Hay indicios firmes de que la próxima reforma electoral tendrá contenidos de trascendencia.
De acuerdo con lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matinal del 4 de julio de 2025, la reforma que propondrá tendrá dos ejes sustantivos: 1) La reducción del descomunal costo de las elecciones federales y estatales en el país, incluyendo la disminución del muy cuantioso financiamiento público a los partidos políticos. Y 2) La modificación a la forma de elegir a los diputados de representación proporcional, eliminando las listas elaboradas por las dirigencias de partidos políticos.
No lo ha dicho la Presidenta, pero yo no descartaría la posibilidad de que se incluya la reducción del número de legisladores también llamados plurinominales.
Como he afirmado repetidamente durante largo tiempo, el INE se habituó a nadar en la abundancia de recursos que le eran suministrados con munificencia por la Cámara de Diputados. Ello dio cauce a excesos que fueron documentados en algunos casos por la contraloría interna del INE, entre ellos: la compra a sobreprecio de inmuebles; la contratación permanente, después de cada elección, de personal contratado temporalmente para los comicios; la renta desordenada de cientos de vehículos. Fue común también la añadidura presupuestal de “colchones” a los gastos ordinarios, en previsión de que la erogación real excediera al calculado.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su política de austeridad, comenzó a frenarse la abundancia, hasta llegar, en el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, a un recorte drástico al proyecto presupuestal del INE, justo cuando se inauguraban los comicios del Poder Judicial. El Instituto fue obligado a apretarse el cinturón hasta límites de hambre, pero lo cierto es que —sin la abundancia de otras épocas—, pudo salir con éxito del gran desafío que representó una elección sin precedente.
El conjunto del gasto electoral en México es enorme. Este año, sin elecciones ordinarias federales, pero sí con la judicial y dos estatales, el presupuesto del INE ascendió a 28 mil millones de pesos en números redondos, incluidos los 7,354 del financiamiento a partidos. A esa cantidad hay que agregarle casi 4 mil millones del dispendioso Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para un total de 32 mil millones, sólo en el ámbito federal.
Esta cantidad supera el presupuesto de la mayoría de las secretarías de Estado y de la Fiscalía General de la República, que tiene 20,125 mdp.
Si a esa suma le añadimos el gasto de órganos locales (OPLEs), de tribunales estatales y de oficinas de partidos nacionales y locales en los estados, el gran total supera fácilmente los 50 mil millones de pesos. Y esta cantidad es sin duda colosal y una carga muy pesada para los presupuestos federal y estatales, sobre todo porque hay otros rubros que necesitan más dinero público.
Respecto a la representación proporcional, es tema que amerita tratamiento posterior.
¿Dónde y cómo podrían racionalizarse los enormes recursos que México destina a elecciones e instituciones electorales?
El primer rubro que clama por reducción, a causa de su injustificado gigantismo, es el financiamiento público a los partidos políticos, tema al cual ya me referí con amplitud en una columna anterior.
En cambio, un asunto que debería ser descartado como vía de ahorro es la implantación de la urna electrónica, que tiene entusiastas impulsores, pero si bien reduciría costos, los problemas que causaría serían mayúsculos. Es otro tema que exige tratamiento posterior.
Aparte del financiamiento a partidos, convendría una revisión crítica a los gastos del INE, en busca de dispendios, pero también destinada a identificar procesos y adquisiciones que podrían realizarse con igual o mejor calidad respecto a la actual, pero a menor costo.
Merece atención la compra de materiales electorales y el oligopolio —propiciado voluntariamente o no por el INE, incluyendo algunos OPLEs— que otorga a los escasos proveedores el poder de fijar precios, más aún cuando el número de comicios concurrentes acrecienta la demanda.
Es clara la necesidad de convocar a un mayor número de empresas a presentarse a licitaciones y ofrecer modelos innovadores que abaraten precios sin menoscabo de la calidad. Ejemplo: ¿por qué insistir en las mamparas tradicionales que cuestan varios miles de pesos por unidad cuando hay modelos más baratos para colocar en mesas, como lo vimos en la elección judicial de junio pasado?
Habría que preguntarse también si debemos imprimir tantas boletas como electores hay en la lista nominal, si sabemos que la concurrencia a las urnas no rebasará el 65%.
No son las únicas posibilidades, pero sin duda hay maneras de disminuir el gasto electoral, sin afectar la calidad democrática de nuestros comicios. Seguramente el personal que opera directamente las elecciones tiene mucho más que decir en este terreno.
@EduardoRHuchim
Periodista