Digamos como premisa esencial que el INE es un valioso instrumento para el avance democrático y debe ser preservado como órgano autónomo del Estado mexicano.
El Instituto Nacional Electora ha sido —también— un órgano mimado que durante más de 20 años, salvo contadas excepciones, recibió todo el dinero que pidió, de una concesiva Cámara de Diputados.
Así, el INE se acostumbró a vivir en la abundancia y realizó compras absurdas, dispendios sin freno, desperdicio de materiales adquiridos a tontas y a locas y cuya vida útil feneció en las bodegas.
Como parte de esa abundancia, los consejeros y altos funcionarios del primer círculo del INE cobraron cantidades millonarias, sobre todo porque al recibir el Instituto su autonomía, los salarios de los consejeros fueron homologados con los ministros de la Suprema Corte.
Cuando en 2018 llegó al poder una fuerza política nueva y apoyada clamorosamente por amplias mayorías, una parte del INE, destacadamente su presidente y el alfil más cercano a éste, optaron por actuar como fuerza opositora y alinearse, cuando les convino, con los partidos de oposición.
No entendieron los consejeros que era necesario adecuarse a la austeridad, a la honrosa medianía de la que hablaba Juárez y aplicaba Andrés Manuel López Obrador.
En las más de dos décadas de abundancia, se hicieron millonarios la mayoría de sus consejeros y ricos muchos de sus demás funcionarios. Sin embargo, debe apuntarse, la principal responsabilidad del enriquecimiento fue de la clase política que diseñó el sistema y lo dotó de abundantes presupuestos.
Tras de la llegada de AMLO y la 4T al poder, hubo reducciones salariales y recortes presupuestales, pero predominó en el INE la falta de racionalidad y quiso seguir gastando como antes.
En ese contexto y pese a la dura lección del presupuesto 2025, cuando el recorte acordado por la 4T y aliados fue sin duda excesivo, en 2026 el INE vuelve a las andadas. Sin negar las muchas funciones que tiene asignadas, el INE ha acordado un anteproyecto presupuestal claramente excesivo. No ha entendido la necesidad de racionalizar su gasto.
Beneficiarios del gasto del Instituto suelen argumentar que éste es mínimo respecto al total del presupuesto federal. Afirman y reiteran que no representa sino el 0.33% del total, menos del 1%, pero soslayan que el presupuesto total de la Federación es de 9 billones de pesos y que muchas instancias y programas federales reciben menos de ese porcentaje.
Es sumamente difícil justificar el presupuesto del órgano electoral y su enorme plantilla de casi 18 mil trabajadores, en un año en el que no habrá elecciones federales y se realizarán comicios locales en un solo estado de la República y no será de gobernador.
¿De verdad suponen los consejeros que es posible justificar 15 mil millones de pesos para 2026, cuando solo se elegirá 25 diputados en Coahuila, cuyo gobierno —además— sufragará parte del gasto comicial?
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se anotó un acierto el pasado martes 26, al reunirse con la mayoría de los consejeros del INE, para abordar asuntos técnicos comiciales, de cara a la formulación de la próxima iniciativa presidencial.
Encabezado por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el presidente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, se dio un primer diálogo que se aparta de la supuesta intención gubernamental de preparar una iniciativa unilateral.
Faltaron tres consejeros —Ravel, Humphrey y Rivera—, resabios de aquella soberbia que, sobre todo en la integración anterior del Consejo General, pretendió revestirse de autonomía.
Es obvio que uno de los temas por abordar es el alto costo de las elecciones y la necesidad de racionalizarlo.
En lo relativo al gasto del INE, sería deseable que el asunto se estudiara objetivamente y no solo de cara al presupuesto de 2026, y con una adecuada revisión institucional, para no continuar con la política de recortes unilaterales en la Cámara baja.
Si bien la necesidad de reducir el costo electoral es evidente, lo sensato sería no tocar rubros esenciales, sino revisar en busca de racionalidad. El rubro de los materiales electorales es una ventana de oportunidad, por ejemplo, y sería inevitable abordar la plantilla laboral.
En mi opinión, es correcto el carácter permanente de la institución y su personal, pero es necesario preguntarse, sin olvidar las muchas funciones del INE, si son necesarios casi 18 mil trabajadores en años sin comicios federales.
Si hay buena voluntad de ambas partes, seguramente se hallarán vías de reducción presupuestal, sin afectar ni áreas ni funciones esenciales de la institución.
@EduardoRHuchim
Periodista
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