Hay eventos que son imposibles de ocultar o silenciar a nivel de medios de comunicación y sociedad, debido a que su impacto cala profundamente en los ciudadanos, así como la crueldad de estos encienden el interior de la persona motivando a clamar justicia y soluciones prontas para la erradicación de todo acto de maldad desmedida.
Acontecimientos que requieren la debida atención de parte de las autoridades responsables, quienes al asumir el puesto también son encargadas del cuidado y aplicación de las sentencias a organizaciones e individuos que alteren el orden social.
Sin embargo, en nuestro querido México los actos violentos dan la impresión de poder ejecutarse libres de toda consecuencia y punición. A nadie parece preocupar dar castigo a los cárteles criminales que se han apoderado de gran parte de nuestro país, sembrando miedo y horror entre la ciudadanía de nuestras comunidades.
Por tanto, la Iglesia Católica en su responsabilidad de ser profeta que anuncia el Evangelio y denuncia todo aquello que atente contra la dignidad del ser humano, se une al clamor de los familiares, amigos y sociedad de la comunidad de Loma de Flores, en la zona norte de Salamanca, quienes el pasado domingo 25 de enero fueron agredidos y 11 personas masacradas en una cancha de futbol; suceso que deja en claro la impunidad que el gobierno federal concede a los grupos del crimen organizado, ya que la opinión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera al día siguiente del violento exterminio fue tan breve que dejó constatar su indiferencia para aplicar todo el peso de la ley a los asesinos responsables, así como la falta de empatía para con todos los que lloraban por sus seres queridos ejecutados.
En la actualidad resulta preocupante que seamos, en palabras del escritor Mario Vargas Llosa, una “sociedad del espectáculo”, donde los hechos delictivos, cruentos y estridentes acontezcan con más frecuencia y ya no produzcan efecto en nosotros; que la indiferencia haya calado en nuestro ser a fin de permanecer inmóviles y apáticos, de tal forma que la resolución y ejecución de las penas debidas queden en el olvido.
Ciertamente la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato dio a conocer el pasado miércoles la detención de tres presuntos responsables de la masacre y “de acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cartel de Santa Rosa de Lima” y las líneas de investigación señalan la participación de Moisés Soto Bermúdez, quien encabeza el grupo de choque de “los Marros”, como indican fuentes del gobierno federal.
No obstante, la evidencia, también es prudente mencionar que Salamanca está inmersa en una ola de violencia desde hace años atrás y que el menudeo de drogas, como la metanfetamina y marihuana son señales del descontrol y libertad con la que los grupos delictivos cuentan para operar en lo cotidiano.
Por eso, ante la velada pasividad y permisividad de nuestras autoridades federales, la jerarquía católica, ha promovido acciones en favor del restablecimiento del tejido social y la promoción de campañas en todos los niveles de acción para concientizar en el fomento de valores en el seno de las familias e instituciones, para así contrarrestar los efectos dañinos que enervantes y crimen actualmente ofrecen.
Nadie puede sustituir el lugar y la responsabilidad de las organizaciones gubernamentales, como tampoco se puede defender la pobre respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al hacer maromas en sus discursos oficiales para no condenar a la administración federal pasada de permitir con su política de: “abrazos no balazos”, la gestación y desarrollo de la violencia que hoy tiene esclavizada a nuestras ciudades.
Por esto, aunque haya opiniones que desacrediten la intervención y la voz de la jerarquía eclesiástica o quienes citen: “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, no podemos quedarnos inertes ante las tristezas y lágrimas de aquellos que, siendo inocentes, han sufrido en carne propia el dolor de ser alcanzados por el daño de una bala perdida, algún secuestro u homicidio que les privó de la presencia de su ser querido.
El establecimiento de la paz es una labor ardua que implica la colaboración de todas las personas sin distinción, que conlleva trabajar por exigir a las autoridades responsables de la ejecución de la ley no dejarse seducir e involucrar en los juegos de poder que las mafias ofrecen a cambio de generosas cuotas; que darle prioridad a la verdad reclamará erradicar la impunidad que tanto mal ha generado en nuestra nación a fin de que Iglesia e instituciones gubernamentales trabajen sin miedo a reclamar la justicia tan anhelada por nuestra sociedad actual.— Mérida, Yucatán.
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Sacerdote católico