Siempre surge la misma pregunta cuando la impunidad cubre con su manto dorado a muchos alcaldes, legisladores, políticos, funcionarios y gobernantes acusados de mal manejo del erario público, opacidad en el rendimiento de cuentas, nepotismo, conflicto de intereses, favoritismos en el otorgamiento de contratos y el clásico enriquecimiento inexplicable:
¿Para qué tanto dinero invertido y tantas dependencias contra la corrupción si no hay castigos ejemplares para los malos servidores públicos?
Es lamentable ver cómo esos servidores públicos se enriquecen en un trienio, quinquenio o sexenio, y luego al no querer perder el jugoso salario y tantas canonjías buscan reelegirse o conseguir una legislatura plurinominal, o cambian de partido.
La austeridad, el espíritu de servicio, la humildad y la lucha contra la corrupción son expresiones que quedan aprisionadas en el discurso oficial. Muchos políticos y funcionarios siguen con el derroche, los lujos y el enriquecimiento personal.
Pero las denuncias, incluso de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán y la Auditoría Superior de la Federación, pues cada determinado tiempo dan a conocer una lista de alcaldes y funcionarios con irregularidades en el manejo de los presupuestos públicos, quedan flotando en el limbo. No hay seguimiento de las investigaciones y se apuesta por el olvido.
El Colectivo “¡Ya Basta!”, en la búsqueda de información sobre los programas del gobierno del Estado, se enfrentó con el silencio, las justificaciones absurdas, las argucias y otros obstáculos de las autoridades.
Nadie quiere dar información real. Las cifras oficiales las manejan esas autoridades a capricho para confundir a la población y buscar, así, beneficios económicos con las obras públicas “infladas” o los contratos otorgados con preferencias para obtener los llamados “moches”.
Sin embargo, cuando hay denuncias por diversas irregularidades contra esos malos funcionarios, alcaldes o gobernadores, se actúa con lentitud para llegar a acuerdos y proteger a los involucrados. Es más, se deja el tiempo correr para que las denuncias prescriban y se les dé el clásico carpetazo.
La corrupción no puede combatirse si las mismas autoridades encargadas de investigar y sancionar a los corruptos los protegen con el escudo de la impunidad.
Hay tres exgobernadores (Ivonne Ortega Pacheco, Rolando Zapata Bello y Mauricio Vila) que en su momento fueron denunciados por desvíos millonarios, el saqueo del Isstey, conflictos de intereses, obras “infladas” e inconclusas, creación de empresas fantasmas y enriquecimiento muy explicable, pero no pasó nada. Es más, el gobernador entrante acusaba a su antecesor, pero las denuncias no prosperaron. Nadie fue sancionado y para protegerlos de posibles sanciones fueron arropados con diputaciones y senadurías plurinominales.
Lo mismo sucede con el tres veces ex alcalde meridano Renán Barrera Concha. Hay diversas denuncias: los enredos y deudas millonarias por la cancelación unilateral de las lámparas chinas, el manejo arbitrario del dinero de los trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, el saqueo de Servilimpia y el enriquecimiento inexplicable. Pero ante la lentitud de las autoridades anticorrupción, el problema de las luminarias ya prescribió, por tanto, se archiva. Es caso cerrado.
Una deuda millonaria que pagaremos los meridanos por el capricho y los errores, primero, de la exalcaldesa Angélica Araujo, con ella inició el problema, y luego por el mal manejo de la deuda de Renán Barrera. Un dinero mal empleado, en donde algunos se beneficiaron con este proyecto y perjudicaron a los meridanos.
Pero quedan los otros casos del exalcalde que son importantes investigar. La Contraloría del Ayuntamiento meridano y las dependencias anticorrupción deberán hacer lo suyo. De lo contrario seguir poniendo la alfombra de la impunidad es estimular la corrupción.
Si no actúan en serio para combatir la corrupción y sancionar ejemplarmente a los depredadores del erario, entonces La Auditoría Superior del Estado, La Auditoría Superior de la Federación, La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se convierten en un ramillete de siglas encadenadas por los compromisos y favoritismos políticos. Un ornamento muy caro.
La corrupción sin castigo seguirá prevaleciendo mientras el escudo de impunidad arrope a los malos alcaldes, funcionarios, políticos, jefes policiacos, lideres sindicales gobernadores y demás, y las autoridades anticorrupción guarden silencio y sigan siendo valiosos cómplices.— Mérida, Yucatán
Profesor