La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, publicada en julio pasado, revela una tendencia que afecta directamente el bolsillo de las familias en Yucatán: cada vez más recursos se destinan a salud y vivienda, dos necesidades básicas que se han encarecido con fuerza en los últimos años.
Entre 2022 y 2024, el gasto promedio trimestral de los hogares yucatecos en vivienda y servicios básicos aumentó en 37.7%, y el gasto en salud en 36.6%. Estos son los dos rubros que más crecieron en todo el estado. Y si bien los datos muestran un aumento general en el ingreso promedio, ese crecimiento no ha sido suficiente para compensar el aumento del costo de los servicios más esenciales.
En el caso de la salud, el incremento del gasto tiene una explicación preocupante: el deterioro del sistema público de atención médica. Cuando las familias no encuentran medicamentos, no reciben atención o deben esperar demasiado, no les queda otra opción que cubrir sus necesidades por cuenta propia. Comprar medicinas, pagar consultas particulares o realizar estudios fuera del sector público no es una mejora en la calidad del servicio: es una solución forzada frente a la falla institucional. El gasto en salud refleja, en buena medida, la ausencia del Estado donde debería haber garantías universales.
En lo que respecta a la vivienda, el fenómeno también es claro. En los últimos años, Yucatán —y particularmente Mérida— ha enfrentado un rápido encarecimiento de la vivienda y de las rentas, impulsado por dinámicas inmobiliarias que han desbordado la capacidad de pago de muchas familias locales. El aumento en el gasto en este rubro no obedece a una mejora en la calidad de vida, sino a la necesidad de seguir pagando por lo mismo, pero más caro.
Para muchas familias yucatecas, estos incrementos están absorbiendo una parte creciente de sus ingresos mensuales, sin dejar espacio suficiente para cubrir otros aspectos fundamentales. Según los propios datos de la Enigh 2024, el ingreso corriente mensual por hogar en Yucatán es de $26,657 pesos. Sin embargo, cuando se observa con mayor detalle, se advierte que la mitad de los hogares en el estado —aquellos que se ubican entre los deciles I y V— vive con ingresos significativamente más bajos. En 2024, el ingreso mensual promedio fue de $6,268 pesos en el decil I, $8,296 en el decil II, $10,049 en el decil III, $11,947 en el decil IV y $14,352 en el decil V. En estos hogares, que representan el 50% de la población, el aumento del gasto en vivienda o salud implica recortes directos en alimentación, transporte, educación o cuidados preventivos.
Los datos dejan claro que los márgenes de maniobra se están reduciendo. Lo que antes se resolvía con cierto equilibrio, hoy requiere decisiones difíciles. Para amplios sectores de ingresos bajos y medios, el acceso a una vivienda digna y la atención médica básica ya no están garantizados. La presión estructural no proviene solo de los niveles de ingreso, sino del comportamiento de los precios y de la incapacidad institucional para contener sus efectos.
Los hogares de Yucatán están destinando más recursos a lo esencial porque no tienen otra opción. Ese incremento, lejos de ser una señal de bienestar, es indicio de que mantener condiciones mínimas de vida se ha vuelto más costoso, más incierto y más desigual. La salud y la vivienda deberían ser garantías mínimas para el bienestar colectivo. Cuando se transforman en factores de presión permanente, se erosiona no solo el ingreso, sino la posibilidad de vivir con seguridad y dignidad.— Mérida, Yucatán
Doctor en Economía y profesor de la Facultad de Economía de la Uady