Con una ligera dosis de estadistas que tuvieran nuestros mandatarios, en México hablaríamos de la existencia de un desarrollo sociodemocrático, aunque sea en ciernes.
Estadista, dice la RAE: “Persona con gran saber y experiencia en los asuntos de Estado”.
Clara, pero incompleta la definición para los fines que le han sido dados al término en cuestión.
Estadista se le llama al gobernante que piensa más allá de sí mismo, de su partido político, más allá del aquí y el ahora. Es aquél que piensa y actúa para construir un futuro común creciente, positivo y robusto en lo social, económico, político, sanitario, cultural…, sin menoscabo de que no le corresponda cosechar los resultados.
Si ese fuera el caso de quien ocupa el poder, la reforma electoral que se avecina sería pensada como un instrumento de consolidación democrática para llevar al país a la mayoría de edad en materia de instituciones y procedimientos electorales.
Si así fuera, la iniciativa de reforma no estaría pensada para asentar la eternidad partidista; por el contrario, se afanaría en poner el andamiaje del constructo democrático y republicano.
Si de estadistas habláramos, la propuesta no sería un instrumento para sofocar al árbitro electoral vía presupuesto, dejándole solo funciones básicas y mutilando su papel esencial de promotor e interventor de la vida democrática.
No sería una herramienta para estrangular a la oposición disminuyendo recursos, oxígeno puro para aquellos que no ocupan el gobierno.
En suma, la iniciativa de reforma electoral no sería un entramado político fraguado para perpetuarse en el poder, seguir controlando —aún más— al legislativo y al judicial, y restar instrumentos —ejemplo, el PREP— que puedan desmentir la versión oficial.
Naturalmente no tenemos estadistas. Si acaso hubo un asomo de gobiernos con esas trazas —muy lejos, vale decir—, toda esperanza se perdió con la llegada de la 4T.
Este movimiento no solo deja ver con transparencia que aquel que no les aplaude es un contrincante; además, ataca sin cortapisas a la oposición, con verdades vendedoras en el discurso, y con mentiras abiertas, porque la certeza no importa sino sembrar la narrativa.
Pero si bien la iniciativa de reforma electoral pone de manifiesto el nulo interés por el ejercicio democrático abierto y parejo, las reacciones de los otros partidos —lo mismo sus comparsas que la oposición— son dignas de mención.
Los partidos Verde y del Trabajo están enredados en un laberinto del que no queda claro qué deberán conceder para no ser excluidos de la ecuación por su hermano mayor. Reducir los plurinominales y restarles presupuesto significaría condenarlos a la extinción.
La razón de ser de ambos partidos ha estado muy lejos de la representación popular: su proceder es el acomodo electoral, que les ha permitido alcanzar importantes, jugosas posiciones en las últimas décadas.
Dicho de otra forma: su prioridad es el ajedrez electoral que juegan con el partido mayoritario. Los ciudadanos existen en tanto escalones en sus cálculos plurinominales.
El otro movimiento, el que lleva el término Ciudadano en el membrete, hizo ayer pública su reacción a la iniciativa de reforma. Desde el punto de vista electoral, luce inviable por su complejidad constitucional; desde el político, se vislumbra imposible de pasar en el Congreso, pero desde el punto de vista mercadológico —fiel a la narrativa de ese partido— despunta como un buen golpe mediático. La propuesta: permitir el voto a partir de los dieciséis años.
Desde que MC empezó a anclar su presencia en el entramado político nacional, el mensaje se ha dirigido a los jóvenes.
Si su propuesta pasa, se sumarían al padrón electoral 4.5 millones de probables votantes, que se dividirían entre MC y Morena. Ningún otro partido de oposición ha hecho labor visible para conquistar el mercado joven.
Por supuesto que esa propuesta es como los llamados a misa. Como lo es también otro punto interesante en su planteamiento: garantizar la obligatoriedad del voto.
Si bien el sufragio, de acuerdo con la Constitución, es obligatorio (art. 36), también se plasma como un derecho (art. 35 ), lo que le da una naturaleza doble. Más aún, si el voto se incumple sin causa justificada, “se pueden suspender los derechos y prerrogativas del ciudadano” (art. 38).
Es claro que en los hechos no sucede así. ¿Cómo amarraría MC su propuesta para lograrlo?
El tema evidente hasta este punto es que el PVEM y PT claman por su permanencia y sus prerrogativas políticas y económicas, y lo mismo MC. Este último partido, sin embargo, aunque sea por dar un golpe mediático, acompaña su inconformidad con propuestas.
Por el contrario, los dos partidos de oposición con más prosapia y, al menos en el caso del Acción Nacional, presencia, han limitado sus reacciones al rechazo. El PRI, con una respuesta que se cae sola por su obviedad, en el sentido de que la reforma altera el equilibrio electoral y pone en riesgo la autonomía del árbitro, y el PAN sosteniendo que se debe abordar el tema de la presencia del crimen organizado en las campañas electorales.
Ambas reacciones no pasan de la declaración en entrevistas de banqueta.
Con su peregrina propuesta para atraer simpatías, MC ha desnudado la inacción y parálisis de PAN y PRI frente a una iniciativa de reforma que a todas luces les perjudica, como a todo el entramado democrático.
Les están poniendo una paliza y el nocaut está próximo, y ni siquiera meten las manos. ¿Estarán esperando que al gobierno le brote lo estadista por obra de un milagro?— Mérida, Yucatán
Politólogo