En materia electoral, un tema ineludible de cara a la próxima reforma es el financiamiento público a los partidos políticos, que ha alcanzado cifras astronómicas y crece año con año.
Esto porque es prácticamente imposible que se reduzcan los dos factores establecidos para su cálculo: el número de electores y la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la inclusión del tema en la próxima reforma electoral, y la iniciativa que propuso el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador incluyó, asimismo, una drástica reducción. Es decir, hay conciencia en las cúpulas políticas del país sobre la necesidad de reducir ese creciente financiamiento que absorbe cuantiosos recursos del erario.
En mi opinión, el financiamiento público debe conservarse y seguir prevaleciendo sobre el privado en los partidos, pero no en las dimensiones que alcanza actualmente.
Contra lo que algunos suponen, el Instituto Nacional Electoral no decide el monto del financiamiento público a los partidos, y tampoco lo hace la Secretaría de Hacienda ni alguna otra instancia del Ejecutivo ni del Congreso.
En un exceso que, sin embargo, solo escandaliza a algunos, los partidos inscribieron en la Constitución, por conducto de sus legisladores, la forma detallada en cómo se determina su financiamiento. Así, el INE solo aplica un cálculo aritmético e incluye el monto resultante en su presupuesto anual, que es enviado a Hacienda para el único objeto de incluirlo en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación que envía a la Cámara de Diputados.
El financiamiento partidario de este año asciende a 7,354 millones de pesos. Un dato ayuda a dimensionar la enormidad de esa suma, pues supera el presupuesto 2025 de las secretarías de Anticorrupción y Buen Gobierno, Turismo y Economía ¡juntas! Esas secretarías tienen asignados, respectivamente, 1,700, 1,774 y 3,533 millones de pesos, para un total conjunto, en números redondos, de 7,007 millones.
La pertinencia de reducir el suministro de dinero público a los partidos es obvia y no solo por lo descomunal, sino también porque sus resultados han sido nocivos para lo que podría llamarse mística partidaria, que durante décadas fue el motor principal de los partidos, sobre todo los de oposición.
La falta de una genuina democracia, el autoritarismo de los gobiernos priistas y las prácticas antidemocráticas y fraudulentas en las elecciones generaron una militancia participativa y combativa en la oposición.
Durante la mayor parte del siglo pasado, ésta fue financiada por sus militantes y simpatizantes (incluidos entre estos a empresarios).
Hoy los partidos poseen burocracias enormes y lo pagan todo. Desde los gastos de oficina hasta el reparto y fijación de propaganda. Y, claro, la abundancia de recursos propicia la molicie y la corrupción.
El exceso de dinero no nos da mejores partidos ni alimenta la democracia. Succiona, eso sí, recursos que urgen en otros rubros de la vida pública.
De acuerdo con el artículo 41 de la Constitución, el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales se fija anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El 30 por ciento de la cantidad que resulte se distribuye entre los partidos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante se reparte de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Aplicando la fórmula, para 2025 se obtuvieron 7,354 millones de pesos en números redondos.
El partido con mayor monto es Morena (en este siglo, PAN y PRI han sido también, en su momento, los partidos con más alto financiamiento público), en tanto que quien menos tiene es el Partido del Trabajo.
La diferencia entre los dineros para el partido más votado y el menos votado es abismal, y ese es otro punto que debería atender la próxima reforma electoral, a fin de establecer mayor equidad entre los partidos.
Una forma relativamente fácil de hacerlo es aumentar el porcentaje —actualmente del 30 por cierto— de lo que se reparte en forma igualitaria.
@EduardoRHuchim
Periodista