Jorge H. Aguilar y Castellanos (*)
Las constituciones no fueron escritas para limitar las libertades de los ciudadanos. Fueron concebidas, sobre todo, para establecer límites al ejercicio del poder. Cada vez que una regulación puede incidir sobre un derecho fundamental, ese principio debe recordarse.
Los recientes lineamientos en materia de radio y televisión han abierto una discusión que trasciende a los propios medios de comunicación. El gobierno sostiene que busca fortalecer los derechos de las audiencias y establecer reglas más claras para los concesionarios. Sin embargo, especialistas, organizaciones y representantes del periodismo han advertido que cualquier regulación que amplíe la intervención del Estado sobre los contenidos debe examinarse con la mayor cautela. La discusión ya no gira únicamente en torno a unos lineamientos, sino a límites que debe tener el poder público cuando está de por medio una libertad fundamental.
No es casualidad que la libertad de expresión y el derecho a la información ocupen un lugar privilegiado en el artículo sexto de nuestra Constitución. Ambos permiten que los ciudadanos formen una opinión libre, cuestionen al poder y participen plenamente en la vida democrática. La presunta no es si el Estado puede regular. Desde luego que puede hacerlo. La verdadera cuestión es dónde termina la regulación legítima y dónde comienza la posibilidad de condicionar una libertad que pertenece a todos los mexicanos
Hoy la información circula al mismo tiempo por radio, televisión, prensa escrita y redes sociales. Por ello, cualquier debate regulatorio trasciende a un solo medio. La preocupación expresada por diversos sectores no se limita al contenido de los lineamientos actuales, sino al precedente que podrían establecer para futuras decisiones. Toda regulación debe analizarse con visión de largo plazo y con absoluto respeto a la Constitución, evitando que criterios concebidos para un ámbito puedan extenderse, en el futuro, hacia otros espacios donde también se ejerce libertad de expresión.
La historia nos ha enseñado que las libertades no suelen desaparecer mediante una sola decisión, sino por cambios graduales que, considerados de manera aislada, parecen razonables. Por ello, las instituciones deben diseñarse pensando no solo en las circunstancias del presente, sino también en la manera en esas facultades podrían utilizarse por futuros gobiernos.
Regular no es, por sí mismo, contrario a la democracia. Lo incompatible con un Estado constitucional es que cualquier regulación genere incertidumbre sobre la independencia editorial, el ejercicio periodístico o el derecho de los ciudadanos a recibir información plural. El estándar para limitar una libertad nunca puede ser ordinario; debe ser excepcional, estrictamente necesario y plenamente compatible con la Constitución.
Las democracias no se fortalecen cuando el Estado habla más fuerte que los ciudadanos. Se fortalecen cuando garantizan que ninguna voz deba guardar silencio por temor al poder. La libertad de expresión no pertenece únicamente a los medios de comunicación; pertenece a todos los ciudadanos. Porque el día que una persona comienza a preguntarse hasta dónde puede hablar, la democracia ya ha empezado a perder una parte de su libertad.
Maestro en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Complutense de Madrid
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