¿Cómo votar en la elección del Poder Judicial que se celebrará el próximo 1 de junio? Como ha escrito Jorge Zepeda Patterson, la boleta para elegir a las personas que ocuparán los diversos cargos del Poder Judicial se parecerán más a las páginas de los directorios telefónicos, con columnas de nombres y números, que a las boletas para elegir a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo a las que estamos acostumbrados, con los conocidos logos de los partidos políticos (y una que otra candidatura independiente).
A nivel federal, dispondremos de seis boletas para elegir: 1) Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2) Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; 3) Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 4) Magistraturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 5) Magistraturas de Circuito; y 6) Juezas y Jueces de Distrito. Además, en Yucatán, tendremos dos boletas más, para elegir: 7) Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y 8) integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Yucatán. Los perfiles y propuestas de las candidaturas del Poder Judicial federal se pueden consultar en la página del INE (https://practicatuvotopj.in e.mx/), mientras que los de las candidaturas de Yucatán se pueden conocer en la página del Iepac (https://perfiles.iepac.mx/).
Ahora bien, ¿cómo elegir entre cientos de abogadas y abogadas, cuyos perfiles y trayectorias son básicamente desconocidas para la mayoría de la población?
Al respecto, periodistas y especialistas en el tema han realizado diversos análisis, los cuales han dado a conocer en medios de comunicación, redes sociales y páginas de internet. Por ejemplo, la economista Viri Ríos ha publicado una herramienta de evaluación de candidatos(as) al Poder Judicial, dando una mayor calificación a las candidaturas más “progresistas”.
Para Ríos, “ser progresista” significa “interpretar la ley con un enfoque orientado a la justicia social” y aclara que “ser progresista no significa ser afín a la 4T”. En los archivos de Excel disponibles en la página de Ríos (https://www.viririos.com/eleccion-judicial), podemos encontrar una valoración de los antecedentes, afinidades políticas, descripción del CV, las motivaciones y visiones sobre impartición de justicia, así como las tres propuestas que formula cada candidatura.
Puntuación
De este modo, para citar dos ejemplos, Ríos da la máxima calificación (10) a Selene Cruz Alcalá, candidata a Ministra de la Suprema Corte, postulada por el Poder Ejecutivo, y destaca que “busca ser ‘una voz de los trabajadores en la Suprema Corte’” y que “ha dedicado su vida laboral a defender a los trabajadores y logró reducir importantemente el rezado de casos en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo”, entidad de la que fue titular.
Entre las propuestas de Cruz Alcalá que Ríos destaca como progresistas se encuentran que “el Poder Judicial debe dejar atrás los privilegios y servicios de lujo que lo han alejado de la sociedad” y que “ninguna sentencia es justa si no toma en cuenta las desigualdades que atraviesan a una mujer, una niña o una persona indígena. Propondré que toda resolución integre perspectiva de género, contexto social y respeto a los sistemas normativos de los pueblos originarios”.
En contraste, la candidata a ministra de la Suprema Corte que recibe la calificación más baja es Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez, postulada por el Poder Legislativo, entre cuyos antecedentes Ríos señala que “fue investigada por la Unidad de Fiscalización del INE por depósitos de 4 millones de pesos asociados a un contrato de mutuo con el partido Nueva Alianza, sin documentación concluyente”. Ríos también destaca que “cuenta con relaciones públicas con grupos conservadores”. Por ejemplo, Tapia expresa que pone “en el centro de mis preocupaciones el derecho a la vida, la familia y a perseguir la felicidad”.
Actualmente, la herramienta elaborada por Ríos evalúa candidaturas para la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de Disciplina Judicial, y anuncia que próximamente publicará las calificaciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Herramienta
Hasta el momento, no he encontrado un ejercicio similar para las demás candidaturas federales, así como las candidaturas locales de Yucatán. Ciertamente, por su notoriedad pública, las candidaturas a la Suprema Corte han sido las más discutidas en medios de comunicación, pero otras candidaturas, como las de las Juezas y Jueces de Distrito (que es el órgano jurisdiccional de primera instancia) o de magistraturas de Circuito, han sido menos comentadas.
Ciertamente, comparto con Ríos el interés en conocer qué tan progresistas son las candidaturas al Poder Judicial. También me interesa conocer en qué medida las candidaturas incorporan un enfoque de derechos humanos en sus propuestas (si bien soy consciente de que las propuestas pueden quedarse en el papel). Desde luego, la gran mayoría de las candidaturas expresa que juzgará protegiendo los derechos humanos de la sociedad. Pero, ¿en qué medida formulan propuestas más concretas para una protección efectiva de los derechos humanos?
