Lo menos que puede esperarse para Brenda Quevedo Cruz es que recupere muy pronto su completa libertad, después de 20 años de encarcelamiento —los últimos dos en prisión domiciliaria— y de padecer sufrimientos sin cuento tras las rejas, incluida la tortura de diversos tipos, todo ello sin que hubiera sido sentenciada.
La imputación que llevó a la cárcel a Brenda, a sus 23 años, fue su presunta participación en el secuestro y supuesto asesinato de Hugo Alberto Wallace, cuya madre, con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón, impulsó una severa campaña contra los presuntos culpables del caso, con base en una narrativa enrarecida y endeble, pero que sirvió para llevar a la cárcel a un grupo de personas, entre ellas Brenda, cuya detención ocurrió en Kentucky, Estados Unidos, en noviembre de 2007 y se le extraditó a México en 2009.
Una de las acusadas del caso Wallace, Juana Hilda González Lomelí, salió de la cárcel después de que la Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación, al determinar que su confesión de culpabilidad y de involucramiento de otras personas, incluida Brenda, fue obtenida bajo tortura. Irónicamente, esa confesión de inexistencia legal es la que mantiene en prisión domiciliaria a Brenda.
La injusticia evidente en el caso originó que una red de abogados y asociaciones de derechos humanos se hayan unido para demandar su libertad. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar el caso a la Consejería Jurídica de la Presidencia, a la Fiscalía General de la República y al Tribunal de Disciplina Judicial.
El caso de Brenda, como el de otros reos que llevan lustros sin recibir sentencia —el de Israel Vallarta es otro ejemplo paradigmático—, es una gravísima falla de la justicia en México.
El panorama que presenta el Inegi en su Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales de 2025 (Cnsipef-E 2025) es desolador: a fines de 2024, había 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad y sin sentencia, de un total de 235 mil 312 reos en prisiones federales y estatales.
Esos más de 85 mil mexicanos son formalmente inocentes, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, pero permanecen encarcelados. Es probable que muchos de ellos sean culpables de los delitos imputados, pero también es probable que muchos sean inocentes.
Comoquiera, el Estado mexicano no ha podido probar su culpabilidad y, en consecuencia, no deberían seguir en la cárcel.
Frente a esa malsana realidad, pierde relevancia el debate de nuestra clase política, enfrascada en maldecir o defender la elección de los juzgadores. En mi opinión, sería más fructífero discutir cómo hacer para sentenciar o liberar a esos más de 85 mil mexicanos formalmente inocentes, pero que por virtud de la prisión preventiva oficiosa o justificada son encerrados por los juzgadores, quienes en muchos casos deben aplicar obligatoriamente la prisión preventiva.
Todo un tema que demanda posterior abordamiento.
Plus digital: Defensores y encapuchados. Es obligado preguntar qué están haciendo para corregir esa terrible realidad el Poder Judicial desde luego, pero también los otros poderes, en sus respectivos ámbitos, y, por supuesto, la fiscalía federal y las estatales.
Sería deseable que la Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, que está a punto de lograr su liberación, se interesara en esa pregunta y en cómo coadyuvar con las autoridades para ir resolviendo el vasto rezago de justicia.
Lo inusual de la mencionada Red, integrada por 13 organizaciones, hace conveniente su mención individual: Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Grupo de Litigantes para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos (Grupo de Litigantes Prodedh), Red de Abogadas Digna Ochoa, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Cepad, SIWA Paz y Justicia, Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, CEA Justicia Social, Mexiro, A.C., Perteneces, Justicia e Igualdad A.C., Mi Valedor A.C., Cauce Ciudadano, Colectivo Pena sin Culpa, Observatorio Memoria y Libertad.
En un desplegado suscrito por esas organizaciones y más de 500 víctimas y familiares, defensores de derechos humanos, académicos y periodistas, los firmantes recuerdan los diversos pronunciamientos de la CNDH en favor de Brenda y subrayan que, en 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU demandó su liberación.
También recuerdan que, entre otras violaciones a sus derechos, Brenda enfrentó la irrupción de hombres encapuchados que ingresaron a las cárceles donde permanecía recluida para “someterla, humillarla, quebrar su voluntad y obtener información o declaraciones incriminatorias”.
Periodista