El 25 de junio de 2025, mientras asistía al Foro IMEF Yucatán, entre paneles y conferencias sobre los temas financieros del momento, algo comenzó a quebrarse en el ambiente. Recuerdo el instante en que los rostros cambiaron. El nerviosismo de algunos asistentes, empleados y directivos de instituciones financieras empezó a sentirse en el aire. En los teléfonos, en los chats internos, en los correos, una noticia se propagaba con la velocidad del pánico: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acababa de acusar a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de mantener presuntos vínculos con cárteles mexicanos. Nadie en el salón lo sabía aún, pero ese instante marcaría el principio del fin para una institución financiera mexicana. El colapso no comenzó con una quiebra contable, sino con una sospecha. Y en el sistema financiero, la sospecha equivale a una sentencia.
En los días siguientes, las oficinas de estas instituciones se convirtieron en un epicentro de incertidumbre. Los clientes exigían respuestas, las sucursales se vaciaban, los cajeros quedaban sin efectivo y los empleados de toda la vida comprendían, antes que nadie, que ya no había regreso posible. Los rumores se hicieron certezas y las certezas, retiradas masivas. No hubo corrida visible: la fuga fue digital, silenciosa, pero letal. En poco tiempo, los fondos emigraron hacia otros bancos o casas de bolsa. Mientras tanto, las autoridades reaccionaron con el lenguaje frío de los comunicados. La CNBV anunció una intervención preventiva, el Banco de México pidió calma y el IPAB aseguró los depósitos. Pero dentro, la realidad era otra. Los directivos hablaban de liquidez y reservas, aunque todos sabían que el verdadero colapso era de reputación.
Finalmente, en el caso de CIBanco, el pasado 10 de octubre marcó su desenlace. Tras semanas de intentos por contener el daño reputacional y recuperar la confianza del mercado, sus directivos solicitaron formalmente la revocación de su licencia para operar como institución de banca múltiple. No hubo anuncio previo ni discurso de despedida: un comunicado sobrio confirmó lo que el sistema ya intuía, que el banco se había quedado sin aire. Las acusaciones no habían derivado en una sanción judicial ni en un colapso financiero inmediato, pero fueron suficientes para sellar su destino.
La caída de una institución financiera como CIBanco marca un hito. En cualquier sistema financiero, la reputación vale tanto como los estados financieros. En el caso de CIBanco el factor desencadenante fue la pérdida de confianza. Las acusaciones de lavado de dinero, las sanciones internacionales, las limitaciones para operar con contrapartes estadounidenses, provocaron una reacción visceral de los clientes, de los mercados, de los fideicomitentes. Un banco que ya no es percibido como seguro, aunque sus activos parecieran suficientemente grandes, está condenado. En ese sentido, el cierre de CIBanco es tanto una historia del fin de una entidad como una advertencia sobre hasta qué punto la reputación es la columna vertebral del sistema financiero.
Para quienes tenían ahorros en CIBanco, el golpe emocional puede ser considerable. Creer que un banco es seguro, que sus recursos están protegidos, y de pronto ver que la institución solicita su liquidación, que sus operaciones se detienen y que las sucursales cierran, genera inevitablemente enojo y frustración. En este contexto, el hecho de que la ley proteja hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, aproximadamente 3.4 millones de pesos al 10 de octubre de 2025, es un alivio, pero también un recordatorio de que esa protección tiene límites. Quienes mantenían una cuenta de ahorro, una nómina o un depósito a plazo por debajo de esa cantidad pueden respirar con cierta tranquilidad. Pero si sus depósitos superaban ese límite, entran en otra categoría: recibirán el monto garantizado por el IPAB, y para el resto deberán esperar los resultados de la liquidación, hasta que se vendan los activos del banco para cubrir los pasivos reconocidos, un proceso que puede tardar y ofrecer menor certeza.
Para quienes tienen una deuda con CIBanco podrían pensar: “ya que el banco cierra, me libero de mi obligación”. Pero no es así. La deuda continúa vigente, siempre que el contrato firmado tenga validez legal, y el proceso de liquidación no exime al deudor de su responsabilidad. Caer en la ilusión de que el cierre podría ser una liberación es peligroso. La obligación persiste, y la situación puede complicarse si el nuevo administrador o el comprador de la cartera decide modificar condiciones, intereses, plazos o reclamaciones. El cierre del banco no es un punto final para el deudor; puede ser, en cambio, el inicio de un nuevo capítulo de exigencias y retos financieros que requerirá atención y vigilancia constante.
Tanto los ahorradores como los deudores deberán dirigirse al IPAB para garantizar que sus derechos sean respetados. Los primeros, para recuperar los depósitos asegurados y dar seguimiento a los montos que excedan la cobertura legal; los segundos, para coordinar el pago de sus obligaciones con los nuevos administradores o compradores de las carteras. En ambos casos, el IPAB será el punto de contacto y la autoridad que delimitará los tiempos y procedimientos.
Esta asimetría, de ahorradores protegidos hasta cierto límite, deudores obligados a cumplir hasta el último peso, revela el carácter real del sistema financiero. No es un espacio de equidad, sino de reglas. Y las reglas no protegen emociones, protegen balances. De ahí la importancia de que los ciudadanos comprendan el alcance de su relación con las instituciones financieras. El banco no es un aliado ni un enemigo, solo es un intermediario que opera bajo ciertas reglas.
Finalmente, el cierre de CIBanco genera muchas preguntas. ¿Cuán madura es nuestra banca cuando un banco que parecía normal, con licencias, con funciones completas, puede ser derribado por una sanción internacional en cuestión de semanas? ¿Cuán sólidas son las instituciones financieras si no sólo dependen de sus balances, sino de su reconocimiento global? Y, sobre todo, ¿cuán preparados estamos como sociedad para proteger nuestros ahorros y diversificar riesgos?
Hoy, mientras los ahorradores esperan respuestas y los deudores buscan certezas, lo único que nos queda muy claro, es que el costo de perder la confianza sigue siendo el más alto de todos.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera