Para muchos fue sorpresivo cuando hace unos meses fuerzas de Estados Unidos se internaron en territorio venezolano para sustraer al entonces presidente Nicolás Maduro y llevarlo a territorio norteamericano para someterlo a juicio por diversos cargos graves, incluidos narcoterrorismo y tráfico de drogas.
Aunque dicha operación estadounidense fue polémica por presuntamente contravenir el Derecho Internacional, la mayoría de la gente, dentro y fuera de Venezuela asumía como una buena noticia el fin del dictador Maduro, cuyo gobierno represor tenía a la población sometida a condiciones inaceptables de pobreza.
Sin embargo, lo que más tarde llamó la atención fue que el régimen chavista se perpetuara en el poder, aunque ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez —funcionaria cercanísima a Maduro—. Así, la promesa de que la tiranía terminara quedó en una mera ilusión, condenando a los ciudadanos venezolanos a permanecer en situación muy similar a la anterior.
La supuesta exigencia del gobierno de Estados Unidos de que se liberara a la totalidad de los presos políticos en el país sudamericano también quedó sin efectos, pues si bien algunos de ellos han sido liberados de las cárceles, aún están sujetos a procesos judiciales y con restricciones de derechos.
Lo natural hubiera sido buscar que se convocara a elecciones democráticas lo antes posible para que los venezolanos eligieran a través del voto libre a su nuevo gobernante, en un proceso de transición que borrara la posibilidad de que la dictadura prevaleciera, de manera transparente y legal. Tal escenario, simplemente, no se concretó.
Si la intención era acabar con el yugo del poder tiránico sobre los ciudadanos de Venezuela, podemos decir que este objetivo se diluyó. Las brutales carencias que padece el grueso de la población siguen siendo prácticamente idénticas.
¿Por qué deponer por la fuerza al dictador si se iba a permitir que una nueva persona asumiera el cargo al frente del mismo régimen totalitario? Además, la estructura militar en la que se sostiene el chavismo continúa intacta, manteniendo la lógica de anular los derechos humanos de la sociedad, tal como dan cuenta múltiples testimonios.
Aquí el terreno de la especulación ofrece algunas hipótesis. Se habla, por ejemplo, de intereses económicos en Estados Unidos que abogarían por no alterar el estado de las cosas actual, supuestamente, porque existen acuerdos de negocios en Venezuela con Delcy Rodríguez y sus allegados, quienes habrían otorgado concesiones lucrativas a cambio de impunidad.
Esto sería grave, sobre todo porque no debemos perder de vista la triste realidad de las mujeres y hombres venezolanos que sufren a diario, ya no solo de la miseria y el hambre, sino además de la incertidumbre social y política tras la captura de Nicolás Maduro. La dimensión humana debería ponderarse en primer lugar, lo cual parece no estar ocurriendo.
En la isla de Cuba sucede algo equiparable, pues las décadas de dictadura castrista han llevado al límite a la población, la cual se halla en condiciones paupérrimas, azotada por la escasez de bienes básicos de consumo. Por si esto fuera poco, en los últimos meses se ha recrudecido la crisis por falta de suministro de energía eléctrica.
No obstante el agotamiento y hartazgo popular, el gobierno de la llamada Revolución continúa sin ceder el poder, cuando a todas luces se ha demostrado su fracaso e incompetencia, aunados a su talante marcadamente autoritario e intolerante. Mientras tanto, muchas de las personas que viven ahí apenas sobreviven el día a día.
¿Por qué la comunidad internacional no hace nada al respecto? ¿Por qué persiste la condescendencia hacia los gorilas rojos, mientras se señala sin dudarlo (y con toda razón) a los dictadores de derecha? ¿Fue acaso Fidel Castro en Cuba menos cruel y represor que el nefasto de Augusto Pinochet en Chile?
Si, al parecer, había una intención por parte del gobierno de Trump y miembros de su gabinete por iniciar un proceso de liberación en Venezuela y Cuba, ¿qué intereses económicos y políticos disfrazados están operando para frenarlos de golpe?, ¿Por qué han conseguido estas fuerzas obscuras hacer invisible la desgracia provocada por la dictadura nicaragüense?
Necesitamos hacer un llamado a la sensatez y la congruencia alrededor del mundo. Es injustificable que actores políticos de izquierda en países democráticos pretendan defender a dictaduras como las de Venezuela y Cuba. La tiranía debe ser desterrada por igual en todos lados, más allá de posiciones ideológicas. No alzar la voz en contra de gobiernos autoritarios es señal de tibieza, y en ocasiones, hasta de cobardía.
No es descartable que haya intereses económicos o agendas perversas detrás de todo esto, pero, en última instancia, los ciudadanos debemos ser conscientes de que los gobernantes y representantes están para servir a la población y no al revés. La democracia debe empoderar a las personas, mediante instituciones funcionales y mecanismos de rendición de cuentas.
Sería inaceptable permitir que poderes empresariales —de los grandes capitales internacionales— presionen tras bambalinas para mantener el estado de las cosas con el fin de preservar prebendas de monopolio para seguir explotando los recursos y materias primas de estos países mientras la gente paga el pecado —dicho con toda ironía— de haber nacido en territorios flagelados por la corrupción y la deshumanización de regímenes represores.
Si la comunidad internacional y ciertos grupos políticos defienden a dictadores y sátrapas habrá que preguntarnos si es por ignorancia, complicidad o franca estupidez. En todo caso, resulta despreciable pedir apoyo a regímenes que someten implacablemente a la población, en lugar de trabajar para mejorar su calidad de vida.
¿Por qué sí se derrocó con diligencia en su momento a dictadores como Sadam Hussein en Irak, o Muamar el Gadafi en Libia, pero hoy hay tanta indulgencia hacia los gorilas rojos latinoamericanos?, ¿Qué papel juega la ONU en todo esto?
Un futuro de esperanza es posible, aunque solo lograremos construirlo si somos cada vez más conscientes, informados y contamos con la voluntad de sumar esfuerzos para salir adelante, de la mano de las convicciones cívicas y los valores democráticos.— Mérida, Yucatán
Licenciado en Derecho, maestro en Administración, doctor en Gobierno