Combatir la pobreza es deber de cualquier gobierno y los programas sociales son un instrumento útil de política pública para lograr tal objetivo. Por tanto, es importante analizar cuáles son las mejores estrategias para que dichas medidas tengan el impacto deseado sobre los indicadores de precariedad y desigualdad económica.
En primera instancia, cabe señalar que el promedio del porcentaje de gasto en programas sociales de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es del 20 por ciento —en México es de alrededor del 7 %—.
No obstante, en muchas naciones es común que un segmento de la opinión pública y la clase política se manifieste en contra de los programas sociales por parte del gobierno. Los argumentos son variados, pero el principal suele ser que no es sostenible subsidiar a las personas que viven en pobreza.
Mi posición como politólogo es que los programas sociales no solamente son relevantes sino también fundamentales para hacerle frente a la pobreza, particularmente en los países donde hay sectores significativos de la sociedad en situación vulnerable.
Más aun, el dilema no es si otorgar ayudas económicas a ciertos grupos de la población, sino el tamaño del apoyo social. Sin embargo, aquí es donde los detalles de la implementación en política pública se tornan esenciales.
Las administraciones gubernamentales de derecha en el espectro político han cometido un error: oponerse a los subsidios orientados a beneficiar a las personas pobres. La narrativa del tipo “los pobres son pobres porque quieren” le ha hecho mucho daño al discurso liberal.
En cambio, los gobernantes populistas suelen abusar de los programas clientelares, condicionando apoyos económicos con fines electorales y repartiendo recursos de forma indiscriminada, incluso a quienes no los necesitan verdaderamente
En la lógica de la política pública, la consecuencia es que el gasto público resulta mayúsculo y muchas veces insostenible, y se pierde la oportunidad de brindar apoyos económicos sustanciales a los grupos que sufren carencias reales.
En otras palabras, la focalización es elemental en un plan serio de política pública social: hay que darles más a quienes más lo necesitan. Adultos mayores sin ingresos, madres solteras, personas con discapacidad, por citar ejemplos puntuales.
Algunos programas sociales pueden y deben ser de carácter universal, sobre todo en países con elevados índices de pobreza. Empero, es mucho más efectivo identificar quiénes requieren de mayores apoyos, con el fin de destinar los recursos a tales personas.
Lo anterior no es una ocurrencia, pues la experiencia y la historia nos demuestran que una política pública bien instrumentada es efectiva para acabar con la pobreza y disminuir la desigualdad. Así se observa en países como Bélgica, Suecia, Canadá y Singapur.
Ahora bien, el deber mayor de un gobierno nacional es atacar las causas que originan la precariedad económica de la población. El auténtico cambio de paradigma es transitar de una economía paliativa que se limite a contrarrestar la pobreza hacia una economía de desarrollo que genere prosperidad ampliamente distribuida.
Los experimentos comunistas han demostrado su fracaso una y otra vez. Basta ver lo que ocurrió en la URSS durante setenta años y en los satélites soviéticos de Europa del Este a lo largo del siglo XX: el socialismo marxista no crea más que miseria igualitaria porque dicho modelo no es capaz de producir riqueza económica.
Por su parte, los gobiernos hipercapitalistas son igual de incompetentes, ya que, aunque crean riqueza, ésta tiende a concentrarse en un círculo minúsculo de personas, profundizando la brecha de desigualdad. La pobreza que sufren los grupos vulnerables no suele ser prioridad en estas administraciones indolentes.
Entonces la fórmula es construir condiciones para la creación de riqueza económica y desarrollo, de la mano de la innovación, a la par de instrumentar políticas públicas que distribuyan los recursos de formas más igualitarias y combatan la precariedad.
No se trata de descubrir el hilo negro: los países europeos occidentales llevan haciendo lo propio por décadas con políticas de estado de bienestar y socialdemocracia (aunque el modelo es perfectible).
Paralelamente, tenemos el caso de China, que solo pudo sacar a millones de personas de la pobreza hasta que adoptó políticas económicas capitalistas y de libre mercado en la segunda mitad del siglo pasado; pero, a la par, tiene un gobierno que vigila el funcionamiento de la industria y el comercio para asegurar que no haya abusos del sector privado.
En conclusión, los programas sociales son importantes, pero deben aplicarse de modo responsable, humanista y sin prejuicios políticos. Al mismo tiempo, los gobiernos tienen la obligación de instaurar las condiciones mínimas para que la iniciativa privada produzca riqueza y genere empleos.
Cualquier oposición a las políticas sociales es necia; si por algo debemos alzar la voz es por mejores servicios públicos y programas gubernamentales que mejoren la calidad de vida de la población, más allá de ideologías y posiciones partidistas.— Mérida, Yucatán
Licenciado en Derecho, maestro en Administración, doctor en Gobierno