Una casa no es solo un techo y un conjunto de paredes. No es un lujo; es una necesidad profunda porque representa estabilidad, arraigo y seguridad emocional. Porque quien tiene una casa, siente que tiene en el mundo un lugar que le pertenece y al que siempre puede volver. Y eso, en este mundo incierto en el que vivimos, es una necesidad vital.
Para millones de personas, una casa propia es el sueño que le da sentido a años de sacrificios. Porque comprar una vivienda no es fácil. Implica comprometerse con una deuda que puede extenderse por décadas, destinar cada mes cerca del 30% del salario, renunciar a gustos, aplazar necesidades, postergar emergencias, todo por alcanzar un lugar propio, digno, seguro. Pero antes siquiera de firmar ese compromiso, hay que cotizar durante años, mantenerse en la formalidad, demostrar estabilidad laboral, cumplir requisitos, esperar turnos, llenar formularios, reunir documentos, atravesar trámites largos y muchas veces desgastantes.
Por eso, no hay nada más injusto, más cruel y desalentador que la idea de que alguien pueda perder su casa por la negligencia o la complacencia del Estado. Que el Infonavit, una institución que fue creada para facilitar el acceso justo a la vivienda, proponga ahora regularizar casas que han sido invadidas, es una traición al principio más elemental de justicia: el respeto a lo ajeno, sin el cual ninguna convivencia es posible.
Legalizar las invasiones es borrar la diferencia entre el esfuerzo y el abuso. Es institucionalizar el despojo, disfrazarlo de política social, y con ello, pisotear la confianza en las instituciones que deberían proteger al ciudadano, no traicionarlo.
Si se permite esto una vez, se rompe el pacto social que sostiene el valor del trabajo y del esfuerzo. Y eso, en una sociedad, es mucho más peligroso que cualquier invasión. Porque lo más grave no es solo la propuesta en sí, sino el precedente que sienta. La sola declaración de que el gobierno explorará mecanismos para que ocupantes ilegales de vivienda regularicen su situación, envía el mensaje de que la ilegalidad puede convertirse en una vía aceptable. Que basta con tomar lo que no es tuyo, permanecer el tiempo suficiente y esperar a que llegue el premio. Aunque la autoridad insista en que no se aplicará en casos con denuncias formales, ya el daño está hecho. Porque denunciar implica tiempo, dinero, desgaste emocional. Porque es el ciudadano afectado quien debe ahora probar que le pertenece lo que ya era suyo. Porque mientras litiga, el invasor vive gratis. Porque mientras se demuestra el delito, el delito se consolida. Y en todo ese proceso, el Estado se comporta como un tercero ausente, como si no fuera su obligación garantizar la legalidad y proteger a quien hizo lo correcto.
Además, si se aprueba este programa, ¿qué impedirá que surjan mafias de ocupación organizada? ¿Qué límites quedarán en pie cuando el mensaje institucional sea que basta con invadir para aspirar a la propiedad? ¿Qué incentivos tendrá un joven para ahorrar durante años, trabajar formalmente, cotizar con disciplina, si sabe que puede meterse a una casa abandonada y terminar comprándola con ayuda del Estado, sin haber cumplido ninguno de los requisitos que se le exigen al resto? ¿Qué sentido tendrá el esfuerzo honesto cuando la ilegalidad demuestra ser más rápida, más barata y finalmente avalada? ¿Cómo le explicamos a una generación entera que la ley es el camino correcto, si vemos que la ley se dobla ante la conveniencia política o el populismo disfrazado de justicia social?
Lamentablemente, este programa es, en el fondo, el reconocimiento implícito de un fracaso profundo. El Estado no pudo garantizar el uso adecuado del suelo, ni planificar con visión el desarrollo urbano, ni asegurar el acceso justo y legal a la vivienda para quienes más lo necesitan. No supo prevenir el abandono de miles de casas construidas sin servicios, lejos de todo, sin conectividad, sin escuelas ni transporte. No fue capaz de proteger los bienes de quienes legítimamente los adquirieron, ni de aplicar con firmeza la ley ante las ocupaciones ilegales. Y ahora, en lugar de asumir su responsabilidad y corregir esos errores con políticas estructurales, decide avalar sus consecuencias. En lugar de poner orden, legitima el desorden. En lugar de fortalecer la legalidad, manda el mensaje de que violarla puede dar resultados. En lugar de reparar el daño, institucionaliza el despojo y lo disfraza de justicia social.
Es cierto, existe una necesidad apremiante de vivienda, y es innegable que miles de familias enfrentan condiciones precarias. Pero reconocer esa urgencia no justifica vulnerar derechos ni premiar la ilegalidad. Existen alternativas más justas y sostenibles. Se puede censar y recuperar viviendas abandonadas sin dueño; se puede construir más vivienda social en zonas adecuadas; se pueden ofrecer esquemas de renta temporal mientras se asignan casas de manera legal. Pero para lograrlo se necesita lo que hasta ahora ha faltado: voluntad política, planeación de largo plazo e inversión responsable. Y, sobre todo, se necesita entender que el respeto a la propiedad privada no es un obstáculo para la justicia social, sino su condición indispensable.
Por eso, como ciudadanos, es hora de rechazar con firmeza esta propuesta. Por respeto a quienes cumplen y se han esforzado. Porque quien compró una casa y ha hecho las cosas bien merece vivir sin miedo, con la tranquilidad de que el patrimonio que le ha llevado años construir no será vulnerado ni puesto en riesgo. Porque defender el derecho de quienes hacen las cosas correctamente, no es egoísmo, es justicia. Es trazar una línea clara entre el esfuerzo y el abuso, entre la legalidad y la invasión. Ceder ante la idea de regularizar lo ilegal no es inclusión, es claudicación. Y si hoy dejamos pasar esta lógica, mañana ninguna certeza estará garantizada, ni la propiedad, ni el trabajo honesto, ni el respeto a la ley misma. Entonces, habremos perdido toda esperanza.— Mérida, Yucatán
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera