CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
El cinismo y la aparente desesperación del régimen llegaron esta semana a niveles nunca vistos. Ante el descarado escándalo de corrupción de Guadalupe Taddei y secuaces morenistas —de multimillonario impacto en las finanzas públicas—, el partido en el poder solicitó a los diputados de su coalición crear una comisión especial para investigar a fondo… “las elecciones de 2006”.
En desesperado intento por desviar la atención, deciden crear una “Comisión Especial para la Democracia y la Verdad”. Solo se busca “esclarecer los hechos”, se justificó Ariadna Montiel, presidenta de Morena; “el pueblo tiene derecho a saber la verdad…” sobre lo que sucedió “hace veinte años”. De los escándalos actuales, ninguna palabra. Que se juzgue de nuevo lo ya juzgado.
En respuesta, la oposición acepta “el reto”, pero pide que también se investiguen las elecciones de 2018 y 2024, de las que resultaron ganadores López Obrador y Claudia Sheinbaum. Argumenta que también se podrían “esclarecer hechos” —que la señora Taddei conoce muy bien— como la manipulación electrónica de votos y el financiamiento del narco a las campañas.
Con Guadalupe Taddei “desaparecida”, sin evidencias de una investigación profunda del escándalo hecho público a mediados de octubre, el régimen insiste en que “el pueblo” tiene derecho a la verdad, pero, en vez de ofrecer investigar hasta las últimas consecuencias el presente, decide recurrir de nuevo al pasado y convoca a una campaña de manipulación en redes sociales.
La narrativa por encima de la verdad; la democracia a merced de la tergiversación. Con total descaro, líderes del obradorismo reconocen que impulsan una campaña masiva para cambiar la narrativa sobre el “clan Taddei”, que ya impacta seriamente en la imagen pública del “movimiento”. Se diseñan “ejes estratégicos narrativos” dirigidos a culpar de todo a… Lorenzo Córdova (bit.ly/3WNxCXY).
La prioridad del régimen es revivir el supuesto fraude que impidió en 2006 la llegada a la Presidencia del “líder moral del movimiento”. Los desvíos millonarios de la señora Taddei y su impacto en la credibilidad del instituto electoral son secundarios. Parecen irrelevantes los graves, impunes casos de corrupción durante el obradorato, como los de Segalmex y el huachicol fiscal.
Poco importa que permanezcan en el olvido las múltiples denuncias de malversación de fondos en obras emblemáticas como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Qué importa que el megaproyecto ferroviario siga sangrando las finanzas públicas, como se informó durante la semana (bit.ly/3WNNMRa). Lo importante es que “el pueblo” sepa que la corrupción es responsabilidad de Lorenzo Córdova.
Que se investigue o no a fondo a Guadalupe Taddei es secundario. ¿Quiénes autorizaron las contrataciones cuestionadas? ¿Qué relaciones había entre funcionarios electorales y empresarios beneficiados? ¿Quiénes conocían las posibles irregularidades y por qué no las impidieron? Todo eso parece irrelevante. La estrategia es liberar al régimen obradorista de toda responsabilidad.
LA IMPUNIDAD
Como declararon al “Diario” esta semana en Mérida representantes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la permanencia de los “pactos de impunidad” permite al poder político decidir a quién investigar, perseguir o proteger para garantizar la continuidad del régimen (bit.ly/4AATKna). A ello habría que sumar el continuo debilitamiento de los contrapesos democráticos.
El caso Taddei y las maromas del gobierno en torno al escándalo vendrían a confirmar que el supuesto compromiso de acabar con la corrupción no pasa de ser una aspiración del obradorismo. Reconocer la persistencia de este problema tendría serias consecuencias de cara a las elecciones del próximo año. De ahí el cínico esfuerzo de gobierno y voceros por desviar la atención.
Los representantes de MCCI se sumaron a quienes han advertido en los últimos meses que en México —Yucatán incluido— se han relajado los controles y debilitado las instituciones encargadas de vigilar el manejo de los recursos públicos. Situaciones que antes podían encender alertas, advirtieron, ahora pasan inadvertidas. El llamado a fortalecer la auditoría ciudadana fue claro.
La corrupción prospera cuando la sociedad, por apatía o conveniencia, deja de exigir explicaciones y los políticos no enfrentan costos por las irregularidades de sus gobiernos. Cuando un gobernante presenta ese problema como exclusivo del pasado, se corre el riesgo de convertir su combate en un arma de legitimación política, en lugar de asumirlo como obligación permanente.
La democracia no consiste solo en elegir gobernantes; implica también limitar su poder y exigirles cuentas. Para ello se necesita una estructura institucional capaz de fiscalizar e investigar posibles irregularidades con autonomía. ¿Quién los vigila y quién garantiza que las investigaciones lleguen hasta los verdaderos responsables? Esa es la función de los contrapesos democráticos.
¿Puede un gobierno demostrar que combate la corrupción si las investigaciones que involucran a sus allegados no tienen el mismo rigor que las dirigidas contra sus adversarios? El caso Taddei representa una prueba de fuego frente a la impunidad que prevalece en el obradorato y una oportunidad para el régimen de demostrar cuán real es su compromiso con la transparencia.
Un gobierno comprometido con la rendición de cuentas no teme que sus decisiones sean examinadas, sus contratos revisados y sus funcionarios cuestionados. Por el contrario, entiende que el combate a la opacidad no debilita su autoridad: la legitima. El caso Taddei es una magnífica oportunidad para reflexionar en torno a las incongruencias del régimen.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es que ningún gobierno puede afirmar que combate la corrupción mientras utiliza la manipulación de la verdad para desviar la atención de sus propias responsabilidades y protege a los cercanos al poder mediante pactos de impunidad.
El caso Taddei ilustra una contradicción de fondo: el obradorismo exige esclarecer los supuestos agravios del pasado, pero evita ofrecer explicaciones convincentes sobre las denuncias del presente. La lucha contra la corrupción pierde credibilidad cuando se utiliza como instrumento de confrontación política y no como una obligación permanente del gobierno.
El escrito también plantea que la defensa de la democracia exige ciudadanos dispuestos a cuestionar al poder, instituciones independientes y contrapesos capaces de investigar sin distinciones ni privilegios. La transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones de los gobernantes, sino obligaciones fundamentales de cualquier gobierno democrático.