Yo no sé si Adán Augusto López Hernández es inocente de los delitos atribuidos a su exjefe de Seguridad Pública cuando aquél ejerció el gobierno de Tabasco. Tampoco sé si fue cómplice de la delincuencia organizada o si sólo tuvo culpa “in vigilando” y dejó hacer y deshacer a su excolaborador, en vez de supervisar sus acciones y pedir cuentas oportunamente.
Sí sé, en cambio, dos cosas: 1) En un país democrático —y México lo es, por más que la ideología y el odio lo cuestionen—, debe regir y respetarse la presunción de inocencia, como lo establece la Constitución. Por tanto, Adán Augusto es inocente.
Más aún, conforme a los derechos constitucionales de la persona imputada, Hernán Bermúdez Requena, prófugo por presuntos vínculos con el grupo delictivo La Barredora, también lo es porque, conforme al artículo 20 de la Constitución, todo acusado tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.
Puede sonar a ingenuidad, pero esa es la realidad y también la legalidad.
2) Adán Augusto debe renunciar a su liderazgo en la Cámara de Senadores porque políticamente está inhabilitado para cumplir correcta y eficazmente sus funciones. Es claro que, si permanece, estará en calidad de lo que en Estados Unidos se conoce como “lame duck” y el principal bloque senatorial no puede tener un líder en tal lamentable condición.
Adán Augusto le debe esa decisión a su partido, a su grupo parlamentario, a Andrés Manuel López Obrador, que no sólo lo impulsó a una gubernatura, sino que también lo nombró en la delicada función de secretario de Gobernación. También le debe su renuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum, por el apoyo presidencial que incluso en estos amargos momentos ha tenido, si bien no es un respaldo incondicional, porque la mandataria ha expresado también su rechazo a la impunidad.
Es claro que la decisión es difícil, sobre todo porque en el futuro inmediato le espera el ostracismo a López Hernández, pero sea inocente o no, esa es la cicuta política que debe abrevar.
Es poco probable (no imposible) que ocurra, pero si se acreditara más allá de toda duda su inocencia, una vez concluidas las investigaciones, el político tabasqueño debería recuperar todas sus funciones y recibir el reconocimiento de quienes ahora le condenan anticipadamente.
Tiene sentido por ello el rechazo presidencial al “linchamiento mediático” que está padeciendo Adán Augusto y la necesidad de pruebas para imputarlo. Sin embargo, esto es válido para una imputación judicial, pero no lo es tanto para la corrección y eficacia políticas. Estas exigen la cicuta.
Es sobradamente conocida la historia de las “corcholatas” y la camisa de fuerza a Sheinbaum y a Morena para incidir en el liderazgo de las fracciones guindas en el Congreso de la Unión. Y en ese contexto, es de preguntarse si debe ser Adán Augusto el único que debe abandonar el paraíso o hay otras barbas que deben ponerse en remojo.
ADÁN Y FELIPE. Los malquerientes de la 4T han intentado equiparar el caso de Adán Augusto-Bermúdez con el de Felipe Calderón-García Luna.
Los casos son muy diferentes, no sólo por la desigualdad en importancia de rangos y de poder de los personajes involucrados, sino porque en un caso a García Luna se le cubrió con el manto protector de la impunidad y fue necesario que se le detuviera y enjuiciara en el extranjero, Estados Unidos, mientras a Bermúdez Requena se le denuncia y se ordena su aprehensión en México.
Eso sí, los jefes de ambos personajes, Calderón Hinojosa y López Hernández, han dicho desconocer, en su momento, lo que hacían sus subordinados. Puede ser que, en efecto, lo ignoraran, pero aun así existirían “culpa in eligendo” (por el nombramiento) y “culpa in vigilando” (por no vigilar al designado).
Hay otra notable diferencia: Calderón fue alertado de los nexos de García Luna con el narco por un subsecretario de Defensa, el general Tomás Ángeles Dauahare, en presencia de Juan Camilo Mouriño (Gobernación), pero el militar fue enviado a la cárcel y García Luna siguió ejerciendo el poder y gozó de impunidad hasta su detención y enjuiciamiento en Estados Unidos.
En este sentido, son recordables las declaraciones de la exembajadora estadounidense Roberta Jacobson al periodista J. Jesús Esquivel, de Proceso, en el sentido de que el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico, cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
“El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento…”, le dijo en mayo de 2020 Jacobson a Esquivel, periodista que hoy jueves 24 de julio, a las 7 p.m., presenta su libro “Los cárteles gringos” en la librería Rosario Castellanos, en la colonia Condesa.
@EduardoRHuchim Periodista