Hace 15 años, el 16 de octubre, Miguel Ángel Granados Chapa dijo su postrer adiós.
Como he señalado otras veces, en la adquisición de documentación y materiales electorales existe una suerte de oligopolio que, propiciado por el Instituto Nacional Electoral (INE), aprovecha la alta demanda connatural a la concurrencia de elecciones federales y locales para imponer sobreprecios a los insumos comiciales.
Las sospechas y excesos propiciados por el INE han sido expuestos en diferentes momentos.
Uno de ellos, escandaloso, ocurrió en 2025, cuando Jesús Octavio García González, exrepresentante legal de dos empresas proveedoras del instituto, fue puesto al frente de la Dirección de Administración del INE, pese a la oposición de varios consejeros.
Las irregularidades en la compra de documentación y materiales electorales fueron difundidas por la periodista Nancy Flores en Contralínea de noviembre de 2023.
En la entrada de su profuso y documentado reportaje, la periodista informó que, a pesar de carecer de oficinas, empleados y maquinaria, tres empresas identificadas como coyotes en el mercado de papelería y materiales comiciales habían obtenido 43 contratos, entre 2018 y 2023.
La mayoría de las asignaciones —por más de 1 mil millones de pesos— fueron de institutos locales (OPLes), en contextos de procesos de elección popular. Las tres empresas son: Cajas Graf, con 22 contrataciones; Formas Finas, con 15; y Corporativo Zeg, con seis.
Reprobación inicial
El asunto mereció la reprobación del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo a Contralínea que el INE y la Fiscalía de Delitos Electorales deberían investigar las graves irregularidades, pero el caso no pasó a más. Hasta donde se sabe, no se abrió una carpeta de investigación, no se impusieron sanciones administrativas importantes ni se inhabilitó a las empresas señaladas.
Y hace unos días, una investigación —ahora de los periodistas Érika Hernández y Rolando Herrera (Reforma)— abordó el tema de los insumos electorales y reveló posibles conflictos de interés en el INE.
El principal señalamiento involucra a Jonathan Navarrete Torres, supuesto chofer de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pero a quien nadie recuerda haber visto laborando en el INE.
Lo que sí se acreditó es que el supuesto chofer aparece desde junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg, una empresa señalada por diversas irregularidades.
La nota destaca que Corporativo Zeg y Cajas Graf concentran buena parte del mercado de materiales electorales en México. Ambas empresas pertenecen a los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández y han enfrentado investigaciones de distintas autoridades, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Y como AMLO en 2023, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema en la mañanera del 20 de octubre y pidió al INE aclarar las presuntas irregularidades y transparentar la información sobre los señalamientos que involucran a funcionarios del organismo.
La noche del martes 20 de octubre, el INE circuló una invitación a “la lectura del Mensaje a Medios, encabezado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala”, el miércoles 21 a las 16:30 horas, y al señalar expresamente una “lectura”, cabe entender que no aceptaría preguntas.
Respuesta pendiente
Cuando escribo esta columna, no es posible saber si se realizó y cómo se realizó la “lectura”, aunque supuestamente el mensaje respondería a la solicitud presidencial de aclaraciones, si bien las irregularidades planteadas difícilmente podrían explicarse y justificarse.
En la tarde del miércoles 21 de octubre, antes del acto convocado por el INE, corrió la versión de que Taddei se limitaría a anunciar la creación de un nuevo “Portal de Transparencia Ciudadana”.
En tanto, el mismo miércoles, el diario Reforma amplió su información y agregó que entre 2023 y 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de 13 personas físicas y 7 empresas, como parte de la indagatoria a proveedores de materiales electorales.
La investigación es por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.
La información difundida hasta hace unos días involucra no sólo a Taddei, sino también a la exsecretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, quien renunció a su cargo por supuestos motivos de salud y semanas después asumió la Dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Cuando presidió el OPLe de Chihuahua, Espino asignó en 2021 un contrato por 33.9 millones de pesos a Cajas Graf. Al ocupar su cargo en el INE, tenía fama de llamar a institutos electorales de los estados, para hacerles recomendaciones sobre la contratación de proveedores.
Pregunta obligada
A menos que los hechos denunciados se expliquen y justifiquen con solidez, la corrupción y los conflictos de interés son evidentes y obligan a preguntar si la cúpula del INE debe permanecer como está.— México.
Periodista
Las sospechas y excesos propiciados por el Instituto Nacional Electoral (INE) han sido expuestos en diferentes momentos.