En la crisis sin precedente que está atravesando el Instituto Nacional Electoral (INE), su ahora expresidenta Guadalupe Taddei Zavala concentra las responsabilidades, pero en realidad éstas son compartidas por los actuales consejeros, no por participar en las irregularidades y posibles delitos ya suficientemente conocidos, sino al menos por culpa in vigilando.
La mayoría de los consejeros del INE no pueden alegar desconocimiento, aunque la presidenta les ocultara información, porque los excesos de los proveedores de documentación y materiales electorales fueron denunciados por algunas de las víctimas, destacadamente el OPLe de Baja California, y también por un amplio reportaje que cité en columna anterior, de la autoría de Nancy Flores en Contralínea, quien documentó irregularidades por lo menos entre 2018 y 2023.
En el INE han comenzado a producirse renuncias de funcionarios cercanos a la expresidenta y es de esperarse que continúen.
Funcionarios como el contralor Víctor Hugo Carvente y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Mario Alejo García, evidentemente no son idóneos, en el caso del contralor por su estentóreo silencio mientras en sus narices ocurrían conflictos de interés, colusiones, triangulaciones de recursos y sospechosas licitaciones y adjudicaciones directas. Y en el otro caso, porque Alejo García —como se acreditó al ser nombrado— no reúne los requisitos para el delicado puesto, ni su desempeño —hasta donde se sabe— ha sido satisfactorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón al señalar la necesidad de transparentar las contrataciones de las empresas proveedoras del INE y que las investigaciones no se limiten a la administración de Taddei, sino se extiendan a los años anteriores, sin que tales revisiones impliquen necesariamente irregularidades.
La presunción de inocencia es un derecho de todos, incluso de Taddei.
De cara al proceso para la designación de titular de la presidencia del Consejo General del INE, los diputados deben adoptar previsiones para que, sea mediante el Comité Técnico u otra instancia, se revisen escrupulosamente los antecedentes de los integrantes de la quinteta que se someterá al pleno de la Cámara, para garantizar su probidad, idoneidad, ética y capacidad en la materia.
Además, los diputados tienen el deber de actuar con ética y responsabilidad políticas y esforzarse por arribar a los acuerdos necesarios para que el nombramiento sea por unanimidad. Que las mayorías renuncien a imponer su número y las minorías al veto irracional.
El Congreso de la Unión debería corregir errores y, por una parte, volver a la colegialidad que es connatural al INE y se perdió al concederle atribuciones casi absolutas a la presidencia del Instituto, y por otro lado, restaurar la Comisión de Administración, que alguna vez tuvo, para propiciar el acompañamiento de los consejeros en asuntos administrativos.
Un senador y su operador
La necesidad de investigar antecedentes de los candidatos de la quinteta de donde saldrá el nuevo presidente(a) del INE se evidencia con al menos dos casos cuya falta de idoneidad resulta evidente. El más importante es el de Taddei, de quien ahora se conocen irregularidades cuando presidió el Instituto Electoral de Sonora.
El otro caso es el de un consejero en funciones, Jorge Montaño Ventura, quien fue acusado de participar en una red de corrupción que planeó la compra de un edificio, con daños estructurales, por un monto de 32 millones 600 mil pesos en 2011, en el instituto electoral de Tabasco. Sin embargo, al ser auditado y valuado por el Congreso estatal, el inmueble alcanzó un costo real de solo 17 millones.
No obstante, Montaño fue nombrado magistrado por el Senado y posteriormente se le acusó de “ejercicio indebido del servicio público”, por lo cual se le retiró del cargo, pero no llegó a la cárcel, debido a un amparo que convalidó un tribunal colegiado. El entonces gobernador Adán Augusto López Hernández lo rescató y lo nombró ¡fiscal electoral!
¿Era ese un perfil adecuado para llegar a la máxima autoridad administrativa en materia electoral? Comoquiera, Montaño es actualmente integrante del Consejo General y su papel más relevante, como lo cuentan algunos de sus compañeros, es operar para los intereses del senador Adán Augusto López, cuya intromisión en asuntos del INE, donde ha colocado a diversos funcionarios —por conducto de Taddei—, debe terminar.
Montaño tiene fama de ser un consejero itinerante que negocia con gobernadores consejerías de los órganos públicos locales (OPLes). Vulnera de ese modo la autonomía del INE y compromete la imparcialidad de los OPLes.
Si ha de continuar en su cargo, es claro que el Consejo General debe frenar su ilegal actividad y revisar los nombramientos negociados con gobernadores.
Periodista
La mayoría de los consejeros del INE no pueden alegar desconocimiento… porque los excesos de los proveedores se denunciaron…