CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
“No tenemos ningún temor ni incertidumbre en manifestar que somos abogados del crimen organizado en México. ¿Defendemos a narcotraficantes? Sí. ¿Defendemos al crimen organizado? Sí”. Los “morenistas” Juan Pablo Penilla y Arturo Ramírez, defensores de “El Mayo” Zambada, no dejan lugar a dudas sobre sus vínculos con las mafias del narcotráfico.
Los polémicos personajes son identificados por Anabel Hernández y otros periodistas tras la difusión de una carta en la que “El Mayo” presiona al gobierno mexicano para que exija a EE.UU. su repatriación y se evite “un colapso” entre ambos países (bit.ly/41nyPDR). Las redes sociales comienzan a inundarse con fotografías de Penilla y Ramírez junto a influyentes morenistas.
Manipuladoras por esencia, Claudia Sheinbaum y la líder de su partido se rasgan las vestiduras. “No conozco a esos abogados; no establecemos relaciones de complicidad ni contubernios con nadie”, comenta la presidenta (bit.ly/43mv7gv). “Rechazamos cualquier vínculo; en Morena estamos comprometidos con la verdad y la transparencia”, refuta Luisa María Alcalde.
La investigación periodística las deja en evidencia de inmediato: se informa que Arturo Ramírez es militante morenista desde 2018 y que Juan Pablo Penilla es asesor de varios dirigentes del partido, entre ellos el gobernador de Tamaulipas. Ambos aparecen departiendo alegremente, en imágenes de campaña, con renombrados líderes de la denominada 4T.
Por diferentes medios y redes circula un amplio catálogo de imágenes de los “narcoabogados” en amena convivencia con Claudia Sheinbaum, Arturo Zaldívar, Mario Delgado, Delfina Gómez, Clara Brugada y Omar García Harfuch, entre otros numerosos morenistas (bit.ly/4hZWuBo). Atrapado, el régimen calla y redirige la atención hacia la polémica reforma en contra del nepotismo.
“Cinismo total. Y todavía se atreven a negar que son un ‘narcogobierno’”, explota la crítica por doquier. “Lo importante aquí es subrayar, garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos ese tipo de contubernios”, insiste la presidenta en su espectáculo mañanero, pero las evidencias le contradicen y la atropellan sin piedad. Se exhibe de nuevo la mentira.
DUDAS DISIPADAS
Si teníamos dudas sobre el avance de la narcopolítica en México, esta semana se disiparon por completo. Se confirmaron con creces los vínculos de Morena con el narcotráfico que Anabel Hernández había anticipado en mayo de 2024, al citar, al final de “La historia secreta”, a un poderoso capo de Sinaloa: ‘Con Claudia vamos a estar mejor que con López Obrador'”.
La relación entre el narcotráfico y la política ha sido un factor clave en la violencia, la corrupción y la inestabilidad en varias regiones de México. A través del financiamiento de campañas y la infiltración en gobiernos locales, los cárteles imponen su control en zonas donde las autoridades terminan colaborando con el crimen organizado a cambio de dinero o protección.
En algunas zonas, la presencia de los narcos es tan dominante que la seguridad y la política local dependen en gran medida de sus decisiones. Buscando influir en asuntos clave para proteger sus intereses y expandir sus negocios ilícitos, los cárteles llenan vacíos de poder y se convierten en seria amenaza para la democracia, el Estado de derecho y el bienestar social.
En regímenes populistas como el obradorista, la narcopolítica se aprovecha de las profundas desigualdades sociales. Para garantizarse el apoyo de la mayoría de la población, recurre a recursos ilícitos para financiar proyectos que atiendan temporalmente necesidades básicas. Se establece así una peligrosa alianza que refuerza el control y consolida el poder.
Ante el indudable avance de los “narcogobiernos” en nuestro país y el éxito del clientelismo, que mantiene embelesada a buena parte del “pueblo”, cabría preguntarse: ¿qué tipo de gobierno queremos quienes buscamos un desarrollo económico y social equilibrado y competitivo? ¿Debemos guardar silencio frente al riesgoso fortalecimiento de la narcopolítica?
CERTEZA JURÍDICA
En Yucatán, las llamadas de atención no cesan. En su primera visita a Mérida, el nuevo presidente de Coparmex pone con claridad los puntos sobre las íes: “No podemos permitir que la delincuencia, la impunidad y la falta de aplicación de la ley sean obstáculos para el desarrollo. Exigimos que las autoridades cumplan con su deber de garantizar la seguridad”.
En una exhortación a la que nos sumamos, Juan José Sierra insiste en que, sin un entorno seguro, la actividad empresarial se ve amenazada (bit.ly/41B7O1i). “Es imperativo fortalecer el Estado de derecho y garantizar la certeza jurídica para atraer inversiones y proteger a las empresas”, precisa el dirigente, quien alerta sobre las posibles consecuencias de la perversa reforma judicial.
“No puede haber desarrollo económico y progreso sin seguridad”, precisa Sierra Álvarez, en una jornada coronada por la insólita “ofrenda” de 29 narcotraficantes a Donald Trump. Es grande el terror del gobierno mexicano a los nuevos aranceles y, sobre todo, a lo que podría declarar “El Mayo” sobre el fortalecimiento de la narcopolítica durante el obradorato (bit.ly/43kIu0U).
El avance sin freno de los “narcogobiernos” en México, en particular en el Sureste, invita, sin duda, a la reflexión. La amenaza está a la vuelta de la esquina. Mucho perderíamos si sienta sus reales en Yucatán ese círculo vicioso de corrupción e impunidad que caracteriza a la narcopolítica. La infiltración de los cárteles en nuestros gobiernos no es un tema menor.
No echemos en saco roto las advertencias y recomendaciones de Anabel Hernández y Juan José Sierra. En regiones donde el poder del narco es mayor, la violencia y la intimidación se vuelven norma de convivencia, alterando el tejido social y afectando gravemente el bienestar general. Normalizar la cultura del narcotráfico sería desastroso.- Mérida, Yucatán.
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia