En una editorial anterior, hablamos sobre una paradoja inquietante en Mérida: los precios suben —especialmente los de la vivienda— mientras los sueldos se mantienen bajos.
Hoy quisiera continuar esa reflexión desde un ángulo más profundo. Porque más allá de la estadística, estamos ante un cambio silencioso, pero trascendental: en Mérida, la vivienda dejó de pensarse como un derecho y se convirtió en una mercancía.
Los jóvenes lo saben mejor que nadie. Intentar alquilar o comprar un espacio digno para vivir en esta ciudad se ha vuelto una carrera de obstáculos. Es común escuchar que “así es el mercado” o que “no se puede hacer nada, hay mucha demanda”.
Preocupación
Esta resignación social es preocupante, porque cuando naturalizamos que el acceso a la vivienda depende de la lógica del lucro, entonces aceptamos que miles —sobre todo jóvenes— queden fuera de su derecho a tener un hogar.
El problema no es solo local. Según la ONU, estamos ante una crisis mundial de vivienda impulsada por la especulación inmobiliaria y el poder creciente de fondos de inversión que compran propiedades no para habitarlas, sino para rentarlas, revenderlas o simplemente esperar a que suba su valor.
Bajo esta lógica, las ciudades —incluida Mérida— están orientando sus políticas públicas a incrementar la plusvalía, no a garantizar viviendas asequibles.
Así, en nombre del “desarrollo”, destinamos recursos públicos —infraestructura, movilidad, servicios— para favorecer zonas específicas, usualmente en el norte de la ciudad, donde se espera que el precio del suelo se dispare. Es decir, usamos dinero de todos para enriquecer a unos cuantos. Como si el suelo fuera un limoncillo que sube de precio por escasez y ya no hay más que hacer.
Pero sí hay qué hacer. Y mucho. La iniciativa global The Shift, encabezada por Leilani Farha, ex relatora de la ONU, propone una idea poderosa: cambiar el paradigma de la vivienda como mercancía a la vivienda como derecho humano.
Porque la narrativa económica que adopta una ciudad no es neutra: si vemos la vivienda como inversión, todo el andamiaje legal y político se orienta a proteger esa inversión y no al ciudadano. Si, en cambio, reconocemos que un hogar es la base de la dignidad y el bienestar, entonces las políticas se enfocan en acceso, equidad y sostenibilidad.
En el libro Mérida Metropolitana (2012), los urbanistas Alfonso Iracheta y Jorge Bolio advirtieron que la expansión urbana de la ciudad estaba siendo conducida por la lógica especulativa del mercado, no por el interés público.
Documentaron cómo la oferta de suelo urbanizable supera en ocho veces las necesidades reales de vivienda, cómo se abandonan terrenos vacíos mientras se presiona para urbanizar nuevos, y cómo esta dispersión, alimentada por la especulación, ha desplazado a los pobres a zonas periféricas sin servicios ni empleo.
Su diagnóstico es claro: “la acción pública se ha reducido en todos sentidos […] cediendo a otros actores sociales la conducción del proceso de urbanización”.
Reconocer la vivienda como derecho implica políticas distintas: desde reservas de suelo bien ubicado para vivienda social, hasta controles a la especulación, incentivos para alquiler asequible y, sobre todo, participación ciudadana. Porque este problema no cambiará si no lo convertimos en asunto público, como lo definen las teorías de política pública: cuando una situación afecta a muchos y genera demanda colectiva de intervención gubernamental.
Y aquí está el llamado de fondo: ¿qué ciudad queremos dejarles a nuestros hijos? ¿Una ciudad donde el hogar sea un privilegio para pocos o una donde la juventud pueda imaginar un futuro sin hipotecar su presente?
¿Una ciudad que mide su éxito por la rentabilidad del suelo o por la calidad de vida de su gente?
Mérida está a tiempo de cambiar el rumbo. Pero para eso, debemos dejar de repetir que “no se puede hacer nada” y empezar a exigir que la vivienda —como lo reconoce nuestra Constitución y el derecho internacional— se garantice como lo que es: un derecho humano, no una mercancía.— Mérida, Yucatán.
Doctor en economía y profesor de la Facultad de Economía de la Uady.