Las empresas y los empresarios deben actualizar sus procedimientos para cumplir con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y evitar sanciones millonarias, advirtió el maestro Carlos Jorge Escalante Palma durante el curso “Prevención de multas en materia de lavado de dinero (LFPIORPI)”.
La capacitación, que inició ayer y concluye el miércoles 14, se enfocó en los cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de agosto, y en las medidas que los negocios deben adoptar ante la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, prevista para el 30 de noviembre.
Escalante Palma, certificado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera en prevención de lavado de dinero, explicó que las modificaciones implican nuevos retos para las empresas que realizan actividades consideradas vulnerables, entre ellas las inmobiliarias y ciertos servicios profesionales, por lo que resulta necesario conocer las obligaciones aplicables a cada caso.
“Si bien hay que prevenir el lavado de dinero, pero también los empresarios, en tanto sociedades, como personas físicas, tenemos que implementar esos controles para no caer en esas multas que nos pueden imponer, en este caso la autoridad, que es el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, señaló.
Durante la sesión, en la que participaron personas vinculadas con las áreas de tesorería, auditoría, contabilidad y asesoría inmobiliaria, entre otros perfiles, el especialista expuso los fundamentos de la legislación, las actividades vulnerables y los principales cambios que deberán incorporarse a los procedimientos de cumplimiento.
Advirtió que uno de los errores recurrentes es omitir la presentación de avisos ante la autoridad o no reportar las operaciones correspondientes a través del portal antilavado del SAT. También mencionó las deficiencias en la integración de expedientes de clientes y el incumplimiento de las restricciones para el uso de efectivo en determinadas operaciones.
En el caso de las operaciones inmobiliarias, recordó que existe un límite para el uso de efectivo. Como ejemplo, mencionó las ventas de inmuebles, para las cuales señaló un tope de 8,025 UMAS. Rebasar la cantidad permitida puede derivar en sanciones para los involucrados.
El especialista también hizo hincapié en que el cumplimiento no consiste únicamente en conocer la ley, sino en revisar si el negocio está obligado a registrarse en el portal antilavado, verificar que sus avisos estén al día y preparar los mecanismos internos para atender las disposiciones.
Entre las medidas que deberán considerar las empresas mencionó la elaboración de manuales, la definición de perfiles de riesgo, las auditorías y la capacitación del personal.
“Imagínate que te pongan una multa de 1 millón de pesos para muchos empresarios es el acabose de la empresa, entonces, igual esa prevención vale oro, y la única manera que podemos prevenir es enterándonos, capacitándonos de lo que viene de los cambios y con eso implementar estas cuestiones, ¿no? Que cambian a pasos muy agigantados”, expresó al Diario, antes de que comenzara la clase.
En la bienvenida al curso, Escalante Palma señaló que algunas empresas y comercios no han seguido los cambios y actualizaciones de la legislación, por lo que consideró importante repasar sus principios generales y las obligaciones que corresponden a cada actividad.
También señaló que existen casos de personas que se registran en el portal sin estar obligadas a hacerlo y otros de contribuyentes que sí deben inscribirse, pero aún no han cumplido con ese requisito. Ambas situaciones, dijo, requieren atención para evitar problemas con la autoridad.
La capacitación también permitió a los asistentes compartir las razones por las que buscan actualizar sus conocimientos. Carlos Giovanni Aldana Martín compartió que su interés es conocer las perspectivas de especialistas sobre la aplicación de las reformas y los criterios para interpretar la ley.
“Porque realmente viene fuerte, las sanciones son muy altas. Y es una ley que no. O sea, no puedes omitirla, no te salva la omisión de no conocerla, el desconocimiento. Entonces es creo que es para es parte de como empresa a poder aprender mejor sobre este tema”, comentó.
Por su parte, Matilde Chan Araujo, quien trabaja en el área de auditoría interna, explicó que la actualización es necesaria para el desempeño de sus funciones, sobre todo ante el fortalecimiento de las disposiciones en la materia.
“Muchos piensan que el tema de la prevención elevado del dinero está enfocado a los bancos o a las empresas que están en el sector financiero. Sin embargo, pues también las empresas privadas tienen que revisar este este tipo de tema, ¿no? Que todo esté en orden en cuanto a sus empresas. Y esto nos lo va a dar el curso o las actualizaciones que tengamos en esa materia”, señaló.
Antes de abordar las obligaciones legales, el instructor ofreció una explicación sobre el origen del término lavado de dinero. Relató que tuvo su origen en Estados Unidos en la década de 1920, cuando la mafia recurrió a una red de lavanderías para presentar como ingresos legítimos las ganancias obtenidas mediante actividades criminales, principalmente el contrabando de bebidas alcohólicas.
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