Justicia solidaria
Macedonio Martín Hu (*)
Si convenimos en lo que señalan los estudiosos respecto a que, en el universo todo está estrechamente relacionado, aceptaríamos que el problema social de nuestro entorno es asunto que nos debería interesar, como la situación de los pensionados y jubilados del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), pues se pretende diezmar sus ingresos.
No es posible, en un mundo globalizado que cuenta con grandes avances en el campo científico y tecnológico, que algunas instituciones del gobierno estatal no puedan transparentar su administración y mantener una comunicación oportuna con sus derechohabientes.
Me parece inconcebible que la directora del Isstey, María Isabel Rodríguez Heredia, y la mesa directiva de la institución tuvieran que esperar que transcurra “olímpicamente” casi un año para detectar que un pago a los pensionados y jubilados sea un “apoyo extraordinario” y que se realizó gracias al ahorro de 272 millones del gasto corriente del propio Isstey.
Ese pago lo recibirían del 1 de enero hasta el 30 de octubre pasados. De ahora en adelante, los extrabajadores recibirían sus pagos como estaba establecido hasta antes del 1 de enero de 2019. Empero, los afectados lo consideran injusto y argumentan que dicho pago no fue una dádiva del gobierno de Mauricio Vila Dosal, pues corresponde al 16 por ciento que acordó con otros sectores el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a los salarios mínimos de 2019. En ese contexto, no es difícil inferir que a los jubilados y pensionados del Isstey les podría asistir la razón.
El embrollo está, según mi punto de vista, en que el aumento del 16 por ciento fue a los salarios mínimos generales, y los pensionados y jubilados del Isstey, estarían sujetos a las políticas salariales que determina el gobierno del Estado. Lo más grave del asunto es que nadie informó a los extrabajadores el origen y motivo del multicitado “apoyo extraordinario”.
Otro dato importante: Vila Dosal pretendió, infructuosamente, que a los pensionados y jubilados del Isstey les pagaran en Umas y no en salarios mínimos. La razón es que, si se pagara en Umas, se obtendría un cuantioso “ahorro” en las finanzas estatales; a cambio, la medida hubiera afectado severamente los ingresos de los extrabajadores. Por fortuna, la propuesta del gobernador fue desechada por el Congreso estatal; esa decisión de los legisladores yucatecos mereció el aplauso general de la sociedad yucateca.
En estos días, la directora del Isstey y la secretaria general de Gobierno, María Dolores Fritz Sierra, están empeñadas en explicar las razones para que los jubilados y pensionados se convenzan y acepten la reducción de sus ingresos. Un jubilado, que reservó su identificación, me comentó que lo que estarían haciendo las dos funcionarias del gobierno del Estado es como “dorarles la píldora”.
Hay medidas que al paso del tiempo se convierten en una carga difícil de sobrellevar; un ejemplo es la jubilación móvil que fue otorgada a maestros del sistema estatal mediante un convenio del exgobernador Graciliano Alpuche Pinzón con los líderes de la Sección 57 del SNTE. A los agremiados de la Sección 33 del SNTE les pareció extraordinaria esa medida adoptada por el extinto militar; por fin se hacía justicia a los maestros del sistema estatal.
Empero, ese beneficio económico significaba un gasto excesivo para las finanzas del gobierno estatal. Hasta hoy los maestros que aprovecharon ese programa cobran mes a mes el importe de su jubilación móvil. El beneficio económico que reciben los maestros es generoso al grado que, un profesor que goza de su jubilación móvil, me comentó muy contento que cada fin de mes dedica unas plegarias y prende veladoras a la memoria de Alpuche Pinzón. Años más tarde, con un convencimiento objetivo y racional, el gobierno del Estado en turno canceló el programa de la jubilación móvil.
Percibo que los jubilados y pensionados del Isstey que recibieron según su versión el aumento del 16 por ciento deberían continuar recibiendo ese beneficio y que, a partir de ahora, las autoridades de esa institución analicen bien el aumento porcentual de los salarios mínimos y tomen las medidas pertinentes para que más tarde no se afecten los ingresos de los jubilados y pensionados.
En el caso del Isstey, que fue creado en el sexenio del gobernador Francisco Luna Kan (1976-1982), urge una exhaustiva revisión de sus normas y una reforma integral. Se tendrá que cuidar que todas las medidas que se tomen no sean con criterios mercantilistas que contravengan el sentido social que justificó plenamente su creación.— Mérida, Yucatán.
chilambalam945@hotmail.com
Maestro de la Universidad Pedagógica Nacional