Aunque no hay definición aún sobre los contenidos de la iniciativa de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso, al parecer los organismos públicos locales (OPLes) no desaparecerán, pero sí se redimensionarán.
En una serie de tres columnas anteriores (11, 18 y 25 Sept. 2025) detallé las diversas razones por las que tales órganos locales no deberían desaparecer. Conviene recordar y ampliar una de ellas: la narrativa de que hay duplicidad de tareas entre INE y OPLes y que el órgano federal puede absorberlas sin problema y con un ahorro considerable.
Es errónea tal narrativa: ni hay duplicidad, ni el INE podría absorber tareas con su estructura actual y tampoco se ahorraría dinero federal. Una numeralia es útil para demostrarlo: en 2024 hubo elecciones federales de Presidencia, 128 senadores y 500 diputados, es decir, 729 puestos de elección popular. En contraste, en los estados fueron elegidos 20 mil 079 cargos entre gobernadores, diputados, alcaldes y munícipes.
En todo el país, el INE registró 3,306 candidaturas en total, muchos menos respecto de los registrados individualmente por los OPLes de entidades más pobladas. Entre estas figuran el Estado de México, con 13,000 candidatos registrados y Nuevo León con más de 5,000. Es decir, hay OPLes que registraron más candidaturas que todas las federales en 2024.
Debe tenerse presente que el registro de candidatos es sólo una de las tareas que los órganos locales realizan y es de gran importancia, porque así se define el universo de ciudadanos del que los electores escogerán. Ahora bien, no se trata sólo de anotar nombres, sino que registrar implica la verificación de requisitos legales y reglamentarios de quienes buscan postularse, así como el cumplimiento de los principios de paridad e inclusión.
Obviamente, para atender las candidaturas y otras actividades de los procesos locales, además de la complejidad resultante, el INE requeriría contratar más personal, lo cual elevaría necesariamente su presupuesto, incremento que le tocaría financiar al gobierno federal. Actualmente los gastos de los OPLes son pagados por las entidades federativas.
Sin mengua de lo expuesto aquí y en columnas anteriores, es cierto que una revisión puntual, cuidadosa y de preferencia escuchando a los consejeros estatales, arrojará luz sobre áreas y acuerdos que permitan ahorros.
Por ejemplo, hay algunos OPLes donde la legislación local no se ha alineado con la federal y propicia que en uno de ellos exista un área de fiscalización, pero ésta se encuentra reservada al INE, por lo cual no se justifica una instancia local de ese tipo.
También habría la posibilidad de reducir la estructura de los OPLes en años sin proceso electoral y aumentarla cuando se inicien tales procesos. Por supuesto, debe evitarse afectar negativamente a los órganos locales. Ahorrar sin debilitar, debe ser la consigna.
Financiamiento y no duplicidad. El financiamiento estatal a los OPLes debería ser sometido a revisión porque con demasiada frecuencia los órganos locales electorales no sólo reciben presupuesto insuficiente, sino que el suministro oportuno se les regatea por parte de las tesorerías estatales, con las consecuencias indeseables de inestabilidad económica: proyectos que se demoran o cancelan, retrasos en sueldos y prestaciones, dificultades para pagar a proveedores…
Convendría explorar la posibilidad de que fuera el INE quien dispersara todo el presupuesto de OPLes y que Hacienda le transfiriera recursos específicos para ello, deduciéndolos de las participaciones de los estados, o bien que Hacienda entregara directamente el presupuesto a los OPLes, deduciéndolo igualmente.
Claro, para ello convendría escuchar a los consejeros estatales. Lo importante es que cese la zozobra financiera que continuamente sufren muchos de los organismos electorales locales, más aún cuando los gobiernos estatales condicionan el suministro de recursos a determinadas conductas o acuerdos de los OPLes.
Sobre la inexistencia de duplicidades INE-OPLes, la Asociación de Institutos Electorales de las Entidades Federativas sostiene que desde la reforma electoral de 2014 se realizó un arduo trabajo reglamentario “que en la actualidad distribuye con claridad las funciones específicas de ambas autoridades”, pues fijó con rigor las tareas de cada cual, respetando competencias y autonomía.
En este sentido, evitar la duplicidad (y sus costos asociados) es un trabajo que fue oportunamente conducido por el INE y los OPLes, y que hoy está en distintos ordenamientos normativos, especialmente en el Reglamento de Elecciones, señala la asociación en su documento “Aportaciones para la discusión de una reforma político-electoral desde las entidades de la República”.
Periodista