El episodio ocurrió hace unos 15 años o poco más, en una mesa sobre temas electorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como ponente, planteé la necesidad de blindar los procesos comiciales, en particular las finanzas de los partidos, para evitar la interferencia de la delincuencia organizada. Otro de los ponentes, que luego sería consejero electoral, rechazó airado que en el augusto ámbito de la Universidad Nacional alguien se atreviera hablar del ese tema.
Respondí que, al contrario, en espacios como la UNAM debería ser obligado hablar del grave problema que desde entonces ya era la delincuencia organizada, en vez de voltear la cara para ignorar al elefante en la sala. El episodio evidenció la inconsciencia que en aquellos años prevalecía sobre el tema.
Por supuesto, el blindaje que algunos planteamos en diversos foros no se estableció y los lamentables resultados están a la vista: órganos de gobierno infiltrados, candidatos y servidores públicos dominados por la delincuencia y una larga lista de otros delitos.
En este contexto, debe ser bienvenida la iniciativa presidencial para intentar un blindaje de ese tipo, con la instauración en el INE de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que será “vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia”, a las cuales se enviarán los datos de los aspirantes a candidaturas, para revisarlos y establecer, en su caso, un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia.
La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, ha pedido delimitar con claridad las facultades institucionales respecto de tal Comisión y subrayó que el Instituto no puede ni debe convertirse en juez de la probidad de aspirantes a cargos de elección.
Anoto tres ángulos sobre la iniciativa que se está procesando con celeridad en un período extraordinario del Congreso de la Unión:
a) Lo mejor habría sido que la importante iniciativa fuese discutida previamente con el INE y los partidos, es decir, con los principales actores de los procesos comiciales.
b) Al menos en principio, no parece haber afectación a la imparcialidad del INE, el cual ya tiene la obligación de revisar el cumplimiento de los requisitos de ley de todos los aspirantes. Su nuevo papel será cercano al de oficialía de partes.
c) En cambio, al INE sí se le complica la revisión de requisitos previa al registro de candidatos, habida cuenta de las decenas de miles de solicitudes de aspirantes, no sólo en el plano federal, sino sobre todo en el local, por cuanto en 2027 habrá elecciones estatales o municipales, concurrentes con las federales, en todas las entidades federativas.
d) Es inconveniente dejar la revisión preliminar a la voluntad de los partidos, pues se propicia que aspirantes “sospechosos” no acudan al filtro instaurado, aunque también se expondrán al castigo del votante, por no someterse a la revisión.
¿Y la fiscalía electoral? Sin restar importancia a la reforma que establece la revisión de candidaturas, convendría, en un futuro cercano y previo diálogo con los partidos y las instituciones involucradas, avanzar en el necesario blindaje de comicios y candidatos.
Una de las instituciones que debería involucrarse en el reforzamiento de ese blindaje es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel), a la cual se le podría conferir el trámite hoy encomendado al INE como puerta de entrada a la revisión de las candidaturas por parte de las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Sea puerta de entrada o no, la Fisel, cuya actuación ha sido prácticamente irrelevante hasta ahora, podría de ese modo prestar un importante servicio y, de paso, justificar su existencia. Para ello se requiere, eso sí, ser dotada de personal permanente y presupuesto suficiente.
Lo que ha ocurrido hasta ahora con la Fisel es que se le asigna un personal reducido, con la justificación de que, cuando lo requiera, puede solicitar personal y apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual está adscrita. En la práctica, la comisión de delitos electorales es frecuente en el país, pero la Fisel no los persigue, salvo excepciones confirmatorias de la regla.
En materia de blindajes electorales y políticos en general, existen prácticas y modelos que podrían ampliar los filtros iniciales cuya aprobación parece inminente.
Ameritan tratamiento posterior, pero las medidas actuales y las futuras —si las hubiere— reclaman la discusión y acuerdo de todas las fuerzas políticas. Lo que está en juego es demasiado importante como para dejar espacio a la mezquindad.
*Periodista