Francisco Javier Rodríguez Vadillo (*)
Entre la legítima protesta y el deber de autoridad, la omisión también tiene consecuencias. El costo no sólo se mide en pesos, sino en la erosión institucional.
En toda sociedad democrática, el derecho a la manifestación es incuestionable; también lo es la obligación del Estado de proteger el patrimonio que pertenece a todos. Lo ocurrido en el Monumento a la Patria en Mérida no abre un debate sobre la protesta en sí, sino sobre algo más delicado: la forma en que la autoridad decide ejercer —o no— sus atribuciones. Porque cuando la autoridad se abstiene, no se mantiene neutral; fija una postura que impacta directamente en el orden público.
Las estimaciones preliminares del Instituto Nacional de Antropología e Historia sitúan el costo de restauración en más de 8 millones de pesos, sin considerar otras afectaciones en el entorno urbano. Son recursos públicos que deberán destinarse a reparar un daño que no era inevitable. Pero más allá de lo económico, el fondo del problema es otro: la señal institucional que se envía cuando el cumplimiento de la ley se vuelve intermitente.
El patrimonio histórico no es circunstancial ni accesorio. Su protección no depende del contexto político ni de la complejidad social del momento; es una obligación permanente. La normativa en la materia es clara: estos bienes deben preservarse frente a cualquier afectación, y ese mandato no se suspende ni se debilita. En un Estado de derecho, la ley no es optativa ni está sujeta a interpretaciones de conveniencia; se aplica.
En este contexto, conviene recordar que la responsabilidad de preservar el orden público y proteger el patrimonio no es difusa. Corresponde a las autoridades en sus distintos niveles, cada una dentro de su ámbito de competencia, actuar de manera coordinada y oportuna. La coordinación institucional no es optativa. Cuando esa responsabilidad se diluye o se pospone, la omisión deja de ser circunstancial y se convierte en una forma de gobierno.
Lo ocurrido no evidencia falta de herramientas, sino falta de aplicación. Yucatán cuenta con una de las corporaciones policiales mejor evaluadas a nivel nacional, resultado de una política pública sostenida desde la administración de Víctor Cervera Pacheco, que apostó por la profesionalización, disciplina y capacidad operativa. Es decir, no se trata de ausencia de fuerza institucional, sino de la decisión de no emplearla en el momento oportuno, aun cuando las condiciones exigían hacerlo. Porque la capacidad sin decisión también es una forma de omisión.
Las ciudades con instituciones consolidadas han demostrado que es posible garantizar el derecho a la protesta sin renunciar al orden ni a la protección del patrimonio. Prever, delimitar y resguardar no es reprimir; es gobernar.
El Monumento a la Patria no es un lienzo ni un espacio para agravios. Es un símbolo histórico cuya integridad no puede quedar sujeta a decisiones del momento. Permitir su afectación sin una respuesta inmediata transmite una señal preocupante: que los límites del espacio público pueden diluirse cuando la autoridad, en cualquiera de sus niveles, decide no ejercerlos.
El daño material podrá repararse. El institucional, sólo si se reconoce y se corrige. Porque cuando la autoridad opta por la inacción frente a lo previsible, no evita el conflicto: traslada sus consecuencias a la ciudad.
Mérida no es ajena a los efectos de decisiones públicas mal gestionadas frente a la inconformidad social. El episodio del llamado “paso deprimido” evidenció los riesgos de perder el equilibrio entre autoridad, legalidad y sensibilidad social: ni la imposición sin diálogo ni la permisividad sin límites fortalecen la vida pública. Ambas, en distintos momentos, han generado costos políticos y desgaste institucional.
De cara a los procesos electorales de 2027, la ciudadanía no sólo observará lo que se dice, sino lo que se hace —y, sobre todo, lo que se deja de hacer. También distinguirá con claridad el papel que corresponde a cada orden de gobierno y la forma en que asume —o evade— su responsabilidad en momentos críticos. La protesta es legítima; el vandalismo, no. Y es precisamente en esa línea donde se mide la capacidad de gobierno: en la disposición de actuar con oportunidad, proporcionalidad y firmeza, aun cuando ello implique asumir costos políticos.
El liderazgo público no se define por evitar tensiones, sino por conducirlas con responsabilidad. Entre la popularidad inmediata y el cumplimiento del Estado de derecho, la diferencia es clara. Y también lo son sus consecuencias.
La ciudadanía observa, evalúa y, llegado el momento, decide.
Cuando esos límites se diluyen, no sólo se deteriora el patrimonio: se erosiona la confianza en las instituciones y se debilita la credibilidad de la ciudad como espacio de orden, legalidad y conducción pública efectiva.— Mérida, Yucatán
Expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos