Pasaron seis décadas, sesenta años, catorce períodos gubernamentales, trece gobernadores (Cervera Pacheco lo fue dos veces), desde Luis Torres Mesías hasta Joaquín Díaz Mena, para que el delicado tema del agua potable volviera a estar en el centro de los problemas.
Mucho se ha escrito en las páginas del Diario del asunto del agua potable en los años sesenta del siglo pasado. Un repaso fugaz: ante los crecientes casos de víctimas mortales infantiles por el consumo de agua de pozos y aljibes, práctica común de la población yucateca, se decidió tender una red de agua potable en el Estado. El gobierno contrató un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, se hicieron los trabajos (que no alcanzaron a cubrir el objetivo trazado) y se impusieron tarifas. Por primera vez, los yucatecos pagarían por el agua. Nunca ha sido fácil cambiar los hábitos de un pueblo, menos cuando se trata de hacerlo pagar por algo que antes era gratis.
El gobierno federal montó en cólera porque se impusieron tarifas muy bajas, frenó obras federales estrangulando al estado y orilló a imponer tarifas elevadas. En el ínterin, el presidente Díaz Ordaz regañó a una comitiva de empresarios yucatecos, dijo que el pueblo de Yucatán estaba acostumbrado a tomar caldo de microbios, y el congreso local y el gobernador Torres Mesías agacharon la cabeza. El miércoles 2 de agosto de 1967, el Diario publicó en primera plana la aprobación, el día anterior, de las elevadas tarifas del agua potable.
Fue una “sesión relámpago de media hora”, en la que “por unanimidad de votos y sin la menor protesta u observación” se aprobó el decreto. En el congreso, “numeroso grupo de incondicionales colmó desde temprano el local… Se había preparado, pues, el escenario”.
Al pueblo no solo le hicieron pagar por lo que no había erogado hasta entonces, sino que además le incrementaron lo inicialmente anunciado. Es imaginable el malestar social que eso provocó. El PAN lo capitalizó y ganó la alcaldía de Mérida por vez primera.
Transcurrieron sesenta años para que el agua potable se volviera a colocar en el centro del debate, por sus fallas, evidentemente. Cuando algo funciona bien no es noticia.
Vecinos de no pocas colonias de Mérida se han quejado por la falta o debilidad en el suministro del agua potable. Entre ellas figuran los Vergeles, del I al V y 65, Carranza, Alemán, Nueva Alemán, Itzimná, México, Felipe Carrillo Puerto, Industrial, La Plancha y otras tantas. La Japay, a cargo de un ingeniero civil más dedicado a la política que a la operación técnica, argumenta que la red de agua potable es antigua y presenta serios problemas. Problemas que no habían surgido, por cierto, hasta que entró la actual administración.
Puesta la mesa por “Panchito”, el domingo pasado, el gobernador Díaz Mena anticipó que su gobierno contratará un empréstito de $1,500 millones, “para mezclar recursos (se asume que se refiere a “mezclar” estatales y federales, pues lo declaró frente a la titular del Ejecutivo federal) y poder hacer una zona metropolitana con agua, con movilidad y con más seguridad”.
Se da por hecho que, dócil, la mayoría morenista en el Congreso imitará a sus colegas de hace sesenta años aprobando en automático la solicitud. Se ignora si aquellos leyeron el decreto. Éstos, se da por descontado que no lo harán, como exhibió de ellos el diputado opositor Gaspar Quintal esta semana.
El agua potable no es, desde luego, tema menor. Se ubica en la base de la pirámide de necesidades del ser humano. Sin satisfacerla, lo demás es lejanamente secundario y prácticamente imposible. Por ello, derrochar recursos en actividades innecesarias y frívolas, como el Tren Maya, por citar un ejemplo, es una bofetada a la población que carece de un servicio de agua adecuado.
El tema da para mucho más. Ahí está, por ejemplo, la muy alta posibilidad de que el préstamo, que se solicitará en el año que arranca un proceso electoral, se emplee con fines electoreros y clientelares por un gobierno y un partido que han hecho del reparto de dinero la carnada para atraer votos y que necesitan, además, recursos para su muy amplia operación política.
Vienen elecciones en el 2027, y la esencia Morena es cien por ciento electoral, aun en sus tareas gubernamentales.
Temas más macabros, sin embargo, giran en torno al vital líquido. Como sucede en el caso de la inseguridad, los yucatecos seguimos aislados en una burbuja en cuanto a problemas de diversa índole relacionados con el agua potable en otras latitudes. Pero no es imposible que se rompa ese aislamiento. Lo que sucede actualmente con la carencia de un buen servicio envía señales preocupantes.
Pongamos el ejemplo de Sinaloa, quizá el estado más fértil del país. Ahí el problema no radica en la falta de agua, sino en el control de grupos sobre ella. En regiones de ese estado, el crimen organizado interviene de distintas maneras en el manejo del vital líquido, que pueden controlar al tener compradas autoridades.
Hay reportes periodísticos, y también académicos, sobre presión a productores, cobro de cuotas, control de pozos, robo de combustible para sistemas de riego y mediación en conflictos por agua.
Cierto, el problema principal en Sinaloa está relacionado con las tierras de cultivo, pero es muestra de lo que pasa cuando el Estado deja de ejercer su función tutelar como proveedor y controlador del recurso.
Caso diferente, y también preocupante porque nos orilla a preguntarnos cuán cerca estamos de eso, es el del Valle de México.
Existen ya investigaciones oficiales, derivadas de denuncias, contra redes de robo y venta ilegal del agua. Les llaman la “mafia de las pipas”, lo mismo en Ciudad que en el Estado de México.
Pero no todo es irregular. Hay piperos legales que trabajan por contrato con las autoridades. Los vecinos de lugares como Iztapalapa, por citar uno, deben pagar por la pipa semanal que reciben. Es inevitable preguntarse cuán conveniente es para la autoridad capitalina mantener controlada a la población vía el suministro de esas pipas. Un cóctel molotov de corrupción y clientelismo político.
Si, por otro lado, las pipas son ilegales, eso no significa que las manos oficiales no estén metidas en ese lodazal.
En Yucatán, ¿cuán lejos estamos de que la única vía sea contratar pipas oficiales?
Orillarnos a eso le caería a la 4T como agua de mayo para engrosar sus arcas y fortalecer el clientelismo político.— Mérida, Yucatán
olegario.moguel@megamedia.co m.mx
@olegariomoguel
Politólogo