WASHINGTON (EFE).— El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó ayer con imponer sanciones y aranceles o incluso cortar la ayuda financiera a los países que no acepten acoger a los ciudadanos de su nación que hayan sido deportados por Estados Unidos, entre los que se encuentran China y Cuba, según informes.
“Si no los aceptan, impondremos sanciones a esos países. Impondremos aranceles a esos países. Los aceptarán tan rápido que les dará vueltas la cabeza”, dijo Trump durante una visita a una división de la Oficina de Protección de la Frontera y las Aduanas (CBP).
“Simplemente impondremos aranceles a sus bienes que entren aquí, y los aceptarán en dos segundos. Hay mucha gente de esos países, y los aceptarán cuando sean deportados”, agregó el presidente.
“Y otra cosa, damos mucha ayuda a algunos de esos países. Y a esos países, les dejaremos de dar ayuda, y los aceptarán de vuelta instantáneamente”, subrayó.
El mandatario también amenazó en la misma reunión con cortar la ayuda financiera a los países que no eviten la entrada de drogas a los Estados Unidos, que no identificó.
El gobierno de Trump ya impuso en septiembre pasado sanciones, que consisten en restricciones a la emisión de ciertos visados para entrar a Estados Unidos, a cuatro países —Camboya, Eritrea, Guinea y Sierra Leona— debido a su supuesta negativa a aceptar a sus ciudadanos cuando eran deportados.
Durante la visita de Trump a las instalaciones del CBP, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, expresó al presidente su preocupación por los “problemas” que han surgido con algunos países cuando se trata de enviar a los inmigrantes indocumentados “al lugar de donde vinieron”.
Trump preguntó entonces cuáles son esos países, y el secretario adjunto de Estado para Asuntos Consulares, Carl Risch, le respondió que entre los países está China, que tiene un largo historial de no aceptar a sus emigrantes deportados.
Risch también mencionó a Camboya, Eritrea, Guinea y Sierra Leona, pero recordó que, en esos casos, las sanciones relativas a los visados que Washington impuso en septiembre “están funcionando”, y se están registrando “algunos avances”.
Trump replicó que “esos son nombres poco habituales, porque uno piensa más en términos de Suramérica que de Asia” cuando trata de imaginarse qué países no aceptan a sus emigrantes deportados.
Pero acto seguido, amenazó con imponer sanciones, aranceles o cortar la ayuda financiera, y pidió una lista de los países en cuestión para poder “resolver este tema económicamente”.
Según una información publicada en mayo pasado en el diario “The Washington Times”, que citaba fuentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), hay once países que no cooperan con las autoridades migratorias estadounidenses a la hora de aceptar a los emigrantes deportados.
Son Cuba, China, Irán, Marruecos, Birmania, Vietnam, Laos, Camboya, Eritrea, Guinea y Sudán del Sur, además de la región administrativa especial china de Hong Kong.
Una alta funcionaria de ICE, Marlen Pineiro, dijo a ese diario que las autoridades de Cuba habían accedido a aceptar a los cubanos deportados en virtud de un acuerdo bilateral que firmaron con el gobierno de Barack Obama, pero que el proceso estaba siendo lento.
Por otra parte, Trump afirmó que quiere construir “un muro real, no un muro pequeño” en la frontera con México, y reiteró su acusación de que los demócratas no quieren resolver la situación migratoria de los jóvenes indocumentados conocidos como “dreamers”.
Dijo que quiere que el Congreso apruebe una ley migratoria que le permita construir “un muro real, no un muro pequeño, como ha dicho alguna gente”.
Propuesta
La Casa Blanca propuso la semana pasada al Congreso una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, a cambio de 25,000 millones de dólares para construir el polémico muro y reforzar la seguridad fronteriza.
La cifra de 1.8 millones es superior a la de 690,000 “dreamers” que están protegidos de la deportación por el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), cuya vigencia expira el 5 de marzo por orden de Trump.
Pero la propuesta del presidente ha recibido una respuesta fría entre los demócratas, y no está claro que ambos lados puedan llegar a un acuerdo antes del 8 de febrero, cuando expira una ley presupuestaria que la oposición no parece dispuesta a renovar sin una solución para los “dreamers”.