Hace unos días, un amigo compartió en redes sociales una experiencia que se repite cada vez con mayor frecuencia y que no deberíamos acostumbrarnos a ver como algo normal. Acudió a una Unidad de Medicina Familiar y encontró una fila de personas esperando recibir sus medicamentos. Cuando llegó su turno, recibió la misma respuesta que todos los demás: no había medicamentos.
En esa fila, una derechohabiente comentó que llevaba cuatro meses intentando que le surtieran su receta. Otra persona dijo que ni siquiera había aspirinas. Alguien más contó que llevaba tres meses sin poder programar una cirugía porque necesitaba previamente un medicamento que tampoco estaba disponible.
Intentemos imaginarlo por un momento. Una persona se siente mal, acude al médico, recibe una receta y se dirige a la farmacia con la esperanza de encontrar alivio. Detrás de esa receta está la posibilidad de controlar una enfermedad, aliviar el dolor o recuperar la salud para continuar con su vida. Sin embargo, el medicamento que necesita no está disponible y tiene que regresar a casa sin él. No se trata de una experiencia aislada, sino de una realidad que muchas personas enfrentan todos los días.
¿Qué hacen esas personas después? ¿De dónde sacan el dinero para comprar el medicamento? ¿Qué sucede si no pueden pagarlo en una farmacia particular?
Cuando una receta no puede surtirse, la persona no puede simplemente guardar el papel y continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido. La enfermedad sigue ahí y la preocupación aumenta. Tres meses pueden parecer poco en un reporte administrativo, pero para quien espera un medicamento o una cirugía representan noches interrumpidas, dolor, actividades que ya no puede realizar y una vida que se va limitando mientras espera.
Entonces comienza otra preocupación, la de encontrar el dinero para pagar aquello que no se pudo obtener en el sistema público. Así, el costo de cada medicamento termina pagándolo una familia con sus propios recursos. La consulta que no puede esperar se cubre con el dinero de la despensa. El tratamiento se financia con una tarjeta de crédito cuyo saldo seguirá creciendo después de que termine el mes. Y si la persona enferma deja de trabajar, el golpe es todavía mayor, porque la familia necesita gastar más mientras recibe menos ingresos.
Estamos hablando de una transferencia de costos. Cuando una institución no logra satisfacer una necesidad que le corresponde atender, el costo no desaparece. Alguien termina asumiéndolo. En este caso, son el enfermo, su pareja, sus padres o sus hijos quienes deben encontrar la manera de cubrirlo, aunque no tengan los recursos para hacerlo.
Es entonces cuando el desabasto de medicamentos deja de ser solamente un problema de salud y se convierte también en un factor de endeudamiento y empobrecimiento, capaz de consumir el patrimonio familiar, comprometer los ingresos futuros y acabar con la estabilidad económica.
Hay que decirlo. Si el desabasto de medicamentos genera impotencia en quien necesita un tratamiento, la indignación es aún mayor cuando se trata de una persona que cada quincena cumple con sus aportaciones a la seguridad social a través de su empleo formal. Detrás de esas contribuciones existe una expectativa legítima: que la institución responda cuando más se necesita. Cuando la consulta se demora, la cirugía se pospone o la receta no puede surtirse, esa confianza se resquebraja.
¿Cómo no sentir enojo cuando se termina pagando dos veces? Primero, mediante las cuotas y los impuestos que contribuyen al sostenimiento de las instituciones públicas. Después, con dinero propio, al tener que comprar en una farmacia privada el medicamento que no se encontró en la institución. Difícilmente aceptaríamos algo así en otro ámbito: pagar por un servicio, no recibirlo y tener que contratarlo por otro lado sin recuperar lo que ya pagamos.
¿Dónde queda la promesa de la formalización? Se insiste en la importancia de contar con un empleo formal, tener prestaciones y cotizar a la seguridad social. Pero, ¿cómo pedirle a una persona que confíe en el sistema y cumpla con sus obligaciones si, cuando más necesita de él, tiene que pagar de su propio bolsillo aquello para lo que ha contribuido durante años?
Deberíamos recordar que la fortaleza de un país también depende de la salud de su gente. La salud es indispensable para el desarrollo económico, porque cuando una persona no recibe atención oportuna, su enfermedad puede impedirle trabajar, reducir sus ingresos y limitar sus oportunidades de crecimiento profesional. El impacto también alcanza a quienes asumen su cuidado, pues muchas veces deben faltar al trabajo, reducir su jornada o renunciar a una oportunidad laboral para acompañar a un familiar. Las consecuencias se extienden incluso a las empresas, que pierden productividad cuando sus trabajadores enferman o deben ausentarse para cuidar a alguien. La enfermedad de una persona puede convertirse, así, en una dificultad económica para toda una familia y en un costo para la sociedad.
Pero antes de hablar de productividad, ingresos o crecimiento económico, volvamos a lo esencial. La salud es un derecho humano, no un privilegio que deba depender de la capacidad de pago. No podemos permitir que las familias tengan que empobrecerse o endeudarse para cubrir las fallas del sistema de salud, ni que el acceso a un tratamiento dependa del dinero disponible en una cuenta bancaria. Ninguna familia debería tener que elegir entre proteger la salud de uno de sus integrantes y conservar su estabilidad económica.
Porque algún día podríamos ser nosotros quienes estemos en esa fila esperando medicamentos. Podría ser nuestra madre, nuestro padre o un hijo. Y entonces no querremos discursos ni explicaciones administrativas. Queremos que el medicamento esté disponible, que la atención llegue a tiempo y que la salud de quienes amamos no dependa de nuestra capacidad para pagarla. Si eso es lo que esperamos para nosotros y nuestras familias, eso mismo debemos exigir hoy para quienes siguen esperando.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
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Profesora universitaria y consultora financiera