En mi juventud viví en una casa que acogía a jóvenes mujeres que querían estudiar una carrera universitaria. Era una casa humilde, que nos daba techo, comida y acompañamiento en nuestro camino académico. La vida era sencilla, teníamos las tres comidas, pero la única bebida era agua. Sin jugos, sin refrescos, sin tés endulzados, solo agua. Podría parecer una carencia, pero con los años entendí que ese fue uno de los mayores regalos de aquella etapa: aprender que el agua, en su pureza, no solo es la bebida más barata y accesible, sino también la más saludable y la única indispensable. A partir de ahí, el agua se volvió mi bebida favorita. Hoy lo agradezco, porque me dio la claridad para mirar con distancia crítica lo que en México hemos normalizado: gastar en exceso en bebidas azucaradas como si fueran una necesidad básica, cuando en realidad son un lujo que nos empobrece y enferma.
No hablo solo desde la filosofía de la austeridad personal, sino desde la contundencia de los números. El consumo anual per cápita, según la Secretaría de Salud, ronda los 166 litros, lo que equivale a casi medio litro por persona al día. Esta cifra no es solo un número frío, refleja cómo, en muchos hogares, el agua ha sido desplazada por el refresco. En algunos pueblos de Chiapas, por ejemplo, se consume más Coca-Cola que agua potable, no solo por costumbre, sino porque muchas veces el refresco resulta más accesible que el agua limpia. Es el absurdo de un país donde la bebida que debería ser gratuita o de bajo costo escasea, mientras la que enferma se encuentra en cada esquina, hasta en las tienditas más pequeñas.
El problema del consumo de bebidas azucaradas no se limita al ámbito cultural ni a los hábitos heredados; también impacta de manera directa la salud, las finanzas personales y los gastos en salud pública. Una familia que destina 40 pesos diarios a refrescos o bebidas azucaradas termina gastando aproximadamente 14,600 pesos al año, recursos que podrían destinarse a ahorro, inversión o alimentación más saludable.
Si esa misma cantidad se destinara al ahorro o la inversión, en lugar de al consumo inmediato. Con un rendimiento modesto del 7 % anual, en diez años esos 14,600 pesos acumulados podrían transformarse en más de 200,000 pesos, suficientes para un negocio pequeño, o un fondo de emergencia que diera tranquilidad a cualquier familia. Sin embargo, en lugar de construir patrimonio, esos recursos se disuelven en azúcar y colorantes que no solo no generan riqueza, sino que minan la salud.
El gasto en refrescos y bebidas azucaradas no solo erosiona las finanzas de una familia en el corto plazo, también abre la puerta a un problema mucho más costoso: la atención médica derivada de enfermedades como la diabetes y la obesidad. Un diagnóstico de diabetes tipo 2 implica consultas periódicas, análisis clínicos frecuentes, medicamentos diarios e incluso insulina en fases avanzadas. Estos gastos pueden representar una carga insostenible para hogares que ya destinan gran parte de sus ingresos a cubrir necesidades básicas.
A ello se suman los gastos indirectos: pérdida de ingresos por incapacidades laborales, reducción de la productividad y, en casos graves, la necesidad de que un familiar deje de trabajar para convertirse en cuidador. El sobrepeso y la obesidad también traen consigo complicaciones como hipertensión, problemas cardíacos o insuficiencia renal, que requieren tratamientos más caros y hospitalizaciones prolongadas. El impacto económico es devastador, pues mientras el gasto en refrescos parece barato y cotidiano, los costos médicos que desencadenan se convierten en deudas, patrimonio perdido y oportunidades truncadas.
El problema no se limita a los hogares: también afecta directamente a las finanzas públicas. Para instituciones como el IMSS, la diabetes representa el padecimiento más costoso. El sistema de salud, ya de por sí saturado, absorbe una parte de este costo, pero otra recae directamente en los pacientes a través de compras de medicinas, consultas privadas y hospitalizaciones. En este sentido, cada refresco consumido de forma cotidiana no solo compromete el futuro económico de una familia, sino que también contribuye a la creciente presión sobre un sistema de salud que enfrenta limitaciones financieras.
En este contexto surge la discusión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas. Este impuesto establece una cuota que recientemente se propuso aumentar para el próximo año de 1.64 pesos a 3.0818 pesos por litro (Paquete Económico 2026, SHCP).
El objetivo declarado es doble: desincentivar el consumo y, al mismo tiempo, generar ingresos fiscales para programas de salud. Sin embargo, las asociaciones empresariales argumentan que no existe evidencia concluyente de que los impuestos reduzcan el consumo de refrescos. Y es cierto que los datos son complejos. De acuerdo con el Inegi, en los últimos 30 años el consumo de refrescos se ha mantenido relativamente estable.
La recaudación proyectada por el aumento del IEPS se estima en torno a 47 mil millones de pesos adicionales que podrían destinarse a salud pública. Si esos recursos se emplean con transparencia en prevención, acceso a agua y educación, el efecto multiplicador social podría justificar la medida. Si, por el contrario, se usan sin criterios de impacto en salud pública, la medida será un parche recaudatorio con efectos limitados en la vida real.
Uno de los grandes problemas es que en muchos hogares el consumo de estas bebidas no es racional, sino emocional. El refresco se ha convertido en símbolo de convivencia, en un elemento de la mesa familiar, en el acompañante obligado de las fiestas y hasta en sustituto de la hidratación diaria. Romper con esa cultura requiere mucho más que subirle algunos pesos al litro.
Por eso como sociedad tenemos un papel ineludible. Aprender a mirar nuestras microdecisiones, esas que parecen insignificantes, con lentes financieras y de salud. Enseñar a nuestros hijos a preferir agua, a leer etiquetas, a escoger bebidas saludables son prácticas que transforman. Además, debemos exigir a las autoridades acceso real al agua y transparencia en el uso de los recursos públicos que se recaudan con los impuestos.
Cierro recordando aquella casa donde el agua era la única opción. Lo que entonces parecía una limitación, hoy lo reconozco como un privilegio. Porque en un país donde millones destinan parte de su salario a costear bebidas que los enferman, haber aprendido que el agua es suficiente es, en sí mismo, una verdadera forma de riqueza. Ojalá más personas pudieran verlo así y recuperar en lo simple lo que realmente nos beneficia.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
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Profesora universitaria y consultora financiera