La más trascendental de las propuestas para la próxima reforma electoral no estará —hasta donde se sabe— en la iniciativa presidencial.
Aparece —yo diría que tímidamente— entre los planteamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), y algunos recordarán que formó parte de Plan A del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de la proporcionalidad pura aplicada al Congreso de la Unión, con el objeto de que cada partido político obtenga exactamente —o casi— un porcentaje de legisladores equivalente al porcentaje de su votación.
En el apartado “Representación proporcional” de su extensa propuesta, el INE formula así su planteamiento: “Se recomienda preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional. Su eliminación o sustitución por el principio de primera minoría podría causar mayor sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios, afectando a los partidos más pequeños.
“Si la crítica a los legisladores ‘plurinominales’ es que las cúpulas partidistas (y no los electores) deciden las candidaturas ganadoras, se sugiere valorar una transición hacia un modelo de proporcionalidad pura. En el cual, cada partido reciba un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos, a partir de listas de candidaturas abiertas. Bajo este esquema, el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto”.
Una reforma así revolucionaría la manera de elegir a los congresistas, desaparecerían los diputados y senadores de mayoría relativa (MR) y todos ellos serían legisladores de representación proporcional (RP) o plurinominales, elegidos a partir de listas que presentarían los partidos.
Eso justamente es lo que proponía originalmente la reforma político-electoral planteada por AMLO en 2022 y no aprobada porque una torpe oposición enarbolaba entonces el “no pasarán”, aplicable a las iniciativas cuya aprobación exigía mayoría calificada de dos tercios de legisladores y no sólo mayoría simple (la mitad más uno de diputados y senadores presentes). AMLO podía reunir la mayoría simple, pero no la calificada y por ello se requerían los votos de la oposición.
Si esa reforma se acordara ahora, se terminaría la polémica que suele acompañar la integración de las cámaras legislativas en los términos actuales. Una porción de la sociedad repudió en 2024 la aplicación de las normas que permitieron a la 4T obtener, con sus aliados, las mayorías calificadas necesarias para hacer reformas a la Constitución.
Aplicadas justamente como se había hecho en comicios anteriores, esas normas beneficiaron antes al PRI y al PAN y en 2024 favorecieron a Morena, pero los falsos demócratas la rechazaron con furia y no por espíritu democrático, sino porque no les gustó que la 4T fuera la beneficiaria.
La proporcionalidad pura. Con la desaparición de los legisladores de mayoría y la aplicación de la proporcionalidad pura, se estaría sirviendo en forma total a la equidad, pues cada fuerza política obtendría porcentajes del Congreso iguales o casi iguales a los de su votación.
La revolucionaria reforma estaría acompañada de complicaciones y transformaciones mayúsculas —desaparecerían, por ejemplo, los 300 distritos comiciales existentes—, pero sin duda se haría un servicio gigante a la equidad y a la democracia.
Uno de los autores del Plan A de AMLO, junto con Horacio Duarte Olivares, fue Pablo Gómez Álvarez, hoy pieza fundamental en la construcción de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ignoro si hoy Gómez y Duarte querrían impulsar la proporcionalidad pura, pero el hecho es que su antiguo proyecto garantizaba la ansiada equidad en la integración del Congreso de la Unión, la cual, por supuesto, podría replicarse en las entidades federativas.
Alguien que, en buena hora, externó públicamente su respaldo a la proporcionalidad pura es el consejero del INE Uuc-Kib Espadas, durante una reciente conferencia de prensa. Es cierto, sin embargo, que esa manera de elegir a los congresistas es poco conocida por el electorado, en cuya mayor parte prevalece la preferencia por la elección de mayoría relativa, como lo refleja una serie de encuestas realizadas para el gobierno federal por Covarrubias y Asociados, De las Heras Demotecnia y Buendía y Márquez. Eso sí, habría que legislar de tal manera que no causara perjuicio a los partidos menos votados, lo cual dependería sobre todo del número de circunscripciones en que se dividiera el país.
Esa gran reforma no está considerada en la iniciativa presidencial, pero la radical y positiva transformación que conlleva le da vigencia al tema para la actualidad y para el futuro. En mi opinión, la democracia mexicana debería marchar ya hacia la equidad total.
Periodista
Ventana con texto de 16 puntos… Ventana con texto de 16 puntos…