Durante las próximas semanas, México aparecerá ante miles de millones de personas como un país capaz de organizar uno de los eventos más complejos del planeta.
Las cámaras recorrerán ciudades renovadas, operativos de seguridad extraordinarios, infraestructura modernizada y una maquinaria institucional funcionando con precisión para recibir a visitantes de todo el mundo.
La escena plantea una pregunta incómoda. Si el Estado mexicano es capaz de coordinar semejante esfuerzo cuando el mundo lo observa, ¿por qué esa misma capacidad parece mucho más difícil de encontrar cuando quienes observan son sus ciudadanos?
La respuesta trasciende al fútbol. De hecho, la discusión habitual sobre el Mundial suele hablar de las ganancias de la FIFA, de los costos para los contribuyentes o de las exenciones fiscales otorgadas para facilitar la organización del torneo. Son debates legítimos.
México, por ejemplo, concedió beneficios fiscales extraordinarios vinculados al Mundial, una decisión que ha generado cuestionamientos razonables en un contexto de presiones presupuestarias y necesidades sociales persistentes.
Sin embargo, la cuestión más interesante no es cuánto dinero dejará de recaudar el Estado o cuántos turistas llegarán a México. La cuestión es por qué vale la pena organizar un megaevento internacional como lo es la Copa del Mundo.
Durante décadas asumimos que la legitimidad de los gobiernos provenía de su capacidad para dar resultados. Crecimiento económico, seguridad pública, infraestructura, movilidad social o expansión de derechos.
La ciudadanía evaluaba y, al menos en teoría, los gobiernos respondían a esa evaluación. Pero en la práctica esto está lejos de realidad.
Parece que los gobiernos además de la legitimidad interna también dependen crecientemente del reconocimiento de audiencias externas: inversionistas, organismos internacionales, calificadoras de riesgo, medios globales y grandes plataformas de visibilidad internacional. La reputación se ha convertido en un activo político y económico.
El Mundial representa una de las mayores vitrinas de ese sistema.
Durante un mes, los países anfitriones son sometidos a una especie de auditoría global. No solo se observan los partidos. Se observa la capacidad del Estado para organizar, coordinar, proteger, movilizar y resolver problemas bajo presión.
Por eso los Mundiales suelen producir un fenómeno que resulta familiar: Obras que avanzan con rapidez inusual. Espacios públicos rehabilitados. Dispositivos de seguridad reforzados. Proyectos que durante años parecían imposibles y que, de pronto, encuentran recursos, coordinación y voluntad política.
La pregunta es para quién gobiernan los Estados contemporáneos. Porque si un gobierno puede movilizar recursos extraordinarios cuando la audiencia es global, pero encuentra mayores dificultades para hacerlo cuando la demanda proviene de sus propios ciudadanos, entonces el problema no es de capacidad. Se trata de incentivos.
Quizá esa sea la paradoja política más importante del Mundial de 2026. Mientras celebramos uno de los mayores espectáculos deportivos del planeta, también observamos una transformación política profunda: Estados que siguen afirmando que su legitimidad proviene de sus ciudadanos, pero que cada vez parecen responder con mayor urgencia a quienes los observan desde fuera y a la imagen internacional.
Como ocurre en tantas casas cuando llegan visitas, el problema no es que se limpie, se ordene o se repare. El problema es descubrir que la casa podía arreglarse todo este tiempo. Lo que faltaba no era capacidad. Era una razón suficientemente poderosa para hacerlo.— Mérida, Yucatán.
Analista de políticainternacional