Prueba de fuego
Con grueso expediente de documentos, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Silvia López Escoffié, se presentó ayer ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para denunciar una presunta red de empresas utilizadas para desviar recursos públicos mediante dependencias del Ejecutivo.
El sábado pasado la dirigente presentó otra denuncia por el mismo motivo, pero ante la Fiscalía General del Estado.
Esa red, de acuerdo con la denunciante, orbita en torno a la empresa “A Moot Point”, que en solo cuatro años —fue constituida en 2014— ha obtenido cientos de contratos millonarios. Hay indicios, dice la coordinadora de MC, de que están involucrados altos funcionarios del gobierno del Estado y algunos de sus familiares.
Al llegar a las oficinas de la dependencia acompañada del presidente estatal del PAN, Edgar Ramírez Pech, y otros directivos, Silvia López indicó que espera de la ASEY un trato igual de rápido que el otorgado a acusaciones en las que se involucra a candidatos de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano.
“Ésta es la prueba de fuego de esta institución y de su titular, Mario Can Marín”, manifestó.
Al entrar al inmueble, que es prácticamente un búnker, la dirigente partidista solicitó entrevistarse con Can Marín, pero le informaron que éste no se encontraba en sus oficinas. Ante esta situación, se retiró después de que entregó los documentos y le sellaron las copias.
A su llegada, la licenciada López Escoffié informó que llevaba consigo más de 2,500 documentos que constituyen pruebas de que “A Moot Point” fue creada “a modo” para que “estos funcionarios públicos posiblemente se enriquecieran”.
De acuerdo con esas pruebas, agregó, en solo dos años esa compañía prestó supuestos servicios o proveído material por un monto de más de cien millones de pesos al gobierno del Estado.
“Queremos ver qué respuesta nos va a dar nuestro flamante auditor ante esta denuncia contra las personas que se enriquecieron ilícitamente y se robaron el patrimonio de los yucatecos”, enfatizó.
Cuando el reportero del Diario le preguntó quiénes son esas personas, la denunciante señaló: “Son diversos funcionarios que estuvieron en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Cultura, en Hacienda, en Desarrollo Rural y otras más, y todos aquellos que resultaran involucrados. Por eso no lo queremos cerrar a algunas personas sino a todo aquel funcionario que estuviera involucrado”.
Corresponde a la autoridad, subrayó, investigar el grado de participación de los señalados.
Ante la insistencia indicó: “El número depende no solo de las cabezas sino de los que están involucrados con ellos. Estoy hablando de las secretarías, de sus titulares, los que estaban como titulares… Del que fue asesor del gobierno del Estado, y otros que están involucrados, porque hay parientes además”.
Explicó que “A Moot Point” fue constituida en 2014 con giros “muy cortos”, con servicios ligados a internet, pero terminó amueblando hospitales con más de 130 camas, por citar un ejemplo. Sólo a la Secretaría de Salud le ofreció servicios por los cuales cobró más de 75 millones de pesos.— ÁNGEL NOH ESTRADA
@angelovaliant