“Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige”.— Séneca
Cada noviembre, el estado vive un ritual discreto que decide más que muchas campañas: la entrega del paquete fiscal. Este año el Ejecutivo tiene hasta el 25 de noviembre para presentarlo al Congreso, y la Secretaría de Administración y Finanzas ha adelantado una cifra cercana a los 68 mil millones de pesos para 2027, frente a los poco más de 66 mil millones de este año. Prioridades anunciadas: infraestructura, salud y seguridad.
Nadie podría objetar el menú, empero el problema de los presupuestos rara vez está en la carta ya que suele estar cocinándose aparte.
Lo que el monto no dice
Una cifra global es como el área total de un proyecto arquitectónico: impresiona, pero no dice si la casa tiene baños. La pregunta relevante no es cuánto, sino en qué, con qué resultados esperados y con qué margen de maniobra.
Para lo anterior consideremos la existencia de tres ponderaciones que merecen lectura cuidadosa:
La primera: 2027 es año electoral y el presupuesto incluirá recursos para organizar los comicios. Es una obligación legal y democrática; nada que reprochar.
Lo que conviene vigilar es la tentación clásica de esos años: que el gasto corriente y los programas de alta visibilidad crezcan más rápido que la inversión de largo plazo.
Las urnas premian lo inaugurable; los acuíferos, las redes eléctricas y los drenajes premian lo invisible.
La segunda: el financiamiento de hasta 1,562 millones de pesos ya autorizado para el Plan Bienestar Metropolitano, destinado a obras en Mérida y su zona conurbada.
La deuda bien usada es una herramienta de ingeniería financiera; mal usada, es una hipoteca sobre los nietos.
La diferencia está en la cartera de proyectos: estudios, rentabilidad social, calendario y mantenimiento futuro.
La tercera: el propio gobierno reconoce haber aplicado un plan de contención para garantizar aguinaldos, nómina y servicios al cierre de 2026.
Es responsable haberlo hecho e ilustrativo que lo informe pertinentemente, por eso referimos que la holgura es estrecha y que cada nuevo peso de 2027 tiene ya varios pretendientes, entre ellos organismos con presiones conocidas, como la Agencia de Transporte de Yucatán.
Conviene recordar, además, que el paquete estatal depende en buena medida de lo que defina la federación, y que el gobierno ha dicho que esperará las asignaciones federales para cerrar sus cifras.
Es decir, el margen real de decisión local es menor de lo que sugiere el titular, razón de más para que ese margen se use con bisturí y no con brocha gorda: cuando el dinero propio es escaso, cada peso discrecional debería ir a donde multiplica, no a donde luce.
Un pozo de monitoreo, una subestación reforzada o un tramo de drenaje pluvial no salen en la foto, pero evitan la siguiente emergencia, que siempre resulta más cara que la prevención.
Preguntas antes de votar
El Congreso no constituye una oficialía de partes, su propósito es cuestionar, y la ciudadanía organizada puede y debe contribuir a que lo haga con eficacia, basado en ello propongo cinco interrogantes que cualquier legislador, sin importar su bancada, o algún ciudadano, podría plantear sin riesgo de ser percibido como opositor, sino únicamente como diligente.
1) ¿Cuánto es inversión física y cuánto gasto corriente, y cómo se compara con 2026?
Si la inversión no crece al menos al ritmo del presupuesto total, la prioridad declarada en infraestructura es más retórica que aritmética.
2)¿Qué obras tienen proyecto ejecutivo, permisos y estudios de impacto antes de recibir recursos?
Asignar dinero a una obra sin proyecto es como colar la losa antes de calcular las trabes.
3) ¿Cuánto se reserva para mantenimiento?
Inaugurar es glamoroso; mantener es civilizado. Una red de agua, un pozo de absorción o una subestación sin mantenimiento presupuestado es una emergencia con fecha diferida.
4)¿Cuál es el servicio de la deuda proyectado y su calendario de pagos?
La transparencia sobre lo que se debe, es la mejor vacuna contra la urgencia como argumento.
5)¿Con qué indicadores se medirá el resultado?
Continuidad del agua potable, minutos de interrupción eléctrica, tiempos de traslado en transporte público, cobertura de salud.
Sin meta no hay evaluación, y sin evaluación el siguiente presupuesto se hará con la misma lógica inercial: lo del año pasado, más la inflación, más lo que griten más fuerte.
Hay, además, un dato alentador: el Congreso recibió 84 propuestas municipales para el ejercicio 2027, lo cual representa la oportunidad de alinear lo estatal con lo municipal, sobre todo en la zona metropolitana, donde el agua, la energía y la movilidad no respetan límites de cabildo.
Yucatán vive una etapa de inversión y crecimiento que pocas veces se repite, sería una lástima administrarla con la elemental contabilidad de aquellas antiguas tiendas de la esquina.
Un presupuesto es, en el fondo, el proyecto ejecutivo de la vida pública: dice qué se construye, en qué orden y con qué resistencia. Y como todo proyecto, debe revisarse antes del colado, no después de que aparezcan las grietas.
A los colegios profesionales, a las cámaras y a la sociedad organizada nos corresponde leer ese proyecto con la misma seriedad con que revisamos un plano: sin consignas, con preguntas, y con la disposición de proponer.
La rendición de cuentas no es un gesto de desconfianza, es el control de calidad de la democracia.
Corolario:
“Gastar no es invertir”.— Viena, Austria
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@alfonsoengineer
Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE). Consejo Asesor