MÉRIDA.— Justo Aurelio Rivera Parrazales, presunto operador financiero del Cártel Noreste, ha sido proveedor de gobiernos en Hidalgo y Chiapas a través de dos de sus empresas especializadas en la venta de equipo médico.
Una investigación de El Universal reveló que el empresario detenido en Mérida recibió más de 23 millones de pesos de la Secretaría de Salud de Hidalgo durante el gobierno del entonces priista Omar Fayad Meneses, actual embajador de México en Noruega. Entre 2019 y 2020 dicha dependencia adjudicó a cuatro contratos a Inmedicen, una de las empresas del “tío Rivers”.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, Inmedicen fue constituida en julio de 2015 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como una empresa dedicada a la venta de equipo médico y de laboratorio. En el acta, Rivera Parrazales aparece como propietario del 50% de las acciones y fue designado administrador único de la sociedad.
La primera de las contrataciones fue obtenida el 26 de febrero de 2019, mediante una licitación pública, por 255 mil 200 pesos para la adquisición de equipo médico y de laboratorio destinado al Hospital Integral de Zimapán.
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Justo Aurelio, proveedor de equipo médico
Ese mismo mes, una asamblea de accionistas registrada ante el Registro Público de Comercio dejó constancia de que Rivera Parrazales renunció a su cargo y facultades dentro de la empresa.
Sin embargo, según la documentación revisada, un contrato posterior firmado en diciembre de 2019, todavía lo identificaba como representante legal de Inmedicen.
Ese segundo contrato fue el de mayor monto: 21 millones 71 mil 632 pesos, también obtenido mediante licitación pública, para suministrar equipo médico y de laboratorio a hospitales de Tula, Valle del Mezquital, Ixmiquilpan, Huichapan, Otomí-Tepehua, Atlapexco, Pachuca, Actopan y Huehuetla, entre otras unidades médicas.
La relación comercial con la Secretaría de Salud de Hidalgo continuó en 2020, ya durante la emergencia sanitaria por Covid-19. El 2 de julio de 2020, Inmedicen obtuvo un contrato por 1 millón 276 mil pesos, mediante adjudicación directa, para suministrar equipo médico al Hospital Montable de Respuesta Inmediata de Actopan.
Contratos millonarios para Inmedicen
En esta ocasión, el representante legal de la empresa ya era Jorge Herrera Simuta. Cinco días después, el 7 de julio de 2020, la dependencia estatal formalizó un cuarto contrato por 330 mil 600 pesos, también por adjudicación directa y con el mismo representante legal, nuevamente para equipamiento del hospital temporal instalado en Actopan.
La revisión periodística también identificó que Inmedicen había resultado favorecida un año antes en tres procedimientos de contratación. Las actas de fallo muestran adjudicaciones por:
- 15 millones 41 mil 720 pesos, para equipo médico y de laboratorio.
- 4 millones 872 mil pesos, en otro procedimiento similar.
- 42 millones 582 mil 905 pesos, correspondientes a una tercera licitación.
En la documentación pública consultada no se localizaron los contratos derivados de esas adjudicaciones, por lo que no fue posible confirmar el monto finalmente ejercido. Las actas también señalan que ningún representante de la empresa estuvo presente durante los actos de fallo.
Convenios con Industrias Médicas Chiapanecas
Además de Inmedicen, Rivera Parrazales creó otras sociedades en Chiapas, entre ellas Industrias Médicas Chiapanecas, Diagnosis Centro de Diagnóstico Integral y Servimedic del Sureste.
Una de ellas, Industrias Médicas Chiapanecas, firmó el 11 de julio de 2025 un convenio con la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Fue para participar en el programa de industria penitenciaria denominado “Reparando Vidas“, promovido por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.
El acuerdo, con vigencia hasta 2030, establece la coordinación para desarrollar actividades productivas dentro de los centros estatales de reinserción social. De acuerdo con el documento difundido por La Silla Rota, la empresa se comprometía a proporcionar maquinaria e insumos. También a capacitar a las personas privadas de la libertad y cubrir una remuneración económica por el trabajo realizado. El gobierno estatal facilitaría espacios dentro de los centros penitenciarios para desarrollar las actividades.
Aunque el convenio no contempla un pago del gobierno hacia la empresa, sí le otorgaba acceso para operar un programa de trabajo dentro de los reclusorios estatales.
Libre acceso a penales de Chiapas
En diciembre pasado, Rivera Parrazales acompañó a autoridades de Chiapas a la inauguración del programa en el penal “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa. “Agradezco al director general de Industrias Médicas Chiapanecas…, por sumarse a los trabajos que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez para fortalecer nuestro Sistema Penitenciario”, escribió el jefe de la SSP.
Posteriormente, el 2 de octubre de 2025, la misma empresa firmó un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Chiapas. En ese caso fue para desarrollar programas académicos, proyectos de investigación y estancias estudiantiles.
Además Industrias Médicas Chiapanecas aparece en el Padrón de Proveedores y Contratistas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para el ejercicio fiscal 2026. Se detalla que el representante legal es Aurelio Rivera y que la firma se dedica al mantenimiento y conservación de mobiliario, equipo médico y de laboratorio. Llama la atención que también está registrada como proveedora de vehículos y equipo terrestre.
Empresario detenido en Mérida
Como informamos, Rivera Parrazales fue capturado el viernes pasado en una residencia de San Ramón Norte. El operativo estuvo encabezado por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
Ese día fueron cateados cuatro inmuebles y asegurados bienes valuados en aproximadamente 145 millones de pesos. Entre ellos había 15 vehículos de alta gama, armas de fuego, cartuchos, una bolsa con aparente metanfetamina, efectivo en moneda extranjera, joyería y equipos electrónicos.
Como informamos, en Instagram y TikTok solía presumir sus autos y relojes de lujo. En X sus publicaciones eran más políticas. Ahí recompartía las publicaciones de políticos de Morena, principalmente el gobernador Eduardo Ramírez y José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en esa red las últimas publicaciones fueron en diciembre de 2024.
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Las autoridades federales identifican a Justo Aurelio como presunto operador financiero de una organización criminal. Sostienen que participaba en esquemas de lavado de dinero.
Como parte de las investigaciones se le ha señalado como integrante del Cartel Noreste. También se le ha vinculado con el exgobernador Rutilio Escandón y con la organización criminal “La Barredora”, la cual era liderada por el yucateco Hernán Bermúdez Requena, detenido el año pasado en Paraguay.
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