Mientras México se une para celebrar cada triunfo de la Selección Nacional, los yucatecos tenemos hoy la oportunidad de demostrar que también sabemos unirnos cuando se trata de defender una causa que pertenece a todos.
Porque el calor no tiene ideología.
No reconoce partidos, municipios ni condiciones económicas. Lo padecen por igual quienes viven en Mérida, Valladolid, Progreso, Tizimín, Tekax o cualquier rincón del estado. El recibo de la electricidad tampoco pregunta por quién votamos; llega puntualmente a todos los hogares, comercios, escuelas, hospitales y centros de trabajo.
Ésta debe convertirse en la gran causa ciudadana de Yucatán.
En nuestro estado, la energía eléctrica dejó hace mucho de ser un servicio de comodidad para convertirse en una necesidad básica. Durante buena parte del año enfrentamos temperaturas superiores a 35 grados, sensaciones térmicas que con frecuencia rebasan los 45 grados y niveles de humedad cercanos al 90 %. La evidencia científica demuestra que estas condiciones incrementan el riesgo de estrés térmico, deshidratación y diversas enfermedades, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con padecimientos crónicos.
Por ello, utilizar un ventilador o un equipo de aire acondicionado dejó de ser un lujo. Hoy es una necesidad para proteger la salud, estudiar, trabajar y vivir con dignidad.
Sin embargo, mientras nuestro clima obliga a consumir más energía, miles de familias enfrentan recibos cada vez más altos. El problema no radica únicamente en el costo de la electricidad, sino en la metodología con la que se determinan las tarifas domésticas.
Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad determina las tarifas principalmente con base en la temperatura media de los meses más cálidos.
Ese criterio fue adecuado cuando se diseñó.
Hoy ya no basta.
El clima cambió.
Las políticas públicas también deben hacerlo.
La ciencia ha demostrado que el impacto real del calor depende también de la humedad relativa, la sensación térmica, la radiación solar, la velocidad del viento y la duración de las olas de calor. Dos ciudades pueden registrar la misma temperatura y, sin embargo, requerir consumos eléctricos muy distintos debido a las condiciones ambientales que realmente experimentan sus habitantes.
Por ello, Yucatán ya puso sobre la mesa una propuesta seria. En octubre de 2025 se presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa legislativa para actualizar la metodología con la que se determinan las tarifas eléctricas, incorporando criterios científicos acordes con la realidad climática actual y creando un Registro Oficial de Sensación Térmica por Municipio.
La evidencia científica ya está sobre la mesa.
Ignorarla ya no sería una diferencia de opinión; sería darle la espalda a la realidad que viven los yucatecos.
Ése es el debate que México debe dar… y Yucatán debe encabezar.
No estamos pidiendo un trato preferencial.
Estamos exigiendo que las políticas públicas se actualicen al mismo ritmo que cambió el clima.
La evidencia científica existe.
La iniciativa ya fue presentada.
La necesidad social es evidente.
Lo único que ya no admite demora es actuar.
Las olas de calor son cada vez más intensas, prolongadas y frecuentes. La electricidad ya no es solamente un servicio público; es una herramienta indispensable para proteger la salud, mantener viviendas habitables, garantizar el aprendizaje de nuestros hijos y sostener la productividad de toda una región.
Las consecuencias sociales son evidentes. Miles de familias deben elegir entre pagar la electricidad o destinar esos recursos a alimentos, medicamentos o educación. Al mismo tiempo, comercios, hoteles, restaurantes, talleres, consultorios e industrias destinan cada vez más recursos al pago de energía, reduciendo su competitividad y frenando nuevas inversiones.
Una tarifa más justa fortalecería la economía de las familias y la competitividad de todo Yucatán.
Nuestro estado es hoy un referente nacional por su seguridad, estabilidad, riqueza cultural y capacidad para atraer inversión. Lo mínimo que puede esperar es que las políticas públicas federales reconozcan, con criterios científicos, las condiciones climáticas bajo las cuales viven y trabajan más de dos millones de yucatecos.
Ésta no puede ser la causa de un partido ni de un gobierno. Debe ser la causa de Yucatán.
Cuando el calor afecta por igual a millones de personas, la respuesta también debe ser colectiva. Es momento de que quienes legislan, quienes investigan, quienes producen y quienes representan a la sociedad hablen con una sola voz.
Porque el calor no hace excepciones.
La representación popular tampoco debería hacerlas.
La función de un representante popular no consiste únicamente en ocupar una curul o un escaño.
Consiste en defender las condiciones de vida de quienes representa.
Las campañas duran unas semanas.
Las decisiones de gobierno impactan durante años.
Los ciudadanos no recordaremos quién pronunció el discurso más emotivo ni quién llenó las calles de propaganda.
Recordaremos quién defendió a Yucatán con resultados.
Porque Yucatán no está pidiendo un privilegio.
Está exigiendo que una política pública federal reconozca una realidad climática demostrable y adopte la mejor evidencia científica disponible.
Porque una tarifa eléctrica justa no es solamente una demanda económica.
Es una causa de salud pública.
Es una causa de competitividad.
Es una causa de justicia social.
Es una causa de dignidad para millones de familias yucatecas.
La ciencia ya habló.
La naturaleza ya tomó una decisión.
Nos tocó vivir en uno de los estados más calurosos del país.
Ahora le corresponde al Estado mexicano actuar en consecuencia.
Porque el calor no vota.
Pero los yucatecos sí.
Y con su voto sabrán distinguir entre quienes simplemente ocuparon un cargo y quienes honraron la responsabilidad de representar a Yucatán.— Mérida, Yucatán
Expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, A.C.