En este sentido, he consultado a abogadas y abogados litigantes en materia de derechos humanos, que han tenido que enfrentarse a los obstáculos del Poder Judicial, para conocer qué esperan de las personas que vayan a ocupar los cargos tras la elección del 1 de junio.
En síntesis, las principales ideas son: 1) que las sentencias resuelven cuestiones de fondo, pues la mayoría suelen limitarse a tratar asuntos formales o de procedimiento. 2) vinculado con lo anterior, que resuelvan problemáticas sociales, con especial énfasis en grupos vulnerables; 3) que incorporen los estándares presentes en tratados internacionales de derechos humanos, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de relatores del Sistema Interamericano y las Naciones Unidas, entre otras fuentes; 4) que actúen de manera más oficiosa, esto es, que soliciten estudios técnicos o pruebas periciales, especialmente cuando estén juzgando asuntos ambientales o relacionados con pueblos indígenas; y 5) un mayor análisis del contexto social y ambiental en el que juzgarán.
Jueces de Distrito
¿Cómo se encuentran las candidaturas de Yucatán frente a estos planteamientos sobre derechos humanos? El espacio no permite entrar en detalle sobre cada una de las candidaturas, por lo que, en esta ocasión, sólo haré algunos comentarios generales sobre las candidatas y candidatos a Juezas y Jueces de Distrito.
En la boleta correspondiente a Juezas y Jueces de Distrito de Yucatán, de color amarillo, encontramos a ocho candidatas, de las cuales podemos seleccionar cuatro, y doce candidatos, de los cuales podemos seleccionar tres. De las ocho candidatas, sólo una, Ingrid Nelly Terán Olguín, se encuentra actualmente en funciones, y fue postulada por el Poder Legislativo. De los doce candidatos, sólo uno, Héctor Roberto Capetillo Lizama, se encuentra en funciones y aspira a su reelección.
Las principales propuestas de las y los candidatos las podemos agrupar en las siguientes categorías: 1) justicia pronta y expedita (12 propuestas, que incluyen la digitalización de trámites y reducción de burocracia). Recordemos que, junto con el argumento de la falta de legitimidad del Poder Judicial actual, la necesidad de una justicia más pronta y expedita fue de las principales razones que ofreció el gobierno de la 4T para llevar al cabo la reforma judicial. Ciertamente, es necesario que las juezas y jueces resuelvan más pronto, pero estas resoluciones no deben obedecer únicamente a un criterio cuantitativo de emitir el mayor número de sentencias en el menor tiempo posible sino, como se señaló anteriormente, resolver el fondo del asunto. Sólo dos candidatos —números de lista 09 y 19— se pronunciaron sobre que “se resuelvan las controversias de fondo” y privilegiar “el fondo sobre la forma”.
El segundo conjunto de propuestas más recurrente es 2) lenguaje claro y accesible en las resoluciones (7 propuestas), seguido de 3) transparencia de los procesos judiciales (6), 4) formación de juezas y jueces en derechos humanos (4), 5) incorporar perspectiva de derechos humanos y género en las resoluciones (4) y 6) juzgar con mayor humanismo y empatía (3).
Aunque en las propuestas de las candidaturas a Juezas y Jueces de Distrito encontramos referencias a grupos vulnerables y particularmente a la perspectiva de género, es preocupante que ninguna refiera a los derechos de pueblos indígenas, considerando que Yucatán es el segundo estado con mayor población indígena en el país y también es la segunda entidad con mayor número de hablantes de una lengua indígena. Sólo hay una mención a la “justicia intercultural” (candidata 05), pero no hay propuestas sobre juzgar con una perspectiva intercultural (la Suprema Corte de Justicia de México ha elaborado un protocolo al respecto) ni al pluralismo jurídico.
Igualmente, entre las candidaturas sólo una propone realizar “una ponderación entre las normas estatales, nacionales e internacionales” (candidata 07); por lo demás, no encontramos ninguna referencia a los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano forma parte. Tampoco hallamos propuestas de actuar de manera oficiosa para la solicitud de pruebas ni un mayor análisis del contexto social y ambiental en el que se encontrarían las Juezas y Jueces electos. Por lo tanto, a nivel de propuestas, encontramos una visión muy general sobre derechos humanos, sin medidas concretas de cómo protegerlos de manera efectiva.—Mérida, Yucatán
Correo: rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM