SAN JUAN.- Una red multimillonaria de corrupción estaría detrás de las conversiones del chat; entre el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, y sus más cercanos colaboradores.
Así lo denunció el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), cuya revelación de esas conversaciones provocó que miles de puertorriqueños exijan la renuncia del gobernante.
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En un extenso reportaje, titulado “El saqueo a los fondos públicos detrás del chat”, el CPI documentó que Puerto Rico es objeto de un saqueo de fondos públicos a través de la venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios en el gobierno.
Desde el mismo gobierno
Según el CPI, para llevar a cabo “el saqueo” se realizó un esquema principal y varios secundarios que comparten el mismo “modus operandi” y actores similares; los cuales fueron diseñados desde La Fortaleza, sede del gobierno. Se presume que habría sido armad por los más cercanos colaboradores de Rosselló y con su conocimiento.
Describió que la manera de actuar implicó colocar “personal interno y contratistas externos en puestos clave de asesoría y comunicaciones en las agencias para controlar la entrada y salida de información”.
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Además de compartir datos privilegiados sobre contrataciones de gobierno para beneficiar a clientes privados a cambio de comisiones y pagos.
Los implicados
A la cabeza del esquema se ubica: Elías Sánchez Sifonte, expresidente del Comité de Transición, cabildero, exdirector de campaña y amigo íntimo de Rosselló; seguido por el publicista Edwin Miranda Reyes y el estratega de prensa y comunicaciones, Carlos Bermúdez Urbina. Los tres figuran entre los 12 participantes de las 889 páginas del chat de Telegram del gobernado, revelados por el CPI.
En esas conversaciones, dadas a conocer el 13 de julio pasado, se mostró el intercambio de información privilegiada con personas que no son funcionarios y el uso de recursos públicos para hacer trabajo partidista.
De acuerdo con el CPI, Sánchez, Bermúdez y Miranda, operan como “ciudadanos privados” y “contratistas”, pero en realidad constituyen la cúpula del gobierno, con más poder que cualquiera de los secretarios del gobierno de Rosselló.
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Los tres han generado millones de dólares a través de sus negocios y decidido buena parte de contrataciones, despidos y proyección pública del gobierno de Puerto Rico desde que Rosselló asumió el cargo en enero de 2017.
El CPI documenta y enlista una serie de compañías, contratos y órdenes ejecutivas y cargos claves a través de los que se habría operado esta presunta red de corrupción que se reveló luego de la publicación de las más de 889 páginas de chat entre el círculo cercano a Rosselló y que ha provocado protestas multitudinarias que reclaman su renuncia al cargo.