Con el rechazo a la iniciativa presidencial de reforma electoral, México perdió ayer la oportunidad de racionalizar su descomunal gasto en comicios, uno de los mayores del mundo, y de empoderar a sus ciudadanos con la votación directa para elegir a sus diputados de representación proporcional (RP), tema al que aludí en columna anterior.
Durante años he venido sosteniendo la necesidad de racionalizar ese gasto, cuyo monto principal está contenido en el presupuesto del INE, que se divide en dos grandes rubros: la operación del INE y el financiamiento a partidos. El total de este año asciende a casi 22 mil millones de pesos: 14 mil 099 millones (INE) y 7 mil 737 millones (partidos)… y no hay comicios federales.
A esas cifras deben agregarse los presupuestos del Tribunal Electoral del PJF y de los órganos administrativos y jurisdiccionales de las entidades federativas, que suman una cantidad semejante a la del INE-partidos, para un gran total superior a los 40 mil millones de pesos.
En este contexto, era acertado el planteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien propuso en su iniciativa —que fue desechada en la Cámara de Diputados— la reducción de 25% en el costo de los comicios.
Los defensores del “statu quo” argumentan que las reducciones propuestas pondrían en riesgo las tareas sustantivas del INE, pero esto no es así. El INE se acostumbró a nadar en la abundancia y ello dio lugar a una suerte de barones electorales que no sólo cobraban salarios muy altos sino que se autoasignaban bonos o sobresueldos excesivos.
Además, hubo años en que el exceso de presupuesto originó compras locas en el último trimestre porque las áreas del INE no alcanzaban a gastar los dineros asignados, como lo señaló en su oportunidad su contraloría.
Hubo otros excesos, entre ellos el escandaloso caso del edificio de Acoxpa 436, que en 2009 fue adquirido al doble del avalúo original del Indaabin.
La iniciativa presidencial propuso una serie de medidas, entre ellas ajustar los ingresos de consejeros y altos mandos del INE al Artículo 127 de la Constitución (ningún servidor público puede ganar más que quien ocupe la Presidencia de la República). Sin embargo, el ajuste no debe limitarse a los ingresos personales, sino —por ejemplo— ampliarse a la determinación de menores costos en insumos como los materiales y la documentación electorales.
Los defensores del presupuesto del INE saben o deben saber que el Instituto no necesitaría de los montos actuales si racionalizara su gasto. Uno de los rubros que demandan revisión es su plantilla laboral. Es muy importante y apreciable el trabajo que realiza el personal del INE, pero no se sostiene la necesidad de tener permanentemente, incluso cuando no hay procesos electorales, una plantilla superior a 18 mil trabajadores (a octubre de 2025).
Es probable que la reconfiguración del INE se incluya en el anunciado Plan B. Es de esperarse que se legisle con prudencia.
Aquel Plan B de AMLO. La iniciativa presidencial proponía también la reducción del financiamiento púbico a los partidos, cuya desmesura no se limita al enorme monto señalado, sino se extiende al hecho de que, desde hace años, su presupuesto está prácticamente predeterminado en la Constitución.
La propuesta disminución de tal financiamiento y la pérdida del control de las listas de candidatos plurinominales o de RP son dos de los principales factores de que la iniciativa presidencial fuese desechada.
Aunque es mayoritaria, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados no posee los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada (de hecho, ningún partido puede tenerla por sí mismo), y los aliados de Morena, el PT y el PVEM, votaron contra la mencionada reforma.
Se abre la puerta al plan b, ya anunciado por la Presidenta, es decir el intento de aprobar al menos una parte de las propuestas desechadas, en leyes secundarias. Ya se habla de un paralelismo con lo ocurrido en el sexenio pasado, cuando el presidente López Obrador hizo lo propio, al no lograr la aprobación de su reforma constitucional en materia comicial.
Aprobado en el Congreso, el plan b de AMLO fue invalidado por la Suprema Corte, pero contrariamente a lo que mucho se comenta en estos días, el contenido de las reformas legales no fue declarado inconstitucional por la Corte presidida por la ministra Norma Piña, pues el alto tribunal no entró al fondo del asunto. Lo que sí hizo fue invalidar en su totalidad el decreto respectivo, pero por violaciones al proceso legislativo, que en efecto fue sumamente desaseado en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Periodista