Hace unos días se difundieron los datos sobre la evolución de la pobreza en México, ahora publicados por el Inegi tras la desaparición del Coneval. Los resultados mostraban una drástica reducción en los últimos dos años —los de campaña y el primer año de gobierno—, aunque varios especialistas ponen en duda su veracidad.
En su Primer Informe, la Presidenta reconoció que el 82% de las familias reciben algún tipo de apoyo público. La cifra impresiona no solo por su magnitud, sino porque, según los propios datos del Inegi, la pobreza afecta al 29.6% de la población, es decir, a 38.5 millones de personas en México. Las cuentas no cuadran.
El investigador Julio Boltvinik, uno de los mayores expertos en el estudio de la pobreza en México, sostiene que esta alcanza a más del 70% de la población, de acuerdo con una metodología distinta a la del Inegi.
Surge entonces la duda: ¿es el reconocimiento presidencial una confirmación indirecta de las estimaciones de Boltvinik? Y si la pobreza se ubica realmente en menos del 30%, ¿por qué los programas sociales llegan al 82% de las familias?
Este contraste se vuelve más relevante al considerar el costo de oportunidad de destinar recursos crecientes a programas de transferencias directas.
El fortalecimiento de estos apoyos ha ido acompañado del deterioro en la provisión de servicios públicos esenciales: seguridad, salud, educación, infraestructura, drenaje, entre otros.
El país recibe dinero adicional a través de los apoyos directos, pero enfrenta al mismo tiempo el desabasto de medicamentos y una atención médica deficiente.
Los programas educativos se han debilitado, los recursos para investigación son más limitados y ya no existen evaluaciones que midan el desempeño de los estudiantes de educación básica.
La infraestructura también da señales de abandono: el deterioro de las vías de comunicación es evidente. Las inundaciones en la capital este año reflejan el colapso del drenaje por falta de mantenimiento. Casos similares se repiten en distintas ciudades, revelando la merma en la calidad de los servicios públicos.
La provisión de estos servicios no puede recaer en el sector privado, tampoco corresponde a los ciudadanos pavimentar calles, limpiar drenajes o financiar investigación científica. Estas son tareas propias del Estado, a realizarse con los impuestos que pagamos como fruto del trabajo y el consumo.
Profesor investigador del departamento de Contabilidad y Finanzas del Tecnológico de Monterrey
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