El sistema de transporte “Va y Ven”, que inició operaciones en 2021, despertó entusiasmo en la población, al ofrecer una alternativa moderna y ordenada frente a los viejos camiones destartalados que durante años prestaron el servicio en la ciudad de Mérida. Hoy, lamentablemente, enfrenta una etapa crítica.
La amenaza de una reducción en su operación, derivada de problemas estructurales como los adeudos a transportistas y un modelo financiero que las propias autoridades han calificado como insostenible, pone en riesgo su continuidad. Lo que alguna vez fue símbolo de modernización y progreso, hoy podría desmoronarse, dejando a miles de personas sin una forma accesible y confiable de trasladarse.
El problema, sin embargo, va mucho más allá de una cuestión financiera. Lo que está en juego no es únicamente la viabilidad de un proyecto de movilidad urbana, sino la economía familiar de miles de personas que dependen de él para trabajar, estudiar, llevar a sus hijos o atender sus responsabilidades diarias.
Cuando el transporte falla, todo lo demás se desordena. Cada unidad que deja de circular es tiempo que se pierde en la espera; cada kilómetro no recorrido se traduce en pasos agotadores bajo el sol, en trasbordos adicionales, en taxis y servicios de transporte privado que vacían el bolsillo.
En una ciudad como Mérida, donde las distancias son amplias y las opciones de movilidad privada están fuera del alcance de la mayoría, el transporte público es una necesidad fundamental.
Para muchas familias, el gasto en transporte puede representar el tercer rubro más importante del presupuesto mensual, solo por debajo de la alimentación y la vivienda. Lo que desde el escritorio de alguien podría parecer un simple ajuste operativo, como reducir unidades o espaciar la frecuencia, en la práctica puede significar que una madre llegue tarde al trabajo y pierda su bono de puntualidad, que un estudiante llegue cansado a clases después de caminar varios kilómetros, o que un adulto mayor no pueda acudir a su consulta médica.
Porque el costo del transporte no es solo monetario. También se paga con tiempo, con cansancio, con angustia. Una persona que debe hacer dos o tres transbordos al día, caminar largas distancias bajo el sol o la lluvia, y esperar durante media hora o más, llega al destino no solo tarde, sino desgastada. Y ese desgaste cotidiano, acumulado día tras día, tiene un efecto invisible pero demoledor en la calidad de vida, en el rendimiento escolar, en la productividad laboral y en el estado emocional.
Debemos tener muy claro que el transporte público no solo mueve personas, también mueve la economía. Una ciudad con un sistema de movilidad eficiente permite que los trabajadores lleguen puntuales a sus empleos, que los estudiantes asistan a sus escuelas, que los consumidores accedan a los mercados y que los servicios funcionen de manera fluida.
Cada retraso, cada espera prolongada, cada ruta deficiente, representa una pérdida económica. Son horas de productividad desperdiciadas, oportunidades laborales desaprovechadas, transacciones que no se concretan.
Un sistema de transporte ineficaz frena el dinamismo comercial y genera costos ocultos que afectan tanto al sector formal como al informal. La movilidad urbana es, en ese sentido, una infraestructura económica tan estratégica como la energía o las telecomunicaciones.
Sin un sistema de transporte público eficiente, no puede hablarse de verdadero progreso. Las ciudades crecen, pero si no se invierte en cómo se conectan sus habitantes, el desarrollo se vuelve desigual y frágil.
Ningún plan de crecimiento urbano, por ambicioso que sea, puede sostenerse si la gente no puede llegar a tiempo a donde necesita estar. El transporte público no es un servicio complementario, es el andamiaje del desarrollo.
Hablar de transporte público es hablar de justicia social. Porque si bien algunos pueden pagar transporte privado o tienen un automóvil propio, la mayoría no tiene esa opción.
Mientras un pasaje en el “Va y Ven” cuesta 12 pesos, un solo viaje en una plataforma de transporte puede costar hasta diez veces más, un gasto que resulta insostenible para quienes viven al día.
Ese costo adicional no es menor: significa dejar de comprar alimentos básicos, posponer la compra de medicinas o recortar otros gastos necesarios para el bienestar familiar.
Las autoridades podrán argumentar que heredaron un sistema mal diseñado, con contratos onerosos y fallas estructurales. Tal vez tengan razón. Pero eso no los exime de su deber más básico: garantizar que la gente pueda desplazarse.
Porque si algo debe enseñarnos esta crisis, es que la movilidad no puede depender de cálculos fríos ni de planes improvisados. Requiere visión, pero, sobre todo, empatía. La capacidad de ver el rostro del usuario: de la señora que trabaja haciendo limpieza en oficinas y se levanta a las 4 de la mañana; del estudiante que trabaja medio tiempo y debe cruzar media ciudad para llegar a clases; del abuelo que acompaña a su nieta a la escuela porque sus padres están en el trabajo.
Porque cuando se toma una decisión sobre el transporte público, no se está afectando una ruta de autobús. Se está moviendo o deteniendo la vida de una persona. Y con ello, también se afecta la economía de toda una ciudad y su proyección hacia el futuro.
Porque sin movilidad no hay productividad, no hay crecimiento, no hay progreso. Y en un país donde tantas cargas ya recaen sobre los hombros de quienes menos tienen, reducir el servicio de transporte o volverlo ineficiente es imponerles un peso más.
Un peso que no siempre se ve, pero que se siente cada día en los pasos agotadores bajo el sol para llegar al destino, en las esperas donde se pierde tiempo valioso, y en cada peso que ya no alcanza.
Por eso, la pregunta no es si podemos mantener el “Va y Ven”. La verdadera pregunta es si podemos permitirnos perderlo.
marisol.cen@kookayfinanzas.com
@kookayfinanzas
Profesora universitaria y consultora financiera