CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Nos pide que le creamos, que confiemos en sus supuestas buenas intenciones. En medio de una severa crisis económica, en un clima de incertidumbre por la creciente inseguridad y las presiones externas, la presidenta Claudia Sheinbaum decide presentar finalmente su iniciativa de reforma electoral, que —asegura— “responde a un compromiso con la ciudadanía”.
Como cabeza visible del movimiento que desde 2018 ha debilitado sistemáticamente los contrapesos democráticos, la presidenta propone ahora un “Decálogo de la Democracia”, que “busca fortalecer la transparencia, la equidad en las contiendas y la participación ciudadana”. Advierte que, si no se aprueba, recurrirá a un “plan b”, muy al estilo del obradorismo.
Con todo el poder de la propaganda, Palacio Nacional afirma que gracias a su reforma tendríamos elecciones más democráticas y menos costosas, lo que suena estupendo. También aseguran que daría mayor poder al ciudadano frente a las cúpulas partidistas y más transparencia en el financiamiento de campañas. Magnífico, pero ¿por qué ahora sí habríamos de creerles?
Ante esa desconfianza, los cuestionamientos son inevitables. Si realmente se busca avanzar en el desarrollo democrático, cabría preguntar: ¿por qué no se elimina la sobrerrepresentación legislativa? ¿Por qué no se recomienda la segunda vuelta electoral? A ello se suma otro reproche recurrente: la falta de consensos con otras fuerzas políticas en torno a la iniciativa oficial.
Si la prioridad es transparentar el financiamiento, ¿por qué no se propone un análisis profundo y una legislación específica para frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales? Los propios aliados de Morena —el PT y el Verde— advierten que la propuesta de recortar recursos a los partidos podría terminar aumentando el flujo de dinero ilícito.
Urgido de alcanzar la mayoría calificada para que su propuesta prospere —algo que no logra consolidar ni siquiera con la sobrerrepresentación legislativa que hoy le permite tener el 74% de las diputaciones con apenas el 54% de los votos—, el régimen intenta convencer resaltando las supuestas bondades de su iniciativa para el “pueblo”. ¿Por qué creerle?
¿Por qué habríamos de confiar en sus promesas? Nos aseguraron, por ejemplo, que los “proyectos estratégicos”, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, serían las “palancas transformadoras del desarrollo nacional”. La realidad es otra: esta semana se informó que el improductivo ferrocarril y sus hoteles registraron en 2025 pérdidas por 6,398 millones de pesos.
LA CORRUPCIÓN
En la lucha contra la corrupción, supuesto objetivo insignia del obradorato, prometieron esclarecer escándalos del pasado “neoliberal” y del presente. Sin embargo, la mayoría sigue sin sentencias firmes, con procesos interminables y sin sanciones para responsables de alto nivel. Ahí están los casos de Emilio Lozoya y los fraudes en Segalmex y el huachicol fiscal.
El gobierno asegura que la supuesta captura de “El Mencho” no fue para “bajar la presión de Estados Unidos”, sino para cumplir una antigua orden de aprehensión. Insisten en que el narcotraficante falleció, pero no muestran el cadáver. Se deslindan de los cárteles, pero consienten el escandaloso “funeral” en Jalisco de Nemesio Oseguera, líder del CJNG. ¿Cómo creerles?
En Yucatán, el gobernador Díaz Mena insiste en que a su gobierno lo mueven la defensa de la “voluntad popular” y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, no logra deslindarse del creciente poder y los serios señalamientos contra el gobierno paralelo que dirige el constructor Mario Millet. Se dice demócrata, pero continúan sus ataques a la autonomía de Mérida.
El ejemplo de las democracias más desarrolladas muestra que las elecciones se fortalecen cuando existen instituciones independientes, reglas equitativas, justicia electoral eficaz y una ciudadanía informada. También son indispensables la transparencia en el financiamiento y frenos efectivos al uso de dinero ilícito, que distorsiona la competencia democrática.
CINISMO POLÍTICO
Desde 2018, el régimen morenista ha dejado muy claro que su ruta es la de la centralización del poder político, la desconfianza en los órganos autónomos y la construcción de legitimidad a partir de un “mandato popular”. Se ha pretendido privilegiar una supuesta voluntad del “pueblo” sobre los contrapesos institucionales y las reglas estables que exige toda democracia.
Renuentes hasta ahora a respaldar la reforma, el PT y el Verde advierten que la iniciativa podría abrir la puerta a un partido de Estado —como el de la antigua hegemonía autoritaria del PRI— y alterar el equilibrio de la pluralidad política. Inquieto por el rechazo, el gobierno acude a las encuestas para intentar demostrar el supuesto “apoyo popular” a su propuesta.
¿Por qué confiar en las promesas morenistas? Nos aseguran que buscan democratizar el sistema, con elecciones menos costosas y mayor participación ciudadana, pero analistas y expertos advierten un alto riesgo de debilitamiento institucional, reducción del pluralismo y mayor concentración del poder. Prometen una cosa, pero los hechos indican lo contrario.
Estemos atentos a lo que suceda en los próximos días en el Congreso de la Unión. No olvidemos el clima de cinismo político al que nos están acostumbrando: hablan de transparencia mientras practican la opacidad, prometen combatir la corrupción pero toleran abusos e invocan la democracia mientras debilitan los contrapesos. Exijamos congruencia.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx(https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia