A pesar de los discursos y las promesas de las autoridades sobre el respeto a la libertad de expresión no faltan funcionarios o gobernantes que, molestos por la crítica de la prensa, de periodistas o ciudadanos, desplieguen una red de persecución, hostigamientos y amenazas para silenciar esas voces.
La libertad de expresión y de prensa son derechos inalienables consagrados en la Constitución. El Artículo 6o. señala: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público…”
El Artículo 7o. expresa: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio… Ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión”.
Sin embargo, a pesar de estas leyes que protegen la difusión de ideas, las opiniones y los conceptos críticos de los ciudadanos en general, hay autoridades que no desean ser criticados sobre su labor como funcionarios públicos, y ante cualquier cuestionamiento arremeten contra algún periodista, medio informativo o ciudadano.
Ausencia
No olvidemos que sin prensa libre no habría una sociedad democrática, plural, bien informada y participativa. Sería el gobierno y sus tentáculos oficiales quienes controlarían la información, las noticias e incluso a los órganos informativos y a los periodistas, y los ciudadanos quedarían a la deriva, desprotegidos y a merced de los voceros oficialistas.
Todo esto viene a colación, porque en Campeche hay la consigna de acallar las voces que osen criticar a la gobernadora Layda Sansores. La mandataria morenista molesta por las críticas de un veterano periodista ha desplegado una persecución en su contra que, incluso lo ha llevado ante las autoridades judiciales.
Al periodista Jorge González Valdez se le acusa de “incitación al odio y violencia” en contra de la gobernadora. La jueza del Poder Judicial de Campeche ordenó el cierre del portal Tribuna —aunque el veterano comunicador lo dejó desde 2017 y solo tiene un programa de radio—, la prohibición de ejercer el periodismo durante dos años, el embargo de algunas de sus propiedades y la indemnización de dos millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social del Estado.
Disgusto
¿Qué tanto odio y violencia destilaría el periodista en sus escritos para ser sancionado de esta manera? ¿No será que la crítica y los cuestionamientos no le gustaron a Layda Sansores, cuando se conoce de su carácter fuerte y vengativo? Además, no olvidemos que la gobernadora tiene un programa televisivo en donde ella critica duramente a políticos y funcionarios de diversos partidos y nadie la acusa de odio y violencia.
Por su carácter explosivo, Layda Sansores no dialoga, sino amenaza, no es autocrítica, sino utiliza la venganza para silenciar al periodismo. Esto es autoritarismo puro.
Sin embargo, el veterano periodista continuó su defensa hacia otras instancias legales, y recientemente un Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito consideró que “las medidas cautelares impuestas a la suspensión de actividades del medio de comunicación y la prohibición al periodista de ejercer su profesión trasgreden de forma desproporcionada derechos humanos protegidos por los Artículos 5, 6 y 7 de la Constitución.
Por tanto, el periodista y la empresa en donde labora pueden retornar a sus actividades, mientras se resuelve el juicio de amparo principal.
Actitud
La gobernadora de Campeche queda mal con esta actitud prepotente y de manipulación al Poder Judicial. Esto es un reflejo de lo que podría suceder en otras entidades en donde los jueces y magistrados llegaron al poder con el apoyo, la venia, el palomeo y el dedo flamígero del gobernador.
Layda Sansores le asesta un duro golpe a la libertad de expresión y prensa, de paso deja mal a la Cuarta Transformación, pues la misma presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante el cuestionamiento en la mañanera de lo que sucedía en Campeche, señaló que “la libertad de expresión está garantizada y debe ser respetada por los gobernadores”.
Pero Layda Sansores hace oídos sordos y sigue con la persecución, censura e imponiendo su ley mordaza.
En Puebla hay reformas recientes para castigar la crítica en las redes sociales.
¿Quiénes más se unirán a esta actitud prepotente, autoritaria y de soberbia?
El golpe de la gobernadora campechana es un peligro para el periodismo, periodistas y ciudadanos.
Layda Sansores arremete en contra de la libertad, las leyes, los derechos y la Constitución. En su actuar, discursos y respuesta ante los cuestionamientos, ella parece decir: “La ley y el Estado soy yo”. — Mérida, Yucatán
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Profesor