El gobierno federal ya no tiene dinero para cubrir las pensiones y jubilaciones de trabajadores de instituciones oficiales y las transferencias de programas sociales, consideran directivos del Instituto Mexicano de Ejecutivos y Finanzas en Yucatán (IMEF).
En el informe mensual de septiembre sobre el análisis económico de México y Yucatán, el presidente del IMEF local, Isaías Marrufo Góngora, y el ex presidente del organismo, Francisco Álvarez Cuevas , hablan de las nuevas restricciones a la Modalidad 40 del IMSS.
Ese esquema permitía que el trabajador en retiro mejore sus percepciones económicas, pero con los cambios de limitar el salario a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) evita que aumente considerablemente el monto de la percepción económica.
“Estamos en una situación difícil todos los trabajadores”, reconoce Álvarez Cuevas. “El gobierno no fondeó lo suficiente a las pensiones en los últimos años. Hay un cambio en la pirámide poblacional porque las personas tienen una esperanza de vida hasta los 80 años en vez de los 65 como se proyectaba”.
“La tasa de reemplazo de jóvenes es menor porque los que llegan a la edad productiva no tienen empleo, y sin esta fuente de ingresos ya no piensan en tener hijos porque no podrán darle una vida digna”, explica el ex presidente del IMEF local.
“En Europa hay manifestaciones complicadas que tienen que ver con este mismo tema de los problemas económicos”.
El maestro Álvarez Cuevas considera que “no hay más presupuesto” para las pensiones y jubilaciones de los trabajadores ni para los que están cobijados por la ley 1973.
Ante esta difícil situación, el gobierno federal tiene que ver dónde recorta sus gastos corrientes para cumplir su obligación y responsabilidad ante los millones de trabajadores en retiro y próximos a la jubilación.
“Lo que está pasando ahorita es que ya llegaron a un punto que no es sostenible. Por ello interviene el comité técnico del IMSS y realiza un avalúo temporal para determinar un plan de acción”, señala.
“Es un acuerdo del comité técnico, no es un cambio de una ley, pero hay que recordar que el gobierno federal hizo reformas para disminuir las pensiones de personas que ganaban más que la presidenta de la República y la aplicó en forma retroactiva”.
Vigilancia a las afores
El presidente del IMEF Yucatán también advierte de este riesgo para los trabajadores y afirma que tanto la sociedad como el sector privado tienen que estar muy pendientes del dinero acumulado en las afores y pugnar para que la administración de los recursos la mantenga la iniciativa privada, ya que un desvío de las afores a otros fondos que no sean para pagar el retiro de los trabajadores causaría una enorme afectación a la clase trabajadora.
“Las afores ya tienen más de una década y responde al cambio de estructura de las pensiones. Esta situación de la Modalidad 40 requiere un gran análisis técnico, porque el análisis político ya está hecho”, dice.
En el análisis que realizó el contador público Álvarez Cuevas sobre los cambios en la Modalidad 40, explica que México está muy por debajo de la tasa de reemplazo.
La tasa de natalidad de la mujer mexicana es de 1.3 y la yucateca de 1.2 hijos. En 2006 nacieron 34,500 yucatecos y ahora que están en edad productiva hay un déficit de 46,000 empleos formales.
El Inegi reportó que en septiembre de 2026 había 444,336 empleos registrados ante el IMSS, pero en ese mismo mes de 2024 eran 448,360. Es decir, el empleo perdió 4,000 posiciones en dos años o 2,000 empleos cada año.
Si se toma como base que alrededor del 60% de los yucatecos son población económicamente activa, eso significaría que se requieren 23,000 empleos al año para el mercado formal. Y por los dos años serían 46,000 plazas laborales, pero la creación del empleo es deficitaria simplemente para mantener el mismo nivel de 2024.
“Cuando entendimos estas causas y cruzamos información, encontramos la razón de por qué los yucatecos no tienen hijos”, señala Francisco Álvarez.
“Para empezar, los jóvenes requieren un empleo con cierto nivel de remuneración para sufragar gastos de vivienda, comida, médicos y gasto corriente. Cuando el joven ve que no le dan sus ingresos para tener familia, no tiene hijos y menos si sabe que no tendrá una pensión”.
Dinero para programas
“Hace algunos años el gobierno federal no fondeó lo suficiente las pensiones”, recuerda. “Ahora, con números de la Secretaría de Hacienda se sabe que los ingresos subieron apenas 1.3%, prácticamente nada”.
“El gasto en jubilaciones y pensiones de instituciones formales crecieron 4.5%, y los subsidios y transferencias de los programas de bienestar crecieron 10.3%. Esto significa que hubo una decisión del gobierno de mover el dinero para pensiones formales a programas sociales. Y el resultado es que no da el dinero para cubrir todo”.
Álvarez Cuevas considera que en estos momentos el gobierno federal tiene que tomar una decisión y de allí surge la intervención del consejo técnico del IMSS porque dice: “ya no nos da el dinero para las pensiones”.
El tema de las pensiones no es solo de México, es internacional. En 1973 cuando se creó el IMSS había poca expectativa de vida, máximo hasta los 65 años, pero ahora es de 80 años o más. “Es decir, el gobierno tendrá que pagar 15 años adicionales a las personas jubiladas”.
Ante este déficit presupuestal, la postura del IMEF en relación con las pensiones es que las afores deben seguir bajo administración del sector privado. Separar totalmente del gobierno este dinero de los trabajadores para que garanticen que pertenece a los trabajadores y no para que se use en otros fondos.
Entre las malas noticias para la economía nacional figura la rebaja de la calificación crediticia soberana a largo plazo de la agencia HR Ratings.
Esto no sorprende al IMEF porque el gobierno federal tiene exceso de gasto, que es un foco amarillo para la economía, pero el panorama se podría agravar si pierde el grado de inversión porque, por norma financiera, las empresas sacan sus inversiones del país ante la incertidumbre.
Si las empresas llegaran a sacar de 20,000 a 70,000 millones de dólares, México caería en una severa devaluación y una contracción económica con resultados catastróficos para la economía.