es una sola. Una sola ley!”, con un llamado a abrogar la LAN y promulgar la Ley General de Aguas (LGA). Y es que abrogar la LAN sería coherente con el discurso del actual gobierno federal de “desterrar el paradigna neoliberal, extractivista y generador de desigualdades”. La campaña de Agua para tod@s puede verse y firmarse en: https://actionnetwork.org/letters/el-agua-es-una-una-sola-ley?link_id=1&can_id=31090fcfc87ae6e476f8594d10045a5c&source=email-el-agua-es-una-una-sola-ley-2&email_referrer=email_ 2590120 &email_subject=_el-agua -es-una-_una-sola-ley.
El Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán (CCAY) y la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán (conformada en octubre del año pasado) han participado activamente en la construcción de la Iniciativa ciudadana de LGA, incorporando elementos del contexto de la península de Yucatán. La propuesta central es el reconocimiento de la fragilidad de los sistemas y acuíferos kársticos de México en la LGA. Actualmente, la LAN no reconoce la particularidad de los acuíferos kársticos.
Formación
Los territorios kársticos se han formado debido a la presencia de rocas solubles, en donde ocurren procesos de disolución que generan diversas formas, algunas de ellas superficiales, otras subterráneas, como los cenotes, cuevas y grutas que caracterizan el paisaje de Yucatán. Como explica la doctora Yameli Aguilar Duarte, bióloga investigadora del Inifap e integrante del CCAY y de la Contraloría, el principal factor del proceso de karstificación (de disolución a través del contacto con el agua) es el dióxido de carbono presente en el agua, razón por la cual los sistemas kársticos son reconocidos como importantes zonas de sumidero de carbono.
Por su naturaleza misma, definida por suelos con poco espesor y poca capacidad de filtración de sustancias (entre ellas sustancias contaminantes), los acuíferos kársticos son extremadamente vulnerables a la contaminación. También son muy vulnerables a los colapsos, inundaciones e intrusión salina. Claramente, los acuíferos kársticos requieren una protección especial, así como las y los niños o las personas mayores requieren cuidados distintos a los de una persona adulta. Hasta ahora, el acuífero kárstico de Yucatán recibe el mismo trato que cualquier otro acuífero, por lo que se realizan actividades económicas incompatibles con este territorio.
Como propone el CCAY y la Contraloría, reconocer la fragilidad de los sistemas y acuíferos kársticos de México en la LGA conduciría a un manejo diferenciado de dichos sistemas, por medio de la elaboración de reglamentos y programas de manejo particulares.
Así, como ha expuesto Cuahtémoc Jacobo, integrante del CCAY y la Contraloría, la LGA debe establecer que en los acuíferos kársticos estén prohibidas: la disposición directa de residuos peligrosos y de manejo especial, así como de químicos y/o sustancias que pongan en riesgo la salud humana y de los ecosistemas; la modificación de la geomorfología de cuevas, cavernas, grutas y cenotes; el depósito o inyección de aguas residuales; la inyección de aguas tratadas; la realización de obras o actividades que expongan el nivel frático, así como de actividades industriales que pongan en riesgo la salud humana, la calidad del agua y los ecosistemas.
Organismos
Cabe destacar que estas propuestas se encuentran en sintonía con las realizadas por organismos internacionales de derechos humanos, como la Relatoría especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas. En un informe publicado el año pasado, Pedro Arrojo, actual Relator, ha recomendado ilegalizar las macrogranjas ganaderas, “ya que son insostenibles desde el punto de vista ambiental”, y regular las explotaciones intensivas de menor tamaño “para garantizar un uso controlado y sostenible de los purines, con el fin de evitar la contaminación de las masas de agua” (“El nexo entre el agua y los alimentos: una perspectiva de derechos humanos”, 2024, A/79/190).
Del mismo modo, el CCAY y la Contraloría proponen que la LGA establezca la creación de una Comisión técnica para la conservación de la geomorfología y expresiones kársticas, que defina los conceptos, términos y parámetros que deben considerarse en evaluaciones de impacto hídrico ambiental de cualquier medida que pueda generar impactos.
Esta comisión también tendría la misión de definir indicadores, criterios y límites para la evaluación de acuíferos kársticos respecto a disponibilidad y estrés hídrico, así como de definir y establecer mapas de vulnerabilidad. Actualmente, los índices y mapas de vulnerabilidad del acuífero kárstico yucateco señalan que las regiones de Anillo de Cenotes y el oriente de Yucatán son extremadamente vulnerables a la contaminación.
No obstante, en estas regiones se concentran decenas de granjas porcícolas y avícolas y las concesiones más voluminosas de agua subterránea (como el caso de la empresa agrícolla Enerall).
Sobre la elaboración de índices de vulnerabilidad del acuífero kárstico de Yucatán, recomiendo la entrevista a Yameli Aguilar publicada en el nuevo número de la revista Península: https://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/article/view/90490.
Fragilidad
Urge reconocer la fragilidad y vulnerabilidad del acuífero kárstico yucateco (y de todos los acuíferos kársticos del país) para, a partir de dicho reconocimiento, formular políticas, programas y acciones que respeten dicha vulnerabilidad. Ya hay algunos avances en la materia, como la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, de marzo de 2022. Esta NOM reconoce los “ecosistemas cársticos” y “suelos cársticos” y establece límites permisibles más estrictos para ellos a comparación de otros suelos. Una vez más, pensemos en que no podemos dar la misma dosis de medicina a una niña o un niño que a un adulto.
El reconocimiento del acuífero kárstico es la principal propuesta ciudadana desde Yucatán para la LGA, pero no es la única. En siguientes entregas abordaré otras iniciativas. Por ahora, las propuestas ciudadanas están sobre la mesa. Toca a las y los legisladores cumplir con su trabajo.—Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM