Silvia América López Escoffié (*)
La tecnología y los cambios sociales no piden permiso: simplemente ocurren. Transforman la manera en que nos movemos, trabajamos y vivimos. Sin embargo, las reglamentaciones —que deberían acompañar estos cambios— suelen llegar tarde. Y cuando eso pasa, la consecuencia no es menor: Se rompe la armonía de la vida cotidiana.
La motocicleta es hoy uno de los ejemplos más claros de esta transformación en Yucatán. Su crecimiento no es marginal: Es explosivo. En la zona metropolitana de Mérida, su número se ha duplicado en menos de una década. A nivel estatal, el parque vehicular de motos se ha triplicado. No estamos ante una tendencia pasajera, sino ante un cambio estructural en la movilidad.
Este crecimiento no se limita a Mérida. Municipios de la zona metropolitana, como Yaxkukul según datos del Inegi, reporta que hoy es el tercer municipio con más motocicletas por cada mil habitantes en todo México —impulsados por el desarrollo industrial y habitacional— han visto cómo la motocicleta se convierte en el principal medio de transporte. No es un lujo: es una necesidad ante la carestía e insuficiencia del transporte público.
Pero el crecimiento estatal de las motocicletas tiene un incremento seis veces mayor al crecimiento poblacional generando retos significativos en la seguridad vial y rebasando la capacidad de adaptación de nuestras ciudades.
Los siniestros de tránsito aumentan, los lesionados se multiplican y los motociclistas concentran una proporción alarmante de las muertes viales. Cuando no se atiende una nueva realidad, el equilibrio de la vida cotidiana se fractura, consecuentemente aparece el desorden, el riesgo y la sensación de que nadie está realmente a cargo.
Desde mi punto de vista considero urgente implementar medidas ante la manifestación de un cambio profundo por lo que hay que estructurar acciones inmediatas y factibles para modificar el sistema de vialidad. La motocicleta en sí misma no es el problema.
Desde luego el reglamento de tránsito ya contempla:
1. Placas obligatorias, pero visibles.
2. Padrón actualizado, hasta de vehículos más pequeños como las scooters.
3. Licencia para motociclista para todos, hasta los que viven en el campo.
4. Casco certificado, no de juguete.
5. Multas ante el incumplimiento y retención de la moto. Sobre todo, a los que entregan mercancías y desde luego, revisar los contratos para que la exigencia recaiga en las empresas.
6. Chalecos reflejantes.
7. Seguro obligatorio de amplia cobertura.
Y aquí aparece una de las distorsiones más delicadas del sistema: El enfoque del seguro obligatorio que hoy es únicamente por responsabilidad civil y daños a terceros.
En la práctica un siniestro vial no siempre es culpa del automovilista, en muchas ocasiones la falta es de los motociclistas. Con frecuencia, la carga recae sobre el conductor del coche, aunque no necesariamente por responsabilidad directa, sino porque es, en ocasiones, el único que cuenta con seguros más amplios, capaces de cubrir daños y gastos médicos.
El motociclista, en cambio, muchas veces circula sin la cobertura suficiente —o sin ella—, lo que genera un desequilibrio: Ante un accidente, quien puede pagar termina siendo quien asume la responsabilidad.
Así, el sistema no solo es injusto, sino perverso: No premia la prevención ni protege la vida, sino que traslada el costo hacia quien tiene cómo responder.
Porque hoy no necesariamente paga quien causa el daño, sino quien tiene con qué pagarlo.
La moto es un vehículo donde el cuerpo humano es la carrocería, por lo tanto, requiere mayor protección para el conductor y esta omisión del seguro no es un asunto menor. La legislación actual protege el daño hacia terceros, pero deja en segundo plano la protección del propio motociclista, que es quien enfrenta el mayor riesgo.
El verdadero debate debería ir más allá. Si la motocicleta es ya un componente central de la movilidad, entonces la legislación tendría que evolucionar hacia esquemas que incentiven —o incluso obliguen— la protección del propio conductor: Seguros de gastos médicos, cobertura por invalidez, mecanismos que realmente atiendan el riesgo humano y no solo el patrimonial.
Porque hoy, en muchos casos, un accidente no solo implica una colisión: Significa endeudamiento, incapacidad permanente o pérdida total del sustento familiar.
La respuesta fácil —culpar al dueño del coche para simplificar el problema— evita enfrentar lo verdaderamente complejo.
Mérida, su zona metropolitana y en general todo el estado requiere reconocer que esta transformación llegó para quedarse. Y eso implica actuar en serio:
Infraestructura vial segura y adaptada.
Regulación inteligente.
Educación vial efectiva.
Y un rediseño del sistema de aseguramiento que ponga en el centro la vida.
Yucatán está en un punto de quiebre. Puede seguir reaccionando tarde o puede anticiparse y ordenar esta nueva realidad con inteligencia.
Porque cuando la ley no alcanza a la realidad, no es la realidad la que se detiene: Es el orden el que se rompe. Y, en este caso, también se están rompiendo vidas.
¿Tú, cómo lo ves?— Mérida, Yucatán
Exdiputada