Si bien las malas prácticas han pervertido su naturaleza y su relevancia y los han dotado de mala fama, los legisladores plurinominales o de representación proporcional (RP) tienen una importancia central en una democracia.

Los llamados pluris son, en su esencia, garantes de pluralidad al favorecer la presencia de las minorías políticas en el Congreso y atenuar de ese modo la inequidad que generan los legisladores elegidos por el principio de mayoría relativa. Por ello, en mis tiempos de consejero electoral, cuando se planteaba la conveniencia de desaparecerlos, yo argumentaba que, al contrario, quienes deberían desaparecer eran los legisladores de mayoría, no los de RP.

Este sueño guajiro de entonces estuvo a punto de materializarse en 2022, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso justamente eso: la desaparición de los diputados y senadores de mayoría y la transformación del Legislativo en un poder con mayor y mejor representatividad, mediante solo legisladores de RP.

Eran los tiempos en que una oposición torpe y miope enarbolaba la bandera del “no pasarán”, en alusión a las reformas constitucionales propuestas por el gobierno. Y sí, la radical iniciativa de AMLO, obra de Pablo Gómez y Horacio Duarte, no pasó.

La oposición desoyó a quienes planteamos, en foros de parlamento abierto, la conveniencia de llevar a la Constitución normas que implantaran la proporcionalidad pura. Se perdió así la oportunidad de dar a cada partido, en el Congreso, un porcentaje de legisladores igual o casi igual al porcentaje de votos que obtuviera.

Ciertamente, la iniciativa de AMLO contenía imperfecciones que podrían haber afectado a los partidos menos votados, pero ahí es donde la oposición pudo incidir para perfeccionar, pero optó por rechazar.

Aquella revolucionaria iniciativa habría eliminado la sobrerrepresentación y la subrepresentación en las Cámaras, que ahora —actualizadas en 2024— producen la rabia de la oposición y compañeros de viaje, quienes le reprochan a las autoridades electorales aplicar las normas previstas en la Constitución y en las leyes —que ahora favorecieron a Morena—, en la misma forma que tiempo atrás lo hicieron con el PAN y el PRI.

Con una notable deshonestidad intelectual y por razones ideológicas, pero no jurídicas, hubo quienes repudiaron la asignación de diputados y senadores de 2024 a Morena y sus aliados, muchos de tales críticos —no todos— incentivados por la pérdida de prebendas directas o indirectas durante el sexenio de AMLO.

En sentido contrario a su planteamiento original, en los últimos meses de su sexenio, López Obrador propuso desaparecer a los legisladores plurinominales, de tal forma que el Congreso quedaría integrado sólo por diputados y senadores de mayoría. Tal cosa había significado un retroceso de casi 50 años en el desarrollo de la democracia mexicana, pero la reforma electoral esbozada por Claudia Sheinbaum no plantea la desaparición, pero sí la transformación en la forma de elegirlos.

Lo que propone Sheinbaum. Con frecuencia, los mexicanos actuamos como expertos en distorsionar y pervertir lo bueno. Eso aconteció con la representación proporcional legislativa que, junto con la mayoría relativa, conforman el sistema mixto existente en México.

En 1977, con el impulso de Jesús Reyes Heroles durante el sexenio de José López Portillo, que había sido candidato presidencial único registrado en 1976, se instauró la representación proporcional (RP) en el Congreso, con 100 diputados adicionales a los 300 de mayoría relativa. Ese hecho puso a México en el camino democrático y posibilitó la pluralidad legislativa, que se hizo más importante en 1988, con la adición de 100 diputados más de RP, para un total de 500.

En un principio, los 200 diputados de RP servían a los partidos para situar ahí a una minoría de personajes que tenían mucho para aportar a la tarea legislativa, pero carecían de aptitudes o interés para hacer campaña política. Otra parte de legisladores de RP eran premiados por trayectoria y recomendados por el Presidente, gobernadores o líderes de los partidos.

Paulatinamente estos últimos proliferaron y hoy son mayoría, impulsados por el hecho de que las listas de candidatos son confeccionadas y manipuladas por los dirigentes partidistas.

En estas circunstancias, la presidenta Sheinbaum se propone desaparecer tal monopolio y sujetar las diputaciones de RP directamente al voto ciudadano, mediante un sistema aún no detallado, pero que en esencia tendría como eje conferir aquéllas a los candidatos que tuvieran las segundas votaciones más altas, con cierta semejanza con lo que se hace actualmente con los senadores y con las diputaciones RP locales en Ciudad de México.

Ese sistema eliminaría las listas monopolizadas por los líderes partidarios y propiciaría la participación de los candidatos en las campañas, pero no es seguro que favorezca la equidad, entendida como la semejanza entre los votos recibidos por cada partido y la representación lograda en el Poder Legislativo.

@EduardoRHuchim

Periodista

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