La clausura temporal de Las Dunas, en Chuburná Puerto, no debe celebrarse como una derrota de la inversión ni proclamarse como una victoria del ambientalismo. Debe leerse como una advertencia: en la costa, ningún permiso releva de demostrar que un proyecto es compatible con el territorio.
El desarrollo contempla 14 edificios y 138 departamentos en nueve hectáreas, cerca del puerto de abrigo. La Profepa suspendió las obras al advertir posibles incumplimientos ambientales y afectaciones a flora protegida. La medida no equivale a una cancelación: impone una pausa jurídica y técnica para deslindar responsabilidades y determinar correcciones.
El antecedente exige atención. En diciembre de 2023, la Semarnat negó la autorización al considerar incompatible el proyecto con una zona vulnerable. Después se actualizaron los programas estatal y municipal de desarrollo urbano. El predio quedó comprendido como Área Urbanizable Programada tipo 1, con base en derechos municipales adquiridos, entre ellos una licencia de uso de suelo turístico y mixto. Bajo esa plataforma normativa, la empresa presentó otra solicitud y obtuvo una autorización condicionada en abril de 2025.
La circunstancia reclama explicación pública, no condena anticipada. Los instrumentos de planeación pueden modificarse y reconocer derechos legítimos; pero una nueva zonificación no vuelve menos frágil una duna, no altera un humedal ni reduce, por decreto, la exposición de una comunidad ante los huracanes. La norma puede cambiar; la geografía permanece.
La Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano, y la legislación ambiental obliga a prevenir, mitigar y reparar daños. La clausura temporal no debe entenderse como capricho ni sentencia definitiva, sino como una medida cautelar fundada, motivada y acompañada de una ruta verificable de cumplimiento.
También conviene hablar con mesura de quienes participan en la inversión. Entre las sociedades vinculadas aparece una relacionada con el ingeniero José Antonio Chapur Zahoul y su familia. Su trayectoria ha contribuido a generar inversión y cientos de empleos en el sureste mexicano y otros destinos. Reconocer esa aportación no concede indulgencias. Por el contrario, la experiencia y el prestigio empresarial elevan la responsabilidad y justifican exigir un estándar superior.
Como arquitecto y urbanista, sostengo que la costa no es una reserva de suelo vacante. Es un entramado donde dunas, humedales, manglares, pesca, turismo, infraestructura y asentamientos humanos dependen unos de otros. Alterar una parte sin comprender el conjunto puede agravar la erosión, interrumpir los flujos del agua, saturar los servicios y aumentar la vulnerabilidad regional.
Como defensor de la ecología, afirmo que estos ecosistemas no son ornamento: constituyen infraestructura natural. Pero, como desarrollador, también sé que la inversión necesita certeza, plazos y reglas confiables. Una clausura prolongada genera pérdidas, paraliza empleos, inquieta a compradores y desalienta capital. La salida no consiste en enfrentar economía y naturaleza, sino en conciliarlas bajo la ley.
Sería prematuro declarar que Las Dunas es viable o inviable. Debe revisarse la congruencia entre lo autorizado, lo ejecutado y las condicionantes federales, estatales y municipales. Semarnat y Profepa deberán precisar incumplimientos y medidas correctivas; al Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial verificar la Unidad de Gestión Ambiental; y el Ayuntamiento de Progreso, comprobar uso de suelo, densidad, altura, infraestructura y capacidad de servicios.
Al inversionista le corresponde escuchar, transparentar sus estudios, acatar las prevenciones y rediseñar. Ello podría exigir reducir la huella, reubicar edificios, ajustar alturas, conservar corredores de vegetación, tratar las aguas residuales y restaurar las áreas afectadas. Corregir no es claudicar: es preservar el capital mediante un proyecto jurídicamente sólido, ambientalmente defendible y socialmente legítimo.
Las comunidades de Chuburná y Chelem deben participar. Sus habitantes conocen la costa y podrían incorporarse a la construcción, operación, mantenimiento y servicios del desarrollo. Incluirlos permitiría trocar la desconfianza por colaboración y procurar que parte de la prosperidad permanezca en la región.
El éxito empresarial de Las Dunas no se medirá por el número de torres levantadas, sino por su capacidad para convertir una controversia en un proyecto sólido, rentable y aceptado por su entorno. La experiencia de sus promotores deberá traducirse en decisiones oportunas: escuchar a la autoridad, corregir el diseño, reducir riesgos e incorporar a la comunidad como aliada.
Rediseñar no significa perder una inversión, sino protegerla. Un proyecto que cumple la ley, respeta el territorio y genera confianza conserva mejor su valor, atrae compradores y fortalece la reputación de quienes lo impulsan. Los edificios pueden modificarse y los planes financieros ajustarse; recuperar un ecosistema destruido o la credibilidad perdida suele ser costoso y, en ocasiones, imposible.—Mérida, Yucatán
Expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, A. C